La sangre minera derramada en Cerredo ha avivado el dolor de una región marcada por la lucha y el sacrificio, y ha puesto en el centro del debate la necesidad de depurar responsabilidades penales.
Por Redacción NR | 12/04/2025
El Gobierno de Asturias ha confirmado recientemente lo que muchos temían: existen indicios claros de extracción ilegal de carbón en la mina de Cerredo, ubicada en el municipio de Degaña, donde el pasado 31 de marzo una explosión segó la vida de cinco trabajadores y dejó a otros cuatro gravemente heridos. Este trágico suceso, el más grave en la minería asturiana en tres décadas, ha destapado una serie de irregularidades que apuntan directamente a la empresa gestora, Blue Solving, y han encendido la indignación de familiares, amigos, compañeros y la sociedad en general, que exigen justicia para las víctimas y responsabilidades tanto a los directivos de la compañía como a las autoridades que, según denuncian, fallaron en su labor de supervisión.
La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, compareció ante el Parlamento asturiano para informar sobre las investigaciones en curso. En su declaración, admitió que los inspectores del Principado encontraron dos huecos no autorizados en el nivel tercero de la mina, el mismo donde ocurrió la explosión, con longitudes de 18,2 y 24,6 metros, una altura aproximada de 25 a 30 metros y unos 80 centímetros de anchura. Estas cavidades, según Díaz, son evidencia de una actividad extractiva para la que Blue Solving no tenía permiso. La empresa, que operaba bajo una licencia limitada para investigación de minerales y retirada de materiales, carecía de autorización para extraer carbón en esa zona, lo que eleva la gravedad de los hechos a una posible irregularidad legal con consecuencias letales.
“No estaríamos hablando de un simple incumplimiento administrativo, sino de una actividad de altísimo riesgo que puso en peligro la vida de los trabajadores”, afirmó la consejera, subrayando que, de confirmarse estos indicios, el Principado exigirá que Blue Solving asuma todas las responsabilidades con “toda la fuerza de la ley”. Sin embargo, sus palabras no han aplacado el clamor de quienes ven en este desastre un crimen que no puede quedar impune. La sangre minera derramada en Cerredo ha avivado el dolor de una región marcada por la lucha y el sacrificio, y ha puesto en el centro del debate la necesidad de depurar responsabilidades penales, no solo contra los directivos de la empresa, sino también contra aquellos que, desde las instituciones, pudieron haber mirado hacia otro lado.
Familiares, amigos y compañeros de las víctimas –Jorge Carro, Rubén Souto, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez– han alzado la voz para exigir justicia. En los funerales celebrados en Villablino y Torre del Bierzo, el luto se mezcló con la rabia. “No puede ser que en 2025 sigamos perdiendo vidas así”, declaró un representante sindical, haciéndose eco del sentimiento colectivo. Los testimonios de los allegados dibujan un retrato de trabajadores dedicados, padres, esposos y amigos que bajaron a la mina confiando en que las condiciones eran seguras. Sin embargo, las denuncias previas sobre actividades irregulares en Cerredo, algunas de las cuales datan de 2022 y 2023, sugieren que las alarmas fueron ignoradas.
Un informe interno de la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación, emitido hace tres años, ya advertía de “indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada”. Más tarde, en octubre de 2023, un vecino de Degaña alertó al Principado sobre trabajos irregulares, acompañando su denuncia con fotos y vídeos que, según fuentes, no recibieron el trámite adecuado. Estas señales, sumadas a la autorización de Blue Solving para operar pese a las sospechas, han generado una profunda desconfianza hacia las autoridades. La empresa, creada en 2022 con un capital social de apenas 3.000 euros, recibió una subvención de 927.000 euros del Instituto para la Transición Justa, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, destinada a la valorización de subproductos y no a la extracción minera. Ahora, muchos se preguntan cómo una compañía con tan poca trayectoria obtuvo tales fondos y permisos, y por qué no se actuó con mayor rigor ante las advertencias.
El grito de justicia resuena más allá de Cerredo. Los sindicatos han exigido una investigación exhaustiva que esclarezca las causas del accidente y determine responsabilidades. La oposición política, por su parte, ha señalado directamente a la consejera Díaz, quien en 2022 ocupaba la Dirección General de Minería, y ha pedido su dimisión, acusándola de posible negligencia. Mientras tanto, la investigación judicial, a cargo del Juzgado de Cangas del Narcea, avanza con la participación de la Guardia Civil y especialistas en explosiones, centrándose en si las labores realizadas se ajustaban a las licencias y en las condiciones de seguridad.
La mina de Cerredo permanece clausurada, pero el eco de la tragedia no se desvanece. Este no es solo un accidente; es, para muchos, un crimen que expone las grietas de un sistema que priorizó intereses económicos sobre la vida de los trabajadores. Las familias de los cinco mineros fallecidos no buscan solo consuelo, sino respuestas y consecuencias. Exigen que los directivos de Blue Solving rindan cuentas ante la justicia penal por haber operado al margen de la ley, y que las autoridades que otorgaron ayudas millonarias y permisos sin suficiente control asuman su parte de responsabilidad. Como dijo un compañero de los fallecidos en el funeral: “No queremos más lágrimas; queremos que paguen los culpables”. La lucha por la justicia en Cerredo apenas comienza, y su desenlace marcará el futuro de una región que no está dispuesta a olvidar.
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