Una de las víctimas de esa violencia policial, ya en democracia, durante el tercer gobierno de Felipe González, fue el ourensano José Atanes Rodríguez, natural de Gudín, en el concello de Xinzo de Limia, que en el momento de su muerte tenía 42 años.
Por Angelo Nero
A lo largo de este año que ahora acaba, hemos recuperado, en nuestra sección de Memoria Antifascista, los nombres de muchos de los “Olvidados de la Transición” -en breve también publicaremos una entrevista con el Colectivo que pretende agruparlos-, de esas víctimas de las fuerzas de seguridad del estado y de las bandas paramilitares de extrema derecha, que a menudo actuaban con la complicidad de aquellas, a las que el relato oficial de la “Transición modélica” escondió -junto a los negocios del Borbón-, para que la única violencia que se grabara en nuestra memoria fuera la de las bandas armadas que le disputaban la legitimidad del uso de la fuerza para conseguir objetivos políticos.
Pero la violencia policial no se detuvo al final de la Transición Sangrienta, como demostró la apuesta por la guerra sucia, con la creación de los GAL, por parte de los más altos responsables del ministerio del Interior, en el primer gobierno socialista -todavía queda por despejarse la incógnita de quién era el señor X-, con lo que la violencia institucional se normalizó. Y aunque el número de muertos por la violencia institucional se fuera reduciendo progresivamente, los gobiernos conservadores y progresistas, en esto no hubo diferencias, siguieron utilizando la represión de la disidencia y de las movilizaciones sociales hasta nuestro días.
La violencia policial también fue transversal a todos los cuerpos de seguridad del estado, y aunque la guardia civil y la policía nacional, cuyas estructuras quedaron intactas tras la dictadura, estuvieron a la cabeza de los casos que tan bien detalla David Ballester en “Las otras víctimas”, durante la Transición, con la creación de las policías autonómicas pronto aparecieron casos de abuso policial, gatillo fácil y torturas, e incluso no fueron pocas las denuncias contra las policías municipales a lo largo de todo el estado.
Una de las víctimas de esa violencia policial, ya en democracia, durante el tercer gobierno de Felipe González, fue el ourensano José Atanes Rodríguez, natural de Gudín, en el concello de Xinzo de Limia, que en el momento de su muerte tenía 42 años. Fue hace ahora 19 años, un 19 de diciembre de 2003, cuando José viajaba con su novia a Beasain, donde vivía desde hacía 10 años, para hacer la maleta y viajar a su localidad natal a celebrar las navidades con su familia. En otro coche, detrás del suyo, iba su hermano, con tres compañeros de trabajo de la constructora Novastro, que serían testigos de su asesinato.
En su trayecto, a la altura del cruce de Alegia, se detuvieron en el arcén, al otro lado de la carretera había un camión accidentado. Un ertzaina, Rafael Blanco Díez, que participaba en el dispositivo policial montado tras el accidente, desconfió de la actitud del grupo, aunque no quedó claro el porqué, dijo que “recordó que en aquellas fechas la prensa había publicado un comunicado en el que ETA amenazaba a la Ertzaintza, y que los agente habían recibido la indicación de que extremaran sus medidas de seguridad”. Algo que no justifica, más bien al contrario, su posterior actuación, ya que cruzó la carretera -José Atanes y sus amigos circulaban por el carril contrario- corriendo y pistola en mano, para identificar a los sospechosos.
Cuando llegó a la altura de José Atanes, que estaba fuera del coche, mientras su novia se quedaba en el interior, le golpeó en la cabeza con su arma reglamentaria, y lo arrastró a la zona del maletero para reducirlo. José solo pudo alcanzar a decir que no estaba haciendo nada malo, a lo que el ertzaina respondió disparándole un tiro en la cabeza que acabó con su vida.
La versión mantenida por el policía autonómico fue que José se habia abalanzado sobre el y se le había disparado el arma. El departamento de Interior del País Vasco, que entonces dirigía el Jeltzale Javier Balza, emitió una nota oficial en la que señalaba que el agente, al acercase al vehículo que le resultara sospechoso, había sido agredido por sus ocupantes, tras lo que se produjo “un disparo fortuito del arma del agente, que alcanzó a uno de sus agresores en la cabeza.”
En el juicio, en la que el fiscal reclamó para el policía 2 años de prisión, y 4 de inhabilitación y de retirada de permiso de armas -penas inusitadamente bajas, comparadas con las peticiones fiscales del Caso Alsasua, en la que se pidieron hasta 62 años de cárcel, sin muertos ni heridos graves por medio-, el ertzaina declaró que “no tenía ninguna dura de que se trataba de delincuentes”, afirmando que era un comando de ETA que estaba cometiendo un secuestro, pero después de lo ocurrido “descubrió que no eran terroristas porque el resto de los ocupantes bajaron del coche y se dio cuenta de que estaban borrachos.”
La Audiencia Provincial de Guipúzcoa, condenó tres años después a la pena pedida por el fiscal -la acusación particular pedía 4 años de prisión y 6 de inhabilitación-, al ertzaina Rafael Blanco Díez, como autor de un delito de homicidio causado por imprudencia grave y profesional con arma de fuego. Como en la Transición, los culpables de violencia policial salían de los tribunales, cuando llegaban a ellos, o bien libres de cargo o con una pena mínima.
En el juicio se consideró que la declaración de la novia de José Atanes, Miren Edurne Cornejo, “debe rechazarse porque no ha quedado acreditado que su pareja sentimental hubiera sufrido con el arma una agresión previa al disparo”. La sentencia fijó también una compensación económica, indemnizando a su novia con 120.000 euros, 30.000 para los padres de José, y 6.000 euros para su hermano, “por los daños morales.”
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