Injerencia política papal en estados democráticos

La intromisión de la jerarquía eclesiástica no se limita a la soberanía territorial, se extiende de forma violenta al propio marco legislativo y de derechos civiles del Estado.

Por José Luís Carpintero | 12/06/2026

En las paginas de Nueva Revolución, publicaba el 10 de junio el artículo Cambian los pontífices, pero no la manipulación dogmática, planteando que “frente al relato de la culpabilización y el pecado, la interrupción voluntaria del embarazo y la muerte digna deben abordarse desde la óptica de la salud y la justicia social”, y son censurables las palabras papales, en la tribuna del Congreso de los Diputados, pretendiendo “imponer una moral dogmática e integrista sobre el derecho a decidir de las mujeres y sobre la libertad de los ciudadanos a tener una muerte digna”. Como ya planteábamos, estas normas no obligan a nadie, sino que garantizan opciones reguladas y protegen los derechos fundamentales, la salud pública y la autonomía de las mujeres y los enfermos terminales en situaciones de extrema vulnerabilidad. Descalificarlas desde el integrismo religioso es un reduccionismo ideológico que atenta contra la madurez de la sociedad.

Sorprendentemente los parlamentarios tras censurar el papa- en un anacronismo intolerable en pleno siglo XXI- leyes legítimas promulgadas por ellos mismos, le dedicaron 7 minutos de aplausos, ¿significa eso que abjuran de que la soberanía emana del pueblo y apoyan su articulación a través de dogmas religiosos?

Pero al día siguiente, en la visita a Barcelona el Pontífice optó por adoptar una postura de parte en el complejo debate de la organización territorial y la identidad nacional, refiriéndose de manera insistente a Cataluña bajo el término exclusivo de “región”, rechazando de forma explícita las acepciones de “país” o “nación”, que difícilmente se puede considerar un acto de neutralidad pastoral, sino más bien una intervención geopolítica directa deliberada para contrarrestar los marcos de los dirigentes locales. El llamamiento a ser “constructores de unidad” en su discurso en catalán, lejos de ser un mensaje estrictamente espiritual, opera en el contexto real como una descalificación explícita y un reproche al nacionalismo catalán.

Utilizar la lengua propia de una comunidad para deslizar consignas que deslegitiman las aspiraciones políticas de una parte considerable de su población constituye un claro abuso de la hospitalidad institucional. Un líder extranjero no posee la legitimidad ni el mandato democrático para delimitar el encaje identitario de los ciudadanos que lo acogen.

La intromisión de la jerarquía eclesiástica no se limita a la soberanía territorial; se extiende de forma violenta al propio marco legislativo y de derechos civiles del Estado, tal y como ya se ensayó en su día en sede parlamentaria internacional frente al Parlamento Europeo.

Intentar elevar un precepto moral o una fe particular a la categoría de código penal universal para toda la ciudadanía es un ataque directo a un Estado que se define constitucionalmente como aconfesional.

Mientras el Pontífice muestra un tono beligerante y fiscalizador contra los derechos civiles legítimos y las leyes de un país laico, pasa de puntillas y con una frialdad desoladora sobre la crisis de la pederastia institucionalizada en el seno de la propia Iglesia,  lo que demuestra que la prioridad de la institución sigue siendo el control ideológico y la influencia política por encima de la justicia elemental.

Por ello considero que es preocupante el silencio de los partidos españoles, sobre todo los progresistas,  ante estos actos, que nos llevan a los ciudadanos a reclamarles una defensa de que:

1. La legitimidad de las normas civiles y de la ordenación territorial emana exclusivamente del Parlamento y del marco constitucional, nunca de los altares ni de las sedes pontificias.
2. Las autoridades eclesiásticas extranjeras deben ser tratadas bajo el estricto cumplimiento de los cauces diplomáticos. No se puede permitir el uso de visitas institucionales o pastorales como caballos de Troya para socavar la pluralidad, la diversidad y los derechos conquistados por la ciudadanía.
3. La defensa de la Laicidad, ya que ante la contraofensiva de los sectores reaccionarios amparados en las palabras papales, se hace indispensable unir filas en la defensa de una sociedad libre, madura y compasiva, donde la fe de unos pocos no pretenda regular la vida, el cuerpo ni la identidad de todos.