En el área metropolitana de Barcelona, aproximadamente ocho de cada diez personas destinan más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler, según el estudio sobre los impactos sociales del mercado de alquiler publicado por el instituto de investigación La Hidra Cooperativa.
Por Silvia Rodríguez y Augusto Magaña | Social.cat
«La vivienda es el principal vector de desigualdad en nuestro país», afirma el cofundador de esta cooperativa, Jaime Palomera, con quien conversamos sobre uno de los principales retos que tiene la sociedad por delante: garantizar que la vivienda sea un derecho y deje de ser una mercancía con la que se puede especular en las ciudades.
Como una de las primeras caras visibles del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, Jaime Palomera (Barcelona, 1982) ha vivido de primera mano lo que supone enfrentarse a los bancos y fondos de inversión que controlan el mercado inmobiliario. Más de una vez ha tenido que hacer frente a querellas y campañas de criminalización por haber participado en protestas contra desahucios. Ahora, como antropólogo especializado en economía y vivienda, centra sus esfuerzos en investigar los efectos de la evolución de los precios de los alquileres y los orígenes de las burbujas inmobiliarias. Lo hace como cofundador e investigador de La Hidra Cooperativa, donde nos recibe una soleada mañana en sus oficinas, en el antiguo Canódromo de la Meridiana en Barcelona.
¿El acceso a la vivienda es el principal reto al que se enfrenta Cataluña ahora mismo?
La vivienda es el principal vector de desigualdad en nuestro país. No hay nada que te enriquezca o te empobrezca tanto como lo está haciendo actualmente la vivienda. Pero, en realidad, es un problema global. No sólo hablamos del derecho o del acceso a la vivienda, que está en peligro o directamente no está garantizado en prácticamente todos los países del mundo, sino que estamos hablando de un problema del capitalismo global.
¿En qué sentido es un problema del sistema económico?
Es decir, la mayoría de la riqueza mundial y los activos financieros están en la vivienda, están invertidos en casas. Entonces, el capitalismo global depende de forma mayoritaria de que el precio de la vivienda siempre suba, para que los beneficios también suban, y que los valores de los activos, activos que son casas que se han mercantilizado, nunca bajen.
¿Por este motivo es tan difícil realizar medidas locales que puedan tener efectos reales a la hora de garantizar el derecho a la vivienda?
Hay claroscuros. Desde 2008 estamos en una crisis estructural en la que vemos que la sociedad de propietarios que construimos entonces no ha desaparecido, pero tiene grietas muy importantes. La principal grieta es generacional: toda la gente nacida a partir de 1982 lo ha tenido mucho más complicado y lo está teniendo mucho más complicado que las dos generaciones anteriores para acceder a la vivienda.
¿Por qué?
Porque la única forma de acceder a la vivienda que había sido promovida por los gobiernos, que es la propiedad, es inaccesible por muchísima gente. Hasta el año 2008 existía un modelo que se basaba en que prácticamente toda la población garantizaba su necesidad de una vivienda a través de la propiedad. Había un sistema hipotecario que te permitía endeudarte para ser propietario y éste era el modo —exitoso hasta el 2008— de acceder a la vivienda. Las generaciones más jóvenes, sin embargo, tienen muy difícil acceder a la propiedad. Buena parte de esta generación cuya única alternativa es o no emanciparse o ir al mercado de alquiler privado.
¿Qué consecuencias tiene esto para la sociedad?
Hemos pasado de una sociedad de propietarios muy hegemónica, dominante, a una sociedad cada vez más polarizada donde lo que te define el futuro y tus oportunidades es si heredas o si tienes ayudas familiares, es decir si puedes acceder a la sociedad de propietarios o no. Barcelona es un caso paradigmático. Tenemos ahora mismo una mayoría propietaria, de alrededor del 55% de la población, pero que es cada vez una mayoría más exigua, y una población que vive del alquiler que crece cada vez más y que en Barcelona ya es el 40%. Y no sólo existe una desigualdad estructural entre quien puede acceder a la vivienda y quien no, sino que, además, el sistema legislativo y las políticas públicas que tenemos benefician a quien puede acceder a la propiedad y perjudican a quien no.
Ante esta situación, global y local, ¿qué medidas podrían tomarse?
De entrada, existe una emergencia inmediata, que es la especulación con los precios en el mercado privado de alquiler. Ahora mismo tenemos un modelo que convierte a cualquiera que viva del alquiler en una persona vulnerable. Suele hablarse del problema de la vivienda como un problema de la población socialmente más vulnerable y esto es una confusión absoluta de los términos. En el estudio que hicimos en La Hidra sobre los impactos del mercado de alquiler sobre la población lo que vimos es a personas con estudios, alta calificación y trabajos relativamente buenos que se encuentran que, como viven de alquiler, sufren una inseguridad muy grande, porque pueden hacerles subidas de alquiler precio, porque los pueden echar de casa, porque no saben si podrán seguir viviendo en esa casa en los próximos años, etc. Y esto tiene que ver, fundamentalmente, con nuestra legislación. No hace falta imaginar futuros utópicos para pensar un marco legislativo más protector. Basta con mirar a Francia o Alemania, que son países donde los precios de los alquileres están regulados y también está garantizado que no te pueden echar de casa, a menos que haya una necesidad que lo justifique o hayas incumplido tus obligaciones. Esto son medidas de urgencia que debería hacerse ya.
¿Y a medio o largo plazo?
Si queremos resolver un problema como el de vivienda, la solución es un sistema público de verdad. Claro, esto implica aumentar los esfuerzos destinados a realizar vivienda pública de forma exponencial. En el Estado hay algo más de 200.000 viviendas públicas. Son cifras absolutamente ridículas. Para ir bien, aquí deberían incorporarse al menos un millón de viviendas públicas en los próximos cinco o seis años, con una política valiente y radical. Si no existe una inversión estatal de un mínimo de un 1% del PIB anual en vivienda, no resolveremos el problema a medio y largo plazo.
¿Esto significaría construir vivienda nueva?
Existen formas de construir que no son el hormigón. En Barcelona se ha demostrado que se puede hacer vivienda industrial y prefabricada, con contenedores de barco por ejemplo. Que alguien puede escandalizarse, pero los contenedores de barco no son más que una materia prima con la que tú puedes hacer viviendas de calidad, atractivos, ecológicamente eficientes y, además, más baratos. Esto podría hacerse masivamente donde haya espacio, para empezar a abordar la grave crisis que tenemos.
Más allá de hacer vivienda pública nueva, ¿cómo se podría hacer para que la vivienda vacía que ya hay disponible sea más accesible para el conjunto de la sociedad?
Una vía, que sería la más radical, sería realizar medidas para incentivar que a la gente le salga muy caro tener muchas viviendas. No son necesarias medidas expropiatorias. Simplemente con un sistema fiscal que castigue la acumulación de propiedades se podría ayudar a que los que no lo tienen puedan acceder y que quienes lo tienen demasiado tengan incentivos para venderlas. Existe otra posibilidad, que es hacer un sistema fiscal que, sin tocar esta estructura tan desigual de la propiedad, socialice a través del importe de patrimonio o el impuesto de sucesiones parte de la riqueza que generan los propietarios de las viviendas sólo por la subida de valor de sus activos inmobiliarios.
¿Ves factible que se puedan tomar medidas como estas en los próximos años?
No es ningún secreto que existe una patronal inmobiliaria en el Estado que es muy fuerte y que tiene muchos tentáculos en Madrid. Junto al Congreso hay múltiples lobbistas que están permanentemente en contacto con quienes gobiernan. No es ningún secreto que alguien como Joan Clos, exalcalde de Barcelona y ex ministro de Industria, es nada menos que el presidente de la FIABCI, la patronal inmobiliaria, y también es la cara visible del lobbie que creó Blackstone y otros fondos de inversión, justamente para garantizar que no existan leyes que limiten sus beneficios y garanticen el derecho a la vivienda. Ahora bien, también existe una sociedad organizada que en los últimos años ha sido capaz de crear movimientos de referencia que antes no existían y creo que debemos valorar lo que la sociedad ha llegado a hacer.
¿Crees que la presión que hacen los lobbies inmobiliarios acabará haciendo que la ley de vivienda que se está estudiando actualmente en el Congreso de los Diputados se atasque?
Dependerá de la correlación de fuerzas parlamentarias y de la capacidad de las mayorías sociales de ejercer presión sobre el Congreso. La crisis de 2008 sigue presente en las raíces y estructuras de nuestra sociedad. Se le ha sumado la crisis de la Covid-19 y ahora una crisis energética. Todas estas crisis concatenadas, a las puertas de una gran recesión que viene, seguramente generarán más tensión social y obligarán al Gobierno a tomar decisiones. Ahora bien, tendrán que ser medidas valientes. Cualquier regulación de alquileres y política de promoción de la vivienda protegida o es muy decidida y valiente para ir a la raíz del problema o está condenada a convertirse en parches que se disuelven en el magma que es un mercado inmobiliario, que tiene una inercia que hace que la vivienda sea siempre una mercancía.
Los movimientos sociales como la PAH o el Sindicato de Inquilinos se han mostrado críticos con la propuesta de ley de la vivienda tal y como está planteada. ¿Será efectiva?
El tipo de regulaciones que se están planteando no hará que la población que cobra rentas del alquiler se vean perjudicadas. Lo que se está planteando, de hecho, es que puedan seguir cobrando alquileres, pero no seguir subiendo los precios y que haya reducciones de precios, para no aumentar aún más este abismo cada vez mayor que existe entre los precios de los alquileres y los sueldos. La regulación de alquileres no impedirá que la desigualdad entre quien tiene viviendas para alquiler y quien no tiene siga aumentando, porque continuará existiendo una transferencia de rentas de quien vive de alquiler a quien tiene la propiedad de esa vivienda. Lo que se está diciendo es que sea una transferencia algo más moderada. Estamos hablando de medidas extremadamente tímidas, que en ocasiones hay quien tiene un interés en plantearlas como radicales o como una amenaza al derecho a la propiedad y es una confusión absoluta. De lo que estamos hablando es del derecho a especular y ese derecho no está en ninguna constitución.
Fuiste una de las primeras caras visibles del Sindicato de Inquilinos en Cataluña. ¿Qué recuerdos tienes de esos años?
Muchísimos recuerdos. Ahora damos por hecho que en un país donde cada vez hay más gente que vive del alquiler es lógico que haya una organización que trabaja para conseguir que vivir de alquiler sea sinónimo de dignidad y de tranquilidad, pero creo que estamos menospreciando toda el trabajo que se ha hecho para conseguir esto que al principio parecía imposible. Cuando empezamos a organizarnos, la gente te miraba como si estuvieras loco cuando planteabas la posibilidad de plantarse frente a las subidas de alquileres o hacer desobediencia civil. Decían que, a diferencia de quien tiene una hipoteca y lo ha perdido todo porque no puede pagarla, quien vive de alquiler y recibe una carta que dice que se tiene que ir de casa siempre puede encontrar una solución y, tanto, no se plantará. Ahora podemos hablar, unos años más tarde, que prácticamente 2.000 personas han realizado ya este acto de desobediencia. No hay una ley que controle los alquileres, no hay una regulación, pero tú con el sindicato, con los vecinos, te organizas para realizar una regulación e implementarla en tu caso concreto y en el de la gente que también se suma a tu causa y hace lo mismo que tú. Debemos conseguir mucho más. Pero, vamos, la regulación de precios en Catalunya, que estuvo vigente año y medio, sienta un precedente, demuestra que es posible y cambia el marco mental de la gente. Cuando empezamos a organizarnos nadie imaginaba que tan rápidamente pudiéramos empezar a cambiar una ley. Modestamente, el Sindicato de Inquilinos es algo de lo que debemos estar orgullosos como país.
Tras la crisis de 2008 nació la PAH y la crisis actual del alquiler ha llevado al nacimiento del Sindicato de Inquilinos. ¿En qué ha cambiado el movimiento social por el derecho a la vivienda?
Uno de los aspectos más interesantes del movimiento por la vivienda es que responde a problemas reales y urgentes que sufre la gente, y lo hace además con propuestas concretas. Justamente el movimiento por la vivienda en Catalunya desde hace más de una década, si algo virtuoso ha sabido hacer, es ser pragmático. Al mismo tiempo, ésta es una de sus limitaciones, porque el movimiento por el derecho a la vivienda es un movimiento de reacción, que reacciona a las crisis ya las coyunturas. Esto tiene una parte positiva y es que reaccionas a un problema concreto y das soluciones a mucha gente, porque paras desahucios, consigues alquileres justos y haces propuestas políticas. Pero también puede ser un hándicap, porque a este movimiento le cuesta pensar cuáles son los cambios estructurales que necesitamos como sociedad para tener un sistema de vivienda que sea como la educación o la sanidad y para pensar, al fin y al cabo, una sociedad de bienestar diferente. Es necesario pensar medidas de fondo, estructurales, para no encontrarnos con una situación mucho más crítica que la actual. La regulación de precios de los alquileres es una solución para ahora, pero no es una solución dentro de treinta años. Hay que ir construyéndola ya ahora.
La actividad del Sindicato de Inquilinos ha sido a menudo criminalizada. Tú mismo has recibido varias querellas por participar en protestas contra desahucios. ¿Qué consecuencia tiene para los movimientos sociales esa persecución?
Los logros de un movimiento social o de cualquier iniciativa colectiva se miden por la magnitud de los ataques que recibe. Que nos hayan puesto muchos juicios en estos años es una muestra de que hemos logrado cambiar cosas. Las reglas del juego han cambiado. Esto también debe decirse. La situación no es buena, el problema de la vivienda no deja de agravarse, pero también es innegable que hemos logrado cambios legislativos y políticas públicas que han dificultado mucho las cosas a quienes quieren especular sin límite. Por eso nos atacan y no sólo por la vía judicial, por la vía mediática también.
¿Cómo es esa persecución mediática?
Se va haciendo cada vez más espacio en la agenda que criminaliza al movimiento social y que plantea que lo que está en peligro no es el derecho a la vivienda sino el derecho a la propiedad privada. Es como si hubieran dado la vuelta al calcetín, porque se plantea todo el debate del empleo, una realidad que en el Estado es absolutamente minoritaria, que estadísticamente vemos que va a la baja y, en cambio, mediáticamente se ha sobredimensionado de manera exagerada.
¿Confías en que llegará un momento en que la vivienda dejará de ser un factor de especulación y se convertirá realmente en un derecho?
Para que esto ocurriera debería haber un cambio radical en la política pública y en el sentido común antes. Existe una contradicción de raíz y es que la vivienda no puede ser una buena inversión y asequible al mismo tiempo. Si es una buena inversión para ti, está dejando de ser asequible para aquél que no tiene una vivienda en propiedad.
¿Cómo se resuelve esta contradicción?
Con un cambio estructural en el que el bienestar de las familias, de la sociedad, no implique tener una vivienda en propiedad. Tenemos un estado de bienestar con un sistema de pensiones muy precario y donde básicamente la vejez es una etapa de la vida en la que no hay garantías de que tú tendrás un bienestar. La vivienda en propiedad, a través del mercado, ha sido históricamente la forma de compensar esta falta de inversión pública en un buen sistema de pensiones y un sistema de residencias públicas. Es decir, la expectativa de la población propietaria de que el precio de la propiedad siempre suba y no baje está directamente vinculada a que el bienestar de la población pasa por la riqueza patrimonial. Si no cambiamos ese modelo de bienestar, será muy difícil resolver el problema de la vivienda.
Esta entrevista fue publicada originalmente en catalán en el medio Social.cat y ha sido traducida al castellano para Nuevarevolucion.es.
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