No debemos olvidar que la mujer prefiere las técnicas instrumentales, realizadas por personas expertas, porque son más rápidas, seguras, con menos efectos adversos y, sobre todo, porque permiten a la mujer no vivenciar su aborto.
Por Eva Rodríguez | 29/11/2023
El pasado veinte de octubre las representantes de distintas asociaciones nos reunimos con el hoy Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle nuestras inquietudes y reivindicaciones de cara a un futuro Ejecutivo de coalición.
Hoy, toda vez que se ha superado la sesión de investidura y se ha configurado el nuevo Gobierno, traemos a esta tribuna las reflexiones que como ACAI tuvimos la ocasión de compartir en aquel encuentro y las hacemos públicas, dado que consideramos que estas peticiones deben ser tenidas en cuenta especialmente por las titulares de los ministerios de Igualdad y Sanidad, si queremos mantener y mejorar la prestación sanitaria de aborto provocado. Pedimos además que dichas reivindicaciones se consideren al margen del estigma público que se ha volcado sobre los centros acreditados para la IVE durante todo el proceso de reforma de la Ley de SSR e IVE con el objeto de justificar el cambio legislativo e independientemente de los problemas denunciados, unos reales y otros figurados.
En un momento en el que se está trasladando a los centros públicos la prestación sanitaria de IVE, tenemos que denunciar que por el momento la Sanidad Pública no ha puesto en marcha las tareas formativas de sus profesionales en todas las técnicas de aborto provocado, instrumentales y farmacológicas, como mandataba la Ley del 2010. Como consecuencia, la realización de los abortos en centros públicos se está llevando a cabo de manera exclusiva con el método farmacológico, mermando con ella la seguridad sanitaria y la libertad de elección de las mujeres al marginar un método, el instrumental, preferido por más del 80% de las mujeres cuando a éstas se las deja elegir libremente, tras explicarles ambos procedimientos, ofrecer estos en el mismo espacio sanitario, sin desplazamientos, y cuando la intervención está realizada por profesionales expertos en todas las técnicas de aborto. Circunstancias que deben ser consideradas independientemente de la naturaleza pública, concertada o privada de los centros.
No debemos olvidar que la mujer prefiere las técnicas instrumentales, realizadas por personas expertas, porque son más rápidas, seguras, con menos efectos adversos y, sobre todo, y este aspecto es absolutamente determinante, porque permiten a la mujer no vivenciar su aborto. (Ver)
La incorporación a la Pública, sin embargo, no está teniendo en cuenta como hemos dicho estas premisas, no está considerando las circunstancias médicas ni personales de la mujer. Las razones son varias: el aborto farmacológico es un fiel aliado de la objeción de conciencia porque es la mujer la que prácticamente por sí misma realiza la intervención. La formación en esta técnica es menor y el coste, de entrada y sin tener en cuenta las complicaciones y/o efectos secundarios, es más bajo. Una vez más, la mujer, sus deseos y necesidades se desplazan del centro del debate y de las decisiones tomadas.
En estas líneas también quisiéramos poner de manifiesto que los comités clínicos que confirman un diagnóstico de patología fetal más allá de las veintidós semanas, se han convertido, en muchos casos, en comités éticos, sin considerar verdaderamente la situación real que analizan en sus deliberaciones. Por lo que una vez más pedimos que se elaboren protocolos unificados de actuación para todos los comités en todas las comunidades autónomas, evitando con ello periplos médicos, vitales y personales innecesarios y dolorosos para las mujeres.
Por otra parte, denunciamos, tal y como ya advirtió ACAI durante el trámite legislativo, que la actual Ley contra el acoso en centros IVE no está funcionando, ya que la misma exige, entre otras cosas, demostrar la naturaleza del acoso, el hostigamiento reiterado y la personación de la mujer durante el proceso. Por lo que volvemos a reivindicar el establecimiento de zonas de seguridad como ocurre en otros países de nuestro entorno, como medida efectiva para evitar acciones de hostigamiento a mujeres y profesionales.
Hoy por hoy, y pese a las reuniones mantenidas con administraciones nacionales y autonómicas, así como, con diferentes ministerios; la reivindicación trasladada no ha encontrado la suficiente voluntad política para hacerla efectiva, ni se toman medidas preventivas ni se avanza en el establecimiento de zonas seguras. El acoso, por otra parte, se seguirá produciendo, se seguirá extendiendo por todo el territorio, independientemente de la naturaleza pública, privada o concertada de los centros donde tienen lugar las IVE, como ya han demostrado las últimas campañas de hostigamiento “40 días por la vida” realizadas también frente a entidades sanitarias públicas.
Como no podía ser de otro modo, ACAI está a favor de que las prestaciones sanitarias, todas, no sólo la IVE, estén cerca del domicilio de las mujeres. Sin embargo, si ese acercamiento supone una pérdida de calidad, la realización del aborto por personas no formadas, la imposición de un único método, el farmacológico, no podemos estar de acuerdo. Porque la seguridad sanitaria, la libertad de elección de las mujeres y muchas veces su intimidad, se verán mermadas.
Queremos cerrar estas reflexiones reiterando que no se les hace ningún favor a las mujeres cuando desde las tribunas públicas y políticas continuamente se reitera que el aborto en nuestro país es una prestación de naturaleza privada, inoculando en el imaginario colectivo que la IVE es una prestación con coste económico e incidiendo en su estigmatización.
Los centros IVE realizamos una prestación pública, reconocida por el Sistema Nacional de Salud y financiada por éste, como tantas otras prestaciones médicas en este país. Lo hacemos mediante sistemas de concertación en centros especializados con más de treinta años de experiencia. La mujer no tiene que pagar por su prestación. En este sentido, si hay un número importante de mujeres que pudiendo elegir, siguen accediendo a la IVE por cauces privados porque así lo deciden, habría que poner el foco en los procesos de derivación y no en las clínicas. En si estos circuitos son largos, estigmatizadores, complejos…porque cuando el sistema de derivación es ágil y no estigmatiza a las mujeres, éstas optan porque la Sanidad Pública financie su intervención. Y en uno u otro caso, las/os profesionales de los centros estaremos ahí para atenderlas.
Eva Rodríguez es Vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
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