El análisis abolicionista coincide en un punto: las nuevas convocatorias no se dirigen al núcleo de la desigualdad sexual y económica, centrado en la prostitución, la pornografía industrial, los vientres de alquiler y las redes de trata.
Por Isabel Durán Báez | 17/10/2025
El anuncio de nuevos programas de financiación dirigidos a asociaciones y entidades vinculadas a igualdad y género para 2025 ha sido presentado por el Gobierno como un compromiso firme con las políticas públicas de igualdad. Sin embargo, sectores del feminismo abolicionista advierten de que el enfoque institucional promueve una igualdad simbólica, sin abordar los pilares económicos que sostienen la desigualdad estructural de las mujeres.
Subvenciones anunciadas
La inversión prevista se articula en cuatro líneas principales:
Planes de igualdad en organizaciones sindicales;
Promoción de la igualdad de género en la creación artística y cultural;
Financiación el movimiento asociativo de ámbito estatal;
Subvenciones directas a entidades seleccionadas por el Instituto de las Mujeres.
Estas medidas sugieren impulso político, pero desde el activismo feminista surge una pregunta crítica:
¿se financia igualdad o se financia la gestión de la desigualdad?
La ausencia que marca el debate
El análisis abolicionista coincide en un punto: las nuevas convocatorias no se dirigen al núcleo de la desigualdad sexual y económica, centrado en la prostitución, la pornografía industrial, los vientres de alquiler y las redes de trata.
En este sentido, el movimiento feminista señala que la inversión se concentra en iniciativas culturales, asociativas o de sensibilización que, si bien amplifican discurso, no modifican las condiciones materiales de las mujeres en situación de explotación sexual.
“La ley solo de trata proporciona un paraguas de legalidad a la industria proxeneta y no reduce el motor del sistema prostitucional”, advierten activistas del Movimiento Feminista de Madrid.
La igualdad que no incomoda
El riesgo, señalan colectivos abolicionistas, es que la dependencia de fondos públicos conduzca a la moderación del discurso feminista para asegurar futuras subvenciones. Las organizaciones que denuncian la explotación sexual podrían quedar fuera de la financiación si mantienen posiciones críticas frente a un marco institucional que no enfrenta a la industria proxeneta.
En las convocatorias de 2025 no se observan compromisos estatales explícitos para:
Abolir lla prostitución,
Desmantelar la industria pornográfica,
Prohibir los vientres de alquiler,
Garantizar recursos económicos, laborales y de restitución a mujeres en explotación sexual.
Se financia una igualdad “aceptable”, pero no la igualdad que cuestiona los intereses vinculados a la mercantilización del cuerpo femenino.
El planteamiento abolicionista
Los colectivos abolicionistas proponen una hoja de ruta para transformar las políticas públicas:
Subvenciones con objetivos claros de abolición de la prostitución.
Dotaciones económicas suficientes para intervenciones estructurales, no proyectos simbólicos.
Participación directa de supervivientes de explotación sexual en el diseño y evaluación de políticas.
Independencia crítica de las entidades financiadas.
Evaluación basada en resultados estructurales, no en número de actividades.
Coherencia institucional: no promover igualdad mientras se tolera la explotación sexual en otros ámbitos.
Una igualdad administrada
Las subvenciones anunciadas representan un movimiento político, pero no un cambio de modelo. Financiar igualdad sin confrontar la industria de la explotación sexual equivale, según el feminismo abolicionista, a administrar la desigualdad para que permanezca.
Mientras la prostitución continúe siendo una actividad económicamente rentable, la financiación pública en igualdad corre el riesgo de crear relato sin transformar la realidad.
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