Los convocantes denuncian que las políticas de Ayuso favorecen la educación privada y concertada a costa de la pública.
Por Ricardo Guerrero | 28/04/2025
La educación pública madrileña vive este lunes una jornada histórica con la primera huelga general educativa en doce años. Desde Infantil hasta la Universidad, alumnos, docentes, personal no docente y familias se han unido bajo el lema «Salvemos la educación pública» para denunciar lo que consideran un «desmantelamiento sistemático» del sistema educativo público por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La movilización, respaldada por sindicatos minoritarios como CGT, CNT, STEM y Solidaridad Obrera, culminará esta tarde con una manifestación unitaria que recorrerá el trayecto de Atocha a la Puerta del Sol a partir de las 18:00 horas.
Un grito contra la privatización y la infrafinanciación
La comunidad educativa madrileña lleva años alertando sobre el deterioro de la educación pública, pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el reciente acuerdo firmado el 4 de abril entre la Consejería de Educación y los sindicatos mayoritarios de la Mesa Sectorial (CCOO, UGT, ANPE y CSIF). Este pacto, calificado como «infame», no satisface las demandas clave del profesorado y ha sido rechazado por la mitad de los docentes en consultas internas. La comunidad educativa señala que el acuerdo representa «unas migajas» que no abordan los problemas estructurales del sistema educativo, perpetuando la precariedad y la segregación.
Los convocantes denuncian que las políticas de Ayuso favorecen la educación privada y concertada a costa de la pública. El gasto público en centros concertados ha crecido de 5.779 millones en 2011 a 7.459 millones en 2022, mientras que la educación pública sufre una infrafinanciación crónica. En Infantil, por ejemplo, hay un déficit de 152.431 plazas, y en Formación Profesional (FP), 48.255 estudiantes han quedado fuera este curso. Estas carencias, aseguran, empujan a las familias hacia centros privados, muchos de los cuales segregan por sexo y reciben financiación pública de hasta 38 millones de euros.
En el ámbito universitario, los estudiantes critican la «asfixia financiera» impuesta por los presupuestos de Ayuso, que han recortado un 35% la financiación de las universidades públicas. La nueva Ley de Educación Superior, aún en borrador, es vista como una amenaza que promueve la «mercantilización del conocimiento» al obligar a las universidades a depender de fondos privados para hasta un 30% de su financiación, lo que podría derivar en el cierre de grados con menor demanda, como los de Letras, y una mayor influencia de empresas en las decisiones académicas.
Principales demandas de la Comunidad Educativa
Las demandas de alumnos, profesores y personal no docente reflejan una lucha por recuperar la calidad y la equidad en la educación pública madrileña. Entre las principales reivindicaciones se encuentran:
Demandas de los Profesores
Reducción de las horas lectivas: Los docentes exigen volver a las 18 horas lectivas semanales en Secundaria, FP y Régimen Especial (actualmente 20) y a las 23 horas en Infantil y Primaria (actualmente 25), como era antes de los recortes de 2011. Madrid es la única comunidad que no ha revertido estas medidas.
Bajada de ratios: Se reclama una disminución del número de alumnos por aula para garantizar una atención personalizada, especialmente para estudiantes con necesidades específicas.
Equiparación salarial: Los profesores piden salarios equiparables a los de otras comunidades, ya que en 2023 el sueldo bruto de un docente de Secundaria en Madrid (2.707 euros) fue el séptimo más bajo de España.
Reducción de la burocracia: Se solicita un plan efectivo para aliviar la carga administrativa que resta tiempo a la enseñanza.
Atención a la diversidad: Los docentes demandan más recursos y personal de apoyo para atender a la diversidad del alumnado y combatir la segregación educativa, especialmente en barrios obreros como Vallecas o Carabanchel, donde más del 20% de los centros concentran estudiantes en riesgo de exclusión.
Demandas de los Alumnos
Más inversión en infraestructuras: Estudiantes como Lorena, de la Universidad Autónoma, denuncian la falta de recursos para prácticas, salidas de campo y mantenimiento de instalaciones. Muchos centros públicos operan en condiciones precarias, con barracones o edificios que requieren reformas urgentes.
Acceso a la FP: Los alumnos de Formación Profesional exigen más plazas y prácticas garantizadas, ya que miles se quedan sin opciones educativas cada año.
Defensa de la universidad pública: Los universitarios rechazan la Ley de Educación Superior por considerar que amenaza la autonomía universitaria y prioriza criterios de mercado sobre la calidad educativa.
Bajada de ratios: Al igual que los docentes, los estudiantes piden aulas menos masificadas para mejorar la calidad de la enseñanza.
Fin de la segregación: Se reclama una educación inclusiva que no relegue a los estudiantes de barrios humildes a centros con menos recursos.
Una movilización histórica
La huelga de este lunes no solo busca visibilizar el malestar de la comunidad educativa, sino también sentar las bases para una lucha sostenida. Durante la jornada, se han organizado asambleas, piquetes informativos y concentraciones en barrios para fortalecer la red de movilización.
El consejero de Educación, Emilio Viciana, ha minimizado las protestas, calificando a los manifestantes como «los de siempre» y acusándolos de intentar «colonizar» la educación pública. Sin embargo, la Consejería asegura estar abierta al diálogo y promete un «pacto global» que beneficie a docentes, estudiantes y familias, aunque no ha precisado detalles ni plazos.
Mientras tanto, la marea verde madrileña no da tregua. Con pancartas que rezan «Fuera las garras de Ayuso de la enseñanza pública» y gritos de «Huelga general ya», la comunidad educativa demuestra que está dispuesta a llegar hasta el final para defender un derecho fundamental.
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