Honduras: “Basta de injerencias”

Es Estados Unidos el que planificó y consumó el Golpe de Estado político militar contra de Manuel Zelaya, en 2009.

Por Hernán Viudes | 26/10/2024

«La injerencia y el intervencionismo de los EEUU, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable». El categórico posteo de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expuso el intervencionismo extranjero en su país, que no es nuevo, pero sí recrudeció durante su Gobierno.

Como detalla el dirigente social de Mesa 11 y CELAC Social Luis Méndez, “no podemos perder de vista la hegemonía histórica de Estados Unidos en la región. Más de un siglo de intromisión y dependencia, en el caso de Honduras, un país marcado por el enclave minero y bananero del siglo pasado”.

*La explotación de oro y plata en las minas del Rosario, San Juancito con la Rosario Mining Company, lugar donde Estados Unidos instala su primera Embajada; y el enclave bananero con la United Fruit Company y la Estándar Fruit Company de la primera mitad del siglo XX, son dos hitos importantes para contextualizar el papel de Estados Unidos en Honduras y la región.

El ataque y derrocamiento al presidente Jacobo Árbenz de Guatemala en 1954, organizado desde los laboratorios geomilitares de EEUU en Honduras, dejan de manifiesto que, más allá de cualquier iniciativa económica desarrollista de EEUU para la región, el interés supremo de ese país fue siempre su control geopolítico y geoestratégico.

Su falsa iniciativa de la «Alianza para el Progreso» en tiempos del presidente John F. Kennedy, sólo fueron la excusa para dar paso al bloqueo a Cuba y, en la década del ochenta, la instalación de la base militar de Palmerola, en Comayagua. Fue parte de la estrategia para contener el avance de la izquierda en el continente y apoyar especialmente la contra revolución nicaragüense y debilitar el proyecto del FMLN en el Salvador.

Es Estados Unidos el que planificó y consumó el Golpe de Estado político militar contra de Manuel Zelaya, en 2009. El primer “Golpe Blando” del siglo XXI que significó contener la avanzada del proyecto popular de los pueblos representados desde el ALBA.

Actualmente, la injerencia bajo la representación de la Embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura F. Dogu, es la continuidad de un proyecto histórico de control y dominación norteamericana de los Gobiernos de la región. A excepción del Gobierno soberano de Nicaragua, que en 2018 expulsó y nombró “persona non grata” a la entonces embajadora Laura Dogu, por ser parte del proyecto desestabilización e intento de derrocamiento del presidente Daniel Ortega y su vice Rosario Murillo.

Luego de ser expulsada de Nicaragua, EEUU nombró a Dogu embajadora en Honduras, para desde allí contrarrestar la avanzada de la izquierda en la región. Tiene formación y experiencia en intervención extranjera en decisiones soberanas de otros países: se desempeñó como Asesora de Política Exterior del Jefe de Estado Mayor del Ejército de los EEUU. El propio portal oficial de la embajada reconoce la injerencia, pero con eufemismos: “De aquel país se despidió diciendo que “los inversionistas deben estar conscientes de los riesgos físicos, financieros y de reputación empresarial de hacer negocios en Nicaragua”. Con esos méritos llegó a Honduras para desarrollar una gestión similar.

Fundaciones y ONGs Locales

Detrás de los lineamientos desarrollistas de EEUU y de falsa bandera de salvaguardar la «democracia», alinean actores internacionales y locales que buscan limitar y desestabilizar la gestión de la presidenta Xiomara Castro, y condicionar la próxima elección general del 2025 para una vuelta de tuerca al sistema tradicional de gobiernos serviles de los intereses del norte. El papel de ONGs y fundaciones controladas desde la USAID y NED, que en nombre de “ayuda social, lucha contra la corrupción, libertad de expresión y la falsa lucha contra las drogas”, son la excusa perfecta para el boicot a gobiernos populares, de izquierda y progresistas. Para justificar su intromisión, siempre los califican de “corruptos”, y “la libertad» la asocian a los intereses económicos de las élites locales y las empresas yanquis.

Entre las ONGs y fundaciones más influyentes en Honduras encontramos la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)- www.asjhonduras.com -, fundada por un grupo de hondureños y norteamericanos y financiada por la USAID y El Departamento de Estado. Uno de sus ejes de ataque frontal al Gobierno es el cuestionamiento por las “altas pérdidas de energía en Honduras”. Para lo que “requieren la unificación urgente de los esfuerzos de reducción de pérdidas”. Es así que cuestionan una de las políticas públicas más importantes, estructural del gobierno de Xiomara Castro, la recuperación del sector energético, entendido ahora como un derecho humano; ya no como el botín de empresarios, que por décadas acumularon capital a costa de la venta de energía a altos costos al Estado.

El papel desestabilizador del Consejo Nacional Anticorrupción tiene una caracteriza que lo distingue en su forma de penetración: el CNA está conducido por una Asamblea con representantes de 12 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las cámaras empresarias, las iglesias y los medios de comunicación. Por intermedio y financiación del Consejo, Estados Unidos interviene en Honduras.

La tercera organización es el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, cuya “misión es contribuir al desarrollo económico nacional por medio del fortalecimiento de la Libre Empresa”.

Como explica el dirigente social Luis Méndez, “estas ONGs y fundaciones reciben dinero que luego canalizan para un proyecto comunicacional, para hacer un trabajo de agresiones permanentes en contra del proyecto de refundación del país”.

El ‘narco video’ de la desestabilización

El secretario general del Congreso Nacional, Carlos Zelaya Rosales, (hermano del ex presidente Zelaya Rosales, y padre del ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales) compareció ante el ministerio Público y confesó haberse reunido con un grupo de narcos, en el contexto de las elecciones de 2013. Allí conversaron sobre la posibilidad de aportar recursos financieros para la campaña del partido hoy oficialista Libre. Varios años después, Insight Crime, una ONG que trabaja en investigación periodística sobre temas de tráfico de drogas y crimen organizado, divulgó la noticia conocida como el “narco video”, en que se observa a Carlos Zelaya Rosales con reconocidos delincuentes en el país.

Al respecto, la presidenta Castro en conferencia de prensa expresó: “Condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos”. Posteriormente, la Presidenta denunció haber detectado “movimientos al interior de las Fuerzas Armadas” para dar un Golpe de Estado. A ello se sumaron las declaraciones públicas de la Embajadora Dogu sobre la visita del ministro de Defensa a Venezuela y su reunión con Vladimir Padrino, que internamente generaron una envestida mediática por la prensa corporativa y las ONGs controladas por el Embajada. Ante tal situación, la presidenta Xiomara Castro ordenó al canciller, Eduardo Reina, la denuncia del Tratado de Extradición del país con los Estados Unidos, como una potente herramienta de presión para contener la injerencia de EEUU en su Gobierno.

Este hecho del «narco video» pone en perspectiva varios temas. Primero: el distanciamiento radical que debe haber entre el proyecto de “la Refundación” oficialista con temas relacionados al narcotráfico y la corrupción. Segundo: cualquier partido o corriente política aliada al narcotráfico, a la narcopolítica, estará predestinada más temprano que tarde a perecer. Tercero: la narcopolítica es un engendro del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos, una identidad muy propia del Partido Nacional, de la derecha hondureña. Cuarto: el panorama expone la falsa política de EEUU en la lucha contra las drogas, por el papel desempeñado por la DEA y el Departamento de Estado en la lucha antidrogas.

Las reformas estructurales de Xiomara Castro

El Partido Libertad y Refundación (LIBRE) se constituyó a partir de la lucha de las organizaciones sociales, indígenas y populares, que conformaron el Frente Nacional de Resistencia Popular tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009.

Durante el actual gobierno de Xiomara Castro, se han implementado una serie de políticas que afectan los intereses de los grupos económicos y políticos, sectores que históricamente se reparten el Estado y sus instituciones para intereses personales, familiares y corporativos y no de la población.

Entre ellas, enumeramos:

1. La derogación de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que implicaba la pérdida de soberanía nacional.

2. La propuesta de Ley de Justicia Tributaria, aún no concretada pero ya fuertemente cuestionada por las cámaras empresarias.

3. La denuncia de Honduras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

4. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y el servicio considerado como derecho humano. Subsidio a las familias que consumen igual o menos de 150 kilowatts mensuales.

5. Ordenó la no renovación de más de 200 fideicomisos que estaban en manos de la banca privada.

6. Subsidio en 10 lempiras (unos 40 centavos de dólar) por cada galón de combustible.

7. Mejoramiento de la red vial entro otros.

A nivel de política exterior, las acciones siguientes han generado malestar en los Estados Unidos:

1. El rompimiento de relaciones de Honduras con Taiwán y el establecimiento de relaciones con China Popular.

2. La relación estrecha del gobierno de Honduras con Cuba, Nicaragua y Venezuela.

3. El reconocimiento del gobierno de Honduras de los resultados electorales del 2024 en Venezuela, a favor del presidente Nicolás Maduro.

Los cambios profundos del gobierno de Xiomara Castro se manifiestan en la sociedad hondureña. Eugenio Sosa es sociólogo y director del Instituto Nacional de Estadística. “Xiomara encontró el 73.6% de los hogares hondureños en situación de pobreza y para el 2024 la tendencia es que los hogares en esa condición sean el 62.9%. Mientras que la pobreza extrema pasó del 53.7%, al 40.1% de los hogares”. La economía también retoma una senda de orden y menor desigualdad: “En el 2022, producto de los efectos geopolíticos de la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación llegó a 9.80%, en el 2023 se bajó a 5.19% y se espera que en el 2024 cierre en 4.96%” Los distintos indicadores sociales del Instituto lo reflejan: “La Tasa de desempleo o desocupación en el 2021 fue de 8.6%, en el 2023 bajó a 6.4% y para el 2024, se espera que sea de 5.2%”.

La mejora de los índices está relacionada con la reactivación de la economía y el incremento de la inversión pública y social. Se incrementó la inversión en infraestructura y en la reactivación del agro. Esto permitió que la inseguridad alimentaria haya descendido del 28% al 18%, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Para la abogada especialista en derechos humanos, Leticia Salomón, Xiomara “logró avances en salud y educación. A lo cual sumó la reparación y construcción de aeropuertos y carreteras. Y una política social orientada a útiles y merienda escolar, semilla y fertilizantes para los agricultores, facilidades financieras para la obtención de viviendas de bajos y medianos recursos”.

Pero quedan muchos temas pendientes para el Gobierno: “Reformar o eliminar las leyes que sustentaron las arbitrariedades del gobierno anterior, relacionadas con corrupción y narcotráfico. Además de la recomposición de la oposición política, empresarial, mediática y religiosa, apoyada por la oposición internacional, particularmente por la Embajada de Estados Unidos”, describe Salomón.

Precisamente, ése es el principal desafío del oficialista Partido Libre para las elecciones del 2025, y lo que las alianzas de las élites locales con la embajada de EEUU quieren condicionar y, si es posible, bloquear.