Por Eduardo Montagut
La Consulta al país que en 1809 promovió la Junta Central constituye un hecho harto interesante porque nos permite pulsar las opiniones que autoridades, personalidades, organismos, instituciones y corporaciones tenían de la situación de España en plena guerra de la Independencia, pero, sobre todo, de lo que había que hacer no tanto en relación con el conflicto en sí, sino con el futuro de España. En cierta medida, aunque de forma más modesta, las respuestas pueden relacionarse con los cahiers de doléances en el momento de la convocatoria de los Estados Generales en los prolegómenos de la Revolución Francesa.
Tras el levantamiento de mayo de 1808, ante las abdicaciones de los Borbones en Bayona y la colaboración que las instituciones de la Monarquía española habían prestado al gobierno de José I Bonaparte, surgió entre los protagonistas del levantamiento la necesidad de crear organismos de gobierno. Ese sería el origen de las Juntas Provinciales. Asumieron la soberanía que hasta entonces había encarnado la Corona, un hecho que abriría, en cierta medida el peculiar proceso de Revolución liberal español, además de servir como modelo en América y, posteriormente, en otros procesos revolucionarios españoles del siglo XIX. Las Juntas se colocaron por encima de las instituciones como el Consejo de Castilla, y asumieron la labor de la resistencia. Pero las Juntas encarnaron en su seno la dual realidad política de los resistentes. Por un lado, muchos de sus componentes defendían el viejo orden, es decir, la necesidad de vencer a los franceses por haber ocupado el país, pero deseando el retorno a las estructuras del Antiguo Régimen, que el gobierno afrancesado comenzaba a cuestionar, aunque fuera de una manera muy moderada. Por esa razón pensaban que las Juntas debían ser unos organismos que se dedicasen exclusivamente a la tarea de organizar la lucha. Pero, por otro lado, había otro sector que, sin obviar la necesidad de armarse y organizarse para el combate, iban más allá. Las Juntas debían iniciar un proceso de profundo cambio a través de la futura convocatoria de Cortes, encargadas de hacer reformas de calado, comenzando por la elaboración de una Constitución. Abogaban, por tanto, por un proceso revolucionario liberal.
La necesidad de coordinar los esfuerzos de las distintas Juntas Provinciales hizo que se comenzase a pensar en la necesidad de centralizar y coordinar sus esfuerzos. Se rechazó la creación de una Regencia frente a la idea que partió de la Junta de Sevilla, sobre la delegación de poderes en representantes elegidos por cada Junta. Por su parte, la Junta de Granada defendió la idea de que fueran dos representantes por cada una. Ese fue el origen de la Junta Suprema Central, que asumió todos los poderes. Este hecho, en línea con lo que decíamos sobre las Juntas Provinciales, fue extremadamente novedoso.
El inicio de la Junta fue complicado porque, aunque se hizo para que asumiese todos los poderes, la Junta de Sevilla era reacia a ceder poder, defendiendo la idea de que la Central solamente debía ser un órgano de coordinación de las Juntas Provinciales. Pero, también había complicaciones de tipo ideológico. El general absolutista Cuesta, que contaba con el apoyo inglés y de Jovellanos, era partidario de un Consejo de Regencia, un organismo más propio para mantener las viejas estructuras administrativas y políticas de la Monarquía Absoluta. Se debían disolver las Juntas Provinciales y la Central se quedaría como un simple organismo consultivo.
La Junta Central comenzó a trabajar, formada por dos representantes de cada Junta Provincial. La mayoría de sus componentes eran de origen nobiliario, casi todos con título, destacando cinco Grandes de España. La representación eclesiástica también fue muy destacada, con algún arzobispo y muchos canónigos. La representación de la burguesía era mucho más escasa. La Junta tuvo que desplazarse a comienzos del nuevo año de 1809 a Sevilla dados los acontecimientos bélicos del momento derivados de la llegada de Napoleón a España.
La Junta estableció una reforma administrativa que parecía muy novedosa, pero que no terminaba de abolir las estructuras antiguas, como un reflejo de la dualidad entre las dos posturas ideológicas en el seno de los resistentes a los franceses, y a la que hemos aludido anteriormente. No derogó los Consejos, pero decidió fusionarlos en el Consejo Reunido. Quitó poder y funciones a las Juntas Provinciales, que pasaron a denominarse Juntas Superiores Provinciales de Observación y Defensa, es decir, subordinadas a la Central y para esas dos cuestiones.
Al asumir todos los poderes se produjo la necesidad de separar cada uno de ellos en su seno. Las cuestiones ejecutivas, es decir, de gobierno, fueron asumidas por una denominada Sección Ejecutiva. Por otro lado, se creó una Comisión de Cortes con la misión de preparar la convocatoria de las mismas. La iniciativa de esta convocatoria partió de uno de los más activos miembros de la Junta, Lorenzo Calvo de Rozas, que defendió la necesidad de que se elaborase una Constitución. En mayo de 1809, la Junta anunció la convocatoria de Cortes. Jovellanos defendió en la Comisión que se estableciese una “consulta al país” para que la opinión pública española se pronunciase sobre el carácter de las Cortes, sobre las reformas a emprender.
Entre las respuestas recibidas destaca un rasgo casi común, que no es otro que el de no regresar a la situación anterior de mayo de 1808, que culminaba un largo proceso de descomposición de la Monarquía absoluta, encarnada en Carlos IV, y que se precipitó desde del Proceso de El Escorial y desembocó en el levantamiento madrileño y las abdicaciones de Bayona, pasando por el Motín de Aranjuez.
Debía superarse el modelo absolutista por otro en el que la Corona no pudiera ejercer un poder ilimitado, y donde los españoles vieran respetados sus derechos, es decir, ya estaban calando las ideas liberales en algunos sectores importantes, aunque no por ello las ideas reaccionarias no dejaban de tener un gran predicamento. Para hacer el cambio era necesario, por lo tanto, convocar unas Cortes que tuvieran carácter constituyente.
Es importante destacar que, además algunas respuestas incidían en claras críticas, de raigambre ilustrada y con la nueva impronta liberal, hacia la sociedad estamental, contra los vicios de los estamentos privilegiados, especialmente, la ociosidad nobiliaria, y la falta de preparación intelectual del clero. Pero, también es cierto que estas críticas no eran unánimes, porque había textos donde se invocaban las Sagradas Escrituras o se defendían los fueros tradicionales, algunos de ellos superados por el absolutismo, o se planteaban fórmulas estamentales para la representación en Cortes. Muchas de estas críticas más arcaizantes procedían de instituciones y autoridades eclesiásticas.
Al final, no se elaboró el proyecto constitucional, pero es importante destacar como se defendió la necesidad de que las Cortes que se convocasen debían tener la iniciativa legislativa, y que el rey solamente tuviera veto suspensivo temporal. La Junta Central decidió que la convocatoria de las Cortes fuera por estamentos, generando una intensa polémica interna. Los liberales o más radicales defendieron la máxima de un “hombre y un voto”, y que las Cortes debían ser unicamerales. Jovellanos era partidario del sistema estamental, con una cámara donde estuvieran juntos los dos estamentos privilegiados, es decir, la nobleza y el clero. El voto de esta segunda cámara sería imprescindible para la aprobación de las leyes. Ante el conflicto la Junta decidió que estas cuestiones fueran decididas por las propias Cortes cuando se reuniesen.
La invasión francesa de Andalucía provocó que la Junta se tuviera que trasladar de Sevilla a Cádiz. Los partidarios del absolutismo aprovecharon la ocasión para conseguir que la Junta se disolviese, obligando a que se nombrase una Regencia, a finales de enero de 1810. Pero este hecho, en principio favorable a las tesis más conservadoras, no frenó el proceso de convocatoria de Cortes. En septiembre de ese mismo año se reunieron en Cádiz, y se puso en marcha el proceso que desembocó en la elaboración y aprobación de la Constitución de 1812 y de un completo programa de reformas de signo liberal.
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