Un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica destaca la presunta participación de la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación de un contrato en la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, imputado en la causa por aportar fondos a la caja B del PP.
Cifuentes tildó el documento de “juicio de valor sin fundamento jurídico alguno” y apuntó a una conspiración masónica, pero ¿acaso no lo niegan todos? Ya veremos como avanza…
Se el primero en comentar