Si no se cumplen los plazos, ¡que para algo estarán estipulados!, ¿para qué sirven las leyes? Pero deberes y obligaciones conciernen a la Administración y al administrado y por tanto cuando el incumplimiento de la norma por una de las partes genere perjuicios a la otra, quién incumpla deberá responder por el daño causado.
Por Remedios Copa
No es un tema nuevo la dificultad que comporta la comunicación con las Administraciones Públicas, agravado por la obligación de utilizar la vía telemática y la dificultad para conseguir cita previa a través del contacto telefónico. No solo son ciudadanos quienes se quejan de las dificultades de acceso, también los profesionales Graduados Sociales y Abogados se quejan de los problemas que muchas veces les crea el uso de las diferentes plataformas, obligándoles a dedicar un montón de tiempo para conseguir realizar eficazmente el trámite que pretenden, fracasando muchas veces en el intento por fallos de la plataforma requerida.
El gran problema que profesionales y ciudadanos encuentran cuando tienen que comunicarse con la Administración Pública y están a punto de que se agote el plazo, es que si no lo logran pueden verse perjudicados por la pérdida del derecho que pretendían alcanzar, e incluso pueden ser sancionados. De ahí la importancia de los plazos y la necesidad de facilitar su cumplimiento.
La otra queja generalizada es la tardanza en resolver por parte de las administraciones y los perjuicios que dicha situación crea a los administrados.
Entre las quejas que más formulan los particulares ante los Ayuntamientos están las relacionadas con los permisos de obra y la autorización para la apertura de un negocio, cuya tardanza provoca daños económicos y vuelve imposibles algunos proyectos o bien, como en el caso de ciertos negocios, abiertos con autorización verbal tras el agotamiento de los plazos sin respuesta y cuya autorización legal se produce cuando ya llevan años funcionando, o que les deniegan el permiso de apertura, (en algún caso llevaban funcionando más de cinco años), por no hablar de los que nunca se inauguraron porque no hubo respuesta.
Es una práctica bastante habitual la dilación en el cumplimiento de los plazos para conceder la autorización por parte de los Ayuntamientos, muchas veces con fines clientelares y otras, sin explicación posible. Esa práctica de indicar verbalmente que vaya comenzando, que esa autorización se va a producir, trae como resultado situaciones como las descritas anteriormente.
Una de esas situaciones de retrasos injustificados y enredos inexplicables producidos cuando un ciudadano trata de impulsar una resolución que lleva años pendiente es la que ha llevado a Miguel Ánxo Abraira a plantearse una huelga de hambre que comenzará este 24 de febrero delante de la Delegación del Gobierno de A Coruña.
Pero esa huelga de hambre planteada por Abraira tiene como finalidad reclamar de las administraciones el cumplimiento de los plazos que la legislación vigente marca para los distintos tipos de expedientes. No persigue solucionar su problema en concreto, del que dice que “serán los tribunales de justicia o la ciudadanía –el dia 28 de mayo- quién ponga la solución”. Para él, la huelga de hambre es “el grito de un ciudadano harto de que pisen sus derechos, de ser tratado como un súbdito que paga impuestos y que es amenazado con sanciones mientras las distintas administraciones incumplen sus obligaciones sin consecuencia alguna para los que toman o dejan de tomar las decisiones”. Lo dice con tristeza y desencanto, queriendo resaltar con claridad que la suya es una lucha por la no discriminación y por el cumplimiento de los plazos por parte de las administraciones públicas.
Denuncia que uno de los derechos que las administraciones locales vulneran constantemente es el referido al cumplimiento de los plazos en el trámite de los expedientes de solicitud de licencia de obra mayor. El plazo legal para resolver es de tres meses, pero este incumplimiento reiterado es normalizado incluso por los tribunales de justicia dice, y lo considera más intolerable “cuando el proceso lleva aparejado el pago de impuestos y tasas para su tramitación”
No es de extrañar su hartazgo personal en este caso, o el cualquiera que tenga que lidiar con situaciones similares, porque se trata de un expediente iniciado con solicitud de licencia el día 19 de abril de 2019 y sin que hasta el 20 junio de 2022 se resolviera nada de dicho expediente. Fue en dicha fecha que se le requirió subsanación de deficiencias, las cuales se acreditó realizadas el 16 de septiembre de 2022. Como no hubo respuesta en plazo, se encadenan de nuevo una serie de reclamaciones y controversias entre el interesado y el Concello de Miño, sin que éste último acceda a reunirse con él interesado para resolver las discrepancias y acceder al contenido del expediente, pese a que la Defensora del Pueblo estimó alegaciones contenidas en un recurso de queja presentado por el reclamante, al que respondió el 7 de septiembre.
Si no se cumplen los plazos, ¡que para algo estarán estipulados!, ¿para qué sirven las leyes? Pero deberes y obligaciones conciernen a la Administración y al administrado y por tanto cuando el incumplimiento de la norma por una de las partes genere perjuicios a la otra, quién incumpla deberá responder por el daño causado.
El artículo 121 de la Constitución Española, la Ley 40/2015, de 1 de octubre y la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, regulan la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y, la Ley 39/2015, de 1 de octubre regula las particularidades aplicables a la tramitación de la responsabilidad patrimonial, conforme a la base constitucional de la Carta Magna, en su artículo 106.2, en el cual reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados en los términos establecidos por la ley.
Facilitar el acceso a todos los ámbitos de la Administración Pública y la equidad en las obligaciones de ambas partes es una reclamación que está resonando cada vez más alto por parte de los administrados; algo que reclaman como un derecho constitucional.
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