Entrevistamos a Iker Moreno, miembro de la Red de Torturados de Nafarroa.
Por Angelo Nero | 7/12/2023
Hace unos días que se ha anunciado el nuevo gabinete del gobierno de coalición “progresista”, en la que hay algunas caras conocidas, entre ellas la del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya actuación como juez de instrucción ante las denuncias por torturas de decenas de detenidos en Euskal Herria, ha motivado varias condenas a España por parte del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, por no haber investigado esas torturas.
Uno de los detenidos que sufrieron la tortura por parte de las fuerzas de seguridad del estado y que denunció ante el juez Grande-Marlaska las salvajes torturas a las que fue sometido en la comisaría es Iker Moreno, que ahora pertenece a la Red de Torturados de Nafarroa. Esta Red ha organizado recientemente las II Jornadas Internacionales sobre la tortura, en unas jornadas abiertas al conjunto de la sociedad.
Gracias a trabajos como “La cifra negra” de Ales Payá, “Bi Arnas” de Jon Mikel Fernández, o “Karpeta Urdinak”, de Ander Iriarte, se ha visibilizado un poco más “el crimen mejor escondido”, como lo define el forense Paco Etxeberria. Sin embargo, para una gran mayoría de la sociedad española, la tortura se sigue asociando a algo del pasado, y, como mucho reducido a llamado “conflicto vasco”. ¿Es importante seguir haciendo pedagogía, a través de películas como estas, o a través de los medios de comunicación alternativos, para que esa sociedad sea consciente de la magnitud que alcanza el tema de la tortura?
Todo trabajo que ayude a visibilizar la magnitud que ha tenido la tortura en Euskal Herria es importante. Documentales, películas de ficción, obras de teatro, reportajes, canciones o novelas ayudan a hacer pedagogía con la sociedad. Pero más allá de dar a conocer lo que nos hicieron, para las personas que hemos sufrido la tortura es indispensable que aquellas instituciones públicas que hicieron uso de ella lo reconozcan; reconozcan que emplearon la tortura de manera sistemática con fines políticos. Y en ese sentido, valoramos positivamente los estudios que el IVAC (Instituto Vasco de Criminología) está realizando y que ya se han contabilizado más de 5.000 casos de tortura; así como las leyes de reconocimiento y reparación de víctimas policiales.
También hay una parte de esa sociedad española que no solo miraba hacia otro lado, sino que justificaba la tortura, como parte de la lucha contra la acción armada de ETA, y, en cierto modo, son los mismos que defendieron la brutal represión del referéndum catalán, y que ahora se manifiestan contra la amnistía. ¿Crees que los funcionarios públicos que cometen malos tratos y torturas, se sienten respaldados por este sector de la sociedad?
Creo que mantener activa una práctica semejante durante por lo menos medio siglo requiere algo más que el respaldo de una parte de la sociedad. Requiere de una arquitectura compleja poder actuar de manera tan impune. Requiere de policías dispuestos a humillar, agredir, violar, incluso matar. Requiere de una Audiencia Nacional dispuesta a ordenar detenciones incomunicadas. Requiere de médicos forenses y jueces dispuestos a archivar las denuncias de malos tratos interpuestas por personas detenidas sin abrir ninguna investigación ante la más mínima sospecha. Requiere de periodistas y políticos dispuestos a negar y ocultar una realidad evidente. Además, estoy convencido –porque fui detenido con Zapatero y Rubalcaba en el Gobierno– que esa arquitectura ha estado formada por sectores políticos mucho más amplios que el que mencionas.
La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) desde 2004 a 2016, señala en un informe que se presentaron en el estado español más de 7.500 denuncias por malos tratos o abusos contra funcionarios de orden público, de prisiones, y de centros de menores. Un informe del Gobierno Vasco constata que hubo 4.113 casos de tortura entre 1960 y 2014, y otro en la Comunidad Foral de Navarra señala que entre 1960 y 2015 se han identificado 1.068 casos de torturas y otros malos tratos. ¿Estos números son solo la punta del iceberg, que oculta un déficit democrático en las fuerzas policiales del estado español?
Como he dicho, la arquitectura que garantiza el uso de la tortura no se limita a las fuerzas de seguridad del estado, es mucho más compleja. Cinco mil casos no pueden ser casos aislados. Además, los datos recopilados nos demuestran que la muerte del dictador Franco no cambió nada respecto a la tortura, que ésta se practicó del mismo modo en dictadura y en postdictadura. Así que al hablar de déficit democrático, deberíamos hablar del de todo el estado español, no sólo del de sus fuerzas policiales.
Hasta en ocho ocasiones, la última en enero de 2021, España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar debidamente las denuncias por estos hechos. ¿La justicia española ha mirado hacia otra parte en los casos de torturas y malos tratos, como para que Europa tuviera que condenarla reiteradamente?
Sí. Creo que contra el independentismo vasco, el estado español ha llevado a cabo una estrategia conjunta. Y como parte de ella, la justicia española ha ninguneado y archivado miles de denuncias de tortura alegando que éstas se interponían por orden de ETA. Recurrir el archivo de estas denuncias no es fácil ni barato, así que a Europa han llegado sólo unos pocos casos; y en todos ellos Europa ha condenado a España.
En NR hemos hablado con muchos militantes que sufrieron la tortura durante el franquismo, durante la transición, y también durante la democracia, y algunos nos dicen que tardaron mucho en hablar de su experiencia, que arrastraron el trauma de tal modo que, incluso, alguno pensaba: “a mi me pegaron y me amenazaron, pero no me torturaron”. ¿Dar testimonio del daño que sufristeis, denunciarlo, es una forma de ayudar a que cicatricen las heridas?
Creo que eso es algo subjetivo. En mi caso, hablar de ello me ayuda a comprender qué nos hicieron y por qué lo hicieron, me ayuda a ordenar ese caótico recuerdo de aquellos días, me ayuda a entender algunas de mis reacciones posteriores. Pero hablar de aquello sigue doliendo, supone volver a conectar con miedos, culpas y vergüenzas, y eso no es fácil. Yo, al salir de la cárcel, tuve la suerte de tener bastante claro que aquello no me iba a volver a pasar, porque el contexto había cambiado. Pero mucha gente ha reconectado con aquel terror cada vez que detenían a alguien y denunciaba lo que le habían hecho. Toda esa gente ha vivido con el miedo a que le hicieran lo mismo otra vez, durante décadas. Así que, aunque conozco muchos casos que reconocen sentir alivio al dar su testimonio, entiendo y respeto que mucha otra gente no quiera hablar de ello y prefiera olvidarlo.
En la Memoria Antifascista se exige “Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición”, algo compartido incluso por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En las II Jornadas Internacionales sobre la tortura celebrada en Iruñea, también hablasteis de “Pasos para la Reparación”. ¿Cuáles son esos pasos, y crees que es posible que esos miles de casos denunciados tengan justicia en el estado español, o al menos un reconocimiento colectivo?
Respecto a la reparación, en la propia Red de Personas Torturadas tenemos opiniones muy diferentes, muchas incluso contradictorias. Hay quien cree indispensable que se nos ofrezca ayuda psicológica, hay quien necesita que se condene a todas las personas implicadas, hay quien necesita sentarse frente a su torturador, hay quien no quiere ni verlo, hay quien reclama una remuneración económica, quien da prioridad a la transmisión de lo ocurrido a las generaciones jóvenes… Estas jornadas nos han servido para conocer experiencias de Chile y Perú, y ahora nos toca intentar definir cuáles son nuestras reivindicaciones.
Respecto al reconocimiento, lo entendemos como cimiento para construir sobre él todo lo demás. Por eso hemos centrado nuestro trabajo en ello. Y, como he dicho antes, valoramos muy positivamente que tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Navarra se hayan realizado los estudios del IVAC y sus gobiernos hayan puesto en marcha leyes para el reconocimiento y reparación de víctimas policiales. Pero somos conscientes de que son un primer paso y de que tenemos mucho trabajo por delante. Será difícil pero tenemos que garantizar que esto no se vuelva a repetir.
Tu detención se realizó solo unos días después del alto el fuego de ETA, en 2011, cuando la organización armada daba pasos claros para una resolución del conflicto. ¿La doctrina de “todo es ETA”, por la que muchos jóvenes, como tú, fuisteis encarcelados, y por la que muchos colectivos fueron perseguidos judicialmente, fue un intento de acabar con el movimiento abertzale por la vía de la represión, y torpedear una posible negociación?
Creo que la doctrina de “todo es ETA” se diseñó para justificar una larga década de ilegalizaciones. El estado español quería hacer ver que tenía un problema con ETA, pero en realidad, el problema lo tenía y lo tiene con un pueblo. Creía que cerrando periódicos, radios y páginas web, ilegalizando asociaciones juveniles o populares y partidos políticos iba a acabar con un modo de pensar, de sentir, de vivir y hablar. Pero no lo consiguió. Hoy en día ese modo de ser sigue vivo, readecuando su forma a los nuevos tiempos, y el estado sigue teniendo el mismo problema con el mismo pueblo. Aún así, no podemos olvidar que hacer frente a esa estrategia de solución final del estado ha sido duro.
Ahora que los votos de EH Bildu son imprescindibles para la continuidad del gobierno “progresista” del PSOE y Sumar, ¿no va siendo hora de obligarlos a que deroguen las leyes más lesivas en materia de libertades como la ley Mordaza que favorece, tal como denunció Amnistía Internacional, “la frecuente interpretación de los tribunales a favor de la versión policial?
Creo que para entender la apuesta que EH Bildu hace para dar continuidad al gobierno de Sánchez hay que tener en cuenta muchos factores. Para empezar, Euskal Herria votó claramente que no quería un gobierno con participación de la ultraderecha, y EH Bildu, siguiendo el mandato antifascista de nuestro pueblo, cerró la puerta a esa opción. Por otra parte, creo que los acuerdos importantes se trabajan con discreción, y confío en que EH Bildu tratará, si no lo ha tratado ya, el tema de la Ley Mordaza con los partidos del gobierno. Y para terminar, no podemos olvidar que EH Bildu no es la única llave imprescindible en este gobierno. En el mejor de los casos, la legislatura tiene cuatro años por delante; espero que en materia de libertades, se consigan mayorías para derogar estas leyes autoritarias.
Por último, la Red de Torturados de Nafarroa lleva ya tres años de andadura, ¿cuáles son los objetivos alcanzados hasta el momento, y cual ha sido la postura del gobierno navarro en cuanto al reconocimiento de la existencia de la tortura?
Por una parte, el Gobierno de Navarra encargó un primer estudio al Instituto Vasco de Criminología (IVAC) para investigar el periodo de la dictadura franquista, porque hubo intereses para que no se investigara el periodo posterior. Pero tras años de reivindicación, se consiguió un segundo estudio que investigara los casos hasta 2015. La suma de los datos de las dos investigaciones supera los 1.068 casos de tortura sobre 891 personas afectadas para el periodo de tiempo 1960-2015. Ese segundo estudio sigue recopilando datos, así que esas cifras aumentarán.
Por otra parte, en abril de 2019, el gobierno navarro aprobó la Ley Foral 16/2019 de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Y en este momento, una comisión está tramitando las primeras solicitudes que estamos presentando para que se nos reconozca como víctimas.
Así que, podemos afirmar, que aunque haya costado, hemos conseguido abrir un camino para el reconocimiento, y esperamos que éste sirva de base para reparar lo que nos hicieron y garantizar que no se vuelva a repetir.
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