Internacional | Turquía incrementa la exclusión de los kurdos

Comunicado de Rojava Azadi Madrid sobre el proceso de ilegalización del HDP y el aislamiento de Öcalan

Por Rojava Azadi

Desde hace tiempo venimos observando un incremento de la actividad antikurda del Estado turco: (1) progresiva invasión del Norte y el Este de Siria y ocupación del territorio mediante grupos yihadistas opositores al régimen de Assad, (2) instalación de bases militares en Kurdistán del Sur (Irak) y ataques con bombardeos en las montañas limítrofes con Irán y (3) exacerbación de la represión en el noreste de Anatolia, de mayoría kurda.

Si bien el gobierno turco justifica toda esta actividad en el marco de la «lucha antiterrorista del Estado», se advierte una patente deriva autocrática del presidente Erdogan, a la que se refieren ampliamente los medios de comunicación internacionales. Desde el fallido golpe de estado de 2017 se ha producido una inquietante disminución de los derechos democráticos de la oposición civil al gobierno del AKP-MHP y una constante purga de funcionarios en todos los estamentos del Estado, así como el cierre de los medios de comunicación no afines.

En este sentido, en los últimos días se han producido tres hechos que reclaman nuestra atención:

La Fiscalía turca ha iniciado un proceso para ilegalizar al Partido Democrático de los Pueblos (HDP). Se trata de la tercera fuerza política del país, con 6 millones de votantes y 67 escaños en el Parlamento.

El HDP es una fuerza progresista prokurda que defiende los derechos humanos situando en la base de sus propuestas y acciones la lucha por la igualdad de derechos para las mujeres y las minorías. En los últimos años, se les ha retirado la inmunidad parlamentaria a muchos de sus diputados y diputadas, y se ha destituido a prácticamente todos sus co-alcaldes y co-alcaldesas electos, sustituidos por fideicomisarios cercanos al partido gobernante. Miles de representantes y militantes del HDP han sido detenidos y encarcelados, siendo el caso de su ex co-presidente Selahattin Demirtaş, cuya liberación ha exigido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, petición obviada por Turquía.

El 15 de febrero de 2021, la IHD celebró una rueda de prensa con motivo de la muerte de 13 soldados, agentes de policía y agentes del servicio secreto de Turquía capturados por la guerrilla. Al parecer, los prisioneros de guerra murieron en los bombardeos del ejército turco contra Garê en el norte de Irak. La IHD condenó enérgicamente la actuación del gobierno y exigió la creación de una comisión de investigación por estas muertes. Un día después, el 16 de febrero, el Ministro del Interior turco Süleyman Soylu criticó de forma agresiva a la IHD y a sus representantes en una declaración parlamentaria. Un ejemplo más de que toda interpelación al gobierno se considera ‘acto terrorista’.

En las redes sociales se ha expandido el rumor de la muerte de Abdullah Öcalan, lider político kurdo encarcelado a perpetuidad en la isla-prisión de Imralı, en Turquía.Tras un juicio sin ninguna objetividad y que los medios turcos ya había condenenado antes de la celebración del juicio, que además no tuvo ninguna garantía jurídica en el que claramente se vulneró la presunción de inocencia, como atestiguó amnistía Internacional en su momento.

La situación de aislamiento agravado en que se encuentra Öcalan desde hace 22 años, junto con otros 4 presos políticos, se basa en un régimen de tortura que vulnera los derechos humanos, tal como ha denunciado el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), que ha exigido a Turquía el fin del aislamiento.

A los abogados de Öcalan se les han impedido las visitas desde el 7 de agosto de 2019 y, desde 1999, Öcalan solo ha tenido una conversación telefónica con un miembro de su familia, el 27 de abril de 2020. Desde distintas organizaciones se ha pedido en la última semana el levantamiento del aislamiento para contrastar los rumores sobre la salud de Öcalan, lo que ha sido negado hasta el momento por las autoridades turcas.

Estos hechos incurren en una grave violación de los derechos más básicos y erosionan el pluralismo democrático, por lo que los condenamos firmemente. Pedimos a Turquía que paralice el proceso de ilegalización iniciado contra el HDP, el levantamiento del aislamiento impuesto en Imralı y, finalmente, la puesta en libertad de todos los presos políticos. Con esto no hacemos más que pedir el cumplimiento de la normalidad democrática y el respeto a los DDHH humanos fundamentales reconocidos por la ONU.

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