Aunque muchas de estas prácticas hoy se consideran corrupción, en el Antiguo Régimen, eran vistas como parte del sistema, especialmente la venalidad de cargos.
Por Lucio Martínez Pereda | 5/06/2025
La corrupción estuvo presente en las altas esferas del Estado español desde el siglo XVII: tiene sus primeros episodios documentados en el reinado de Felipe III, cuando el duque de Lerma, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas -valido del rey- creó una extensa estructura para acumular poder y fortuna mediante una serie de variadas prácticas corruptas.
El duque aprovechó su posición para enriquecerse con el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación y la especulación inmobiliaria. El caso históricamente más conocido -que puede considerarse como la primera operación de especulación inmobiliaria constatada documentalmente en España- sucedió con el traslado de la corte en 1601 de Madrid a Valladolid.
Las razones oficiales para justificar la decisión tomada por Lerma fueron mejorar la economía del norte y evitar la insalubridad de Madrid, pero el verdadero motivo fue su interés personal económico: antes de decidir el traslado compró propiedades a precios bajos en Valladolid y posteriormente -tras la revalorización del precio del suelo- los revendió a precios muy altos.
Finalmente, fue investigado y procesado, aunque logró evitar un castigo al obtener el capelo cardenalicio, que le otorgaba inmunidad eclesiástica.
Pero el Duque de Lema no fue un caso excepcional en el panorama español del siglo XVII. La venalidad de cargos -la venta de oficios públicos- era común, permitiendo a las élites patrimonializar el poder local y manipular los concejos municipales. El tráfico de influencias, el uso de información privilegiada y el amiguismo eran prácticas extendidas, beneficiando a la aristocracia y a comerciantes extranjeros, especialmente genoveses, que sobornaban a funcionarios para obtener privilegios comerciales y fiscales
La corrupción también alcanzó al clero y a la administración colonial, con casos de simonía y contrabando frecuentísimos en los territorios de ultramar, que dado la lejanía y la dificultad de las comunicaciones, apenas fueron juzgados en el Consejo de Indias, una sección del Consejo de Castilla encargada del gobierno, legislación y justicia para los territorios de ultramar: América y Filipinas.
Aunque la justicia intervenía raramente, los escándalos eran objeto de frecuentes y documentadas críticas públicas y denuncias, y en ocasiones se impulsaron reformas legales para fiscalizar y sancionar estos comportamientos, como las visitas de inspección y los juicios de residencia llevados a cabo por “funcionarios” Sin embargo, la impunidad era frecuente debido a la protección de los poderosos y la debilidad de los mecanismos de control institucional. La corrupción en la España del siglo XVII estuvo ligada a la estructura del poder y a la falta de controles efectivos, siendo un fenómeno transversal que afectó a todos los niveles del Estado y de la sociedad.
La corrupción política en la España del siglo XVIII se manifestó principalmente en el abuso de cargos públicos para beneficio privado y el desvío de fondos estatales hacia intereses particulares. La corrupción se manifestó especialmente en las aduanas y la recaudación de impuestos y siguieron siendo frecuentes el fraude fiscal, la venta de cargos públicos (venalidad) y el favoritismo en la administración.
Aunque muchas de estas prácticas hoy se consideran corrupción, en el Antiguo Régimen, eran vistas como parte del sistema, especialmente la venalidad de cargos. Pero estas prácticas empezaron -sobre todo en la segunda mitad del siglo- a ser percibidas como un síntoma de “mal gobierno” y aumentaron los textos con críticas morales y también políticas, contribuyendo al surgimiento de nuevas ideas sobre el servicio público y la administración honesta.
Esa presión de la opinión pública que ya empezaba a tener capacidad de influencia, unida a la cultura política del reformismo ilustrado, hizo aparecer los primeros intentos por combatir la corrupción mediante la profesionalización de la administración y la implantación de nuevos ideales de mérito y servicio público, aunque con resultados limitados.
La influencia de la Ilustración y sus ideas sobre el “Buen Gobierno” hace que en el siglo XIX la corrupción empiece a ser socialmente mal vista en España. Sus practicantes se ven obligados a utilizar por primera vez mecanismos de ingeniería financiera para ocultarla: los testaferros y las Sociedades Fantasma. La regente María Cristina de Borbón fue célebre por su participación en numerosísimos casos de corrupción. Durante su regencia se auto adjudicó varias concesiones lucrativas a través de testaferros y sociedades fantasmas: la explotación de salinas, el trazado de ferrocarriles y el comercio de carbón.
La corrupción de Maria Cristina fue una especie de bulímico e ilimitado Panta Rei que no dejó sin tocar prácticamente ningún ámbito de acción estatal. Estuvo involucrada en la venta de patrimonio real, la desaparición de joyas de la Corona y muebles valiosos, y en la manipulación de contratos públicos, como las obras del puerto de Valencia y el ferrocarril de Langreo. Uno de los negocios más escandalosos fue su participación, junto a su segundo marido Fernando Muñoz, en la trata ilegal de esclavos, incluso después de su prohibición, lo que incrementó notablemente su fortuna. La percepción generalizada de corrupción y enriquecimiento ilícito de María Cristina fue uno de los factores que contribuyeron a asentar en la opinión pública la percepción generalizada de la “corrupción borbónica”.
Toca ahora el extenso capitulo de la corrupción alfonsina. Es una corrupción que creará en el Ejército español una manera de entender el presupuesto público que en muchos aspectos se mantendrá durante la posterior dictadura franquista, e incluso durante los primeros años de la actual democracia (baste recordar las repetidas denuncias del Teniente Segura).
Durante la Guerra de Marruecos, la corrupción se generalizó entre mandos militares y civiles relacionados con el conflicto bélico: se inflaban cuentas, se falseaban contratos y se repartían fondos públicos entre los oficiales, quienes exigían a los proveedores firmar recibos en blanco y cobraban por suministros nunca entregados. Los altos mandos del Ejército saqueaban sistemáticamente el presupuesto militar y se enriquecían a costa del Estado.
Alfonso XIII, el “ Rey Soldado”, como le llamaba la propaganda monárquica de la época -tenía inversiones directas en Marruecos, especialmente en la Compañía Española de Minas del Rif S.A., que explotaba minas de hierro en Nador. El rey poseía acciones y cuando la actividad minera se vio amenazada por la resistencia rifeña, no dudó en enviar tropas para proteger sus intereses económicos. Estas inversiones se realizaban bajo seudónimo para ocultar su implicación directa y evitar el escándalo público. El Desastre de Annual (1921) -una derrota militar española- destapó la dejación de funciones, la extensión de la corrupción en el Ejército y la injerencia del rey en la estrategia militar. El Expediente Picasso -así se llamó la investigación oficial- puso en evidencia graves irregularidades, aunque su alcance fue limitado por presiones políticas y empresariales, incluyendo las compañías mineras vinculadas al propio Alfonso XIII.
El extenso y variado ámbito de las prácticas corruptas de Alfonso XIII -que ahora relataremos con limitada y apretada extensión- se integra en una cultura de la corrupción familiar que solamente cabe ser explicada mediante el ejemplo de lo observado y las técnicas de ocultamiento aprendidas en “casa” a través del magisterio de su madre, Maria Cristina
Pero antes de continuar quiero detenerme a subrayar el concepto “cultura familiar de la corrupción” Entiendo que algunos lectores ya intuyen el objeto de la llamada de atención sobre esta expresión. Uno de los elementos diferenciadores en la valoración de las diferencias existentes en los contemporáneos casos de corrupción de izquierdas y derechas en España, es el marcado papel preponderante de la “cultura familiar “ en la corrupción política de derechas.
Como decíamos antes, la extensión de la corrupción de Alfonso XIII nos lleva al recuerdo de la amplitud y variedad de la corrupción practicada por su madre : recepción de acciones gratuitas a cambio de presiones en los ministerios, beneficios de apuestas ilegales, cobro por su intervención en concesiones públicas- el Metro de Madrid y proyectos urbanísticos de la capital- , venta de películas pornograficas entre miembros de la alta nobleza, y cobro de comisiones por armas y material de guerra enviados a Marruecos.
El mayor escándalo conocido fue su implicación en la organización de carreras de galgos, actividad ilegal en la época. El rey utilizó una asociación benéfica como tapadera para lucrarse con apuestas y otros negocios vinculados a las carreras. Hubo una instrucción judicial sobre la empresa “ Liebre Mecánica” en la que Alfonso XIII era accionista destacado; aunque no se encontraron pruebas concluyentes en los registros del Palacio, sí se hallaron indicios en las oficinas de la empresa.
El monarca fue uno de los principales accionistas de la compañía que construyó el Metro de Madrid: poseyó hasta un 10% de la sociedad. Las inversiones de Alfonso XIII en el Metro se realizaron en un contexto de escasa transparencia y con conflictos de intereses, ya que el rey y su círculo cercano participaron también en negocios vinculados a la obra pública y el transporte. Además, la gestión de la Compañía Metropolitano, Alfonso XIII estuvo envuelta en conflictos con el Ayuntamiento de Madrid, principalmente por deudas y falta de inspección gubernamental en las obras.
Los rumores de corrupción contribuyeron decisivamente a la erosión de su imagen en la opinión pública y aunque nunca se probaron judicialmente los delitos de corrupción , la acumulación de indicios y escándalos tuvo un fuerte impacto social, influyendo en el rechazo- junto con su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera- que hizo imposible que los militares le apoyaran en su intento de mantenerse al frente del poder tras las elecciones municipales de 1931, cuyos resultados abrumadoramente antimonárquicos en las ciudades, condujeron a la llegada de la Segunda República.
Durante la Segunda República se produjeron varios casos de corrupción concentrados en la etapa de gobierno de derechas. El primero fue el Caso Straperlo (1935): la introducción de una ruleta trucada en casinos españoles. Su funcionamiento ilegal fue facilitado mediante sobornos a políticos del Partido Radical. Aunque Lerroux no era presidente en el momento de los hechos, el escándalo salpicó a su entorno, incluyendo a su hijo adoptivo y a destacados miembros de su partido, que tuvieron que dimitir.
El segundo caso, el caso Nombela (1935) fue conocido con el nombre del funcionario que lo destapó. El escándalo saltó como consecuencia del pago fraudulento de una indemnización millonaria a la Compañía de África Occidental, tras la cancelación de un contrato público en las colonias africanas. El funcionario Antonio Nombela denunció que la indemnización era injustificada y que el propio Lerroux, como presidente del gobierno, había firmado el expediente. Aunque fue exculpado en la votación parlamentaria, Lerroux no pudo dar explicaciones convincentes y su implicación directa dañó irreversiblemente su imagen y la de su partido, cuyos miembros, tras el inicio del golpe militar que dio lugar a la guerra civil, pasaron a engrosar las filas de los partidarios de Franco.
Ahora nos toca poner la lupa histórica de la corrupción en la dictadura franquista. La corrupción no fue un “mal” en el franquismo: era constitutiva y necesaria para la supervivencia del régimen. La corrupción creaba lazos de solidaridad obligada entre los corruptos y quienes la consentían, distribuyendo privilegios y castigos de forma calculada para asegurar la lealtad y complicidad de los beneficiados. La corrupción funcionaba como un mecanismo de cohesión interna y estaba extendida en todas las estructuras de poder. Franco, la utilizaba como un instrumento de gobierno, gestionando el clientelismo para sostener la estabilidad del régimen y crear complicidades que cimentaron el orden social. Así, la corrupción no era solo un defecto, sino una táctica deliberada para asentar y perpetuar el poder. El propio dictador justificaba su permisividad diciendo que, igual que los reyes medievales repartían títulos, él cerraba los ojos ante la corrupción para recompensar a sus partidarios.
Me voy a ceñir únicamente a dos ámbitos de esta amplia y casi inconmensurable corrupción estructural, ambos relacionados con el hambre y los alimentos durante el primer franquismo . El Auxilio Social, por ejemplo, fue uno de los ámbitos donde la corrupción alcanzó niveles máximos: cargos provinciales expoliaban almacenes para vender alimentos en el mercado negro, se inflaban precios y se falseaban nóminas para quedarse con salarios de trabajadores fallecidos. Estas prácticas eran normalizadas y silenciadas dentro de la organización. Ángel Viñas documenta que Franco se enriqueció durante la dictadura apropiándose del dinero obtenido por la venta de 600 toneladas de café que el dictador brasileño Getúlio Vargas donó en 1939 al pueblo español. En vez de entregar el café gratuitamente, Franco lo vendió a la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, un organismo estatal, por 7,5 millones de pesetas (unos 85,6 millones de euros actuales), ingresando el dinero en una cuenta personal en el Banco de España. Viñas considera este episodio, conocido como la “Operación café”, una muestra clara de la corrupción personal de Franco, desmontando el cultivado mito propagandístico de su austeridad y honradez.
Dejo de lado a propósito otros ámbitos de corrupción política de mucha mayor dimensión y beneficio económico: la ejercida por los militares que presidían el conglomerado de empresas del elefantiásico Instituto Nacional de Industria, la corrupción ligada a las obras públicas de carreteras, primeras autopistas, pantanos y extensión del tendido eléctrico. Dejó de lado también la aparición de la corrupción municipal urbanística amparada por el estímulo económico del desarrollismo de los años 60, también la corrupción ligada al intento de internacionalizar empresas en el mercado exterior europeo: el archiconocido Caso Matesa. Me he centrado adrede en dos espacios de corrupción ligada a la miseria del hambre y el enriquecimiento con la falta de alimentos para que los lectores se puedan hacer una idea de cuál es el extremo de vileza moral al que llegó la derecha franquista durante la dictadura.
Durante el franquismo las élites políticas de la derecha española naturalizaron la corrupción como un fenómeno positivo para la estabilidad del régimen pero también un justi precio y reconocimiento a su compromiso de “servicio público”. Se creó así una transmisión prosopografía de una cultura familiar de la corrupción, en la que los padres cedían el testigo a los hijos en el conocimiento y aplicación de las técnicas de esa corrupción , una corrupción que se tenia “derecho” a ejercer pero nunca se podía reconocer. Esa “ cultura familiar de la corrupción “ transitó sin apenas importantes cambios hasta la democracia, y ahora es uno de los elementos -no el único- que diferencia la corrupción política de la derecha de la corrupción política de la izquierda.
Finalizamos explicando el motivo de elección de esta imagen. Su elección está motivada por su capacidad simbólica para sostener esto que he llamado “cultura familiar de la corrupción» Mariano Rajoy Brey, es hijo de Mariano Rajoy Sobredo. Rajoy Sobredo fue titular del Tribunal Especial de Vagos y Maleantes en León a partir de 1960, con jurisdicción sobre varias provincias del noroeste español. Desde ese puesto dictó numerosas sentencias en aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes, instrumento represivo del régimen contra homosexuales, trabajadoras sexuales y personas consideradas “peligrosas” por el franquismo.
Pero Rajoy Sobredo también fue presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra desde 1969 hasta 1986, y presidió el tribunal del conocido “caso Reace”, que implicó un caso de corrupción de familiares del dictador Franco. El caso giraba en torno a una gran estafa relacionada con el desvío de más de 4 millones de litros de aceite propiedad del Estado, almacenados por la empresa Reace para la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT). El escándalo involucró a altos cargos franquistas y, especialmente, a Nicolás Franco Bahamonde, hermano del dictador, aunque no llegó a ser procesado. El proceso estuvo marcado por la desaparición de un sumario de más de 5.000 páginas, supuestamente debido a reformas en el edificio de la Audiencia.
La sentencia del “caso Reace”, dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra en 1974, condenó a Rodrigo Alonso Fariña, fundador de Reace y principal a 12 años de cárcel y al pago de 167 millones de pesetas en concepto de responsabilidad civil. Alfredo Román Pérez, contable y secretario del Consejo de Administración, fue condenado a 4 años de prisión. Miguel Ángel García Canals, funcionario encargado de la vigilancia de los depósitos, fue condenado a suspensión y multa. No hubo más condenados.
Gracias a las lectoras y lectores que han tenido la paciencia para afrontar la lectura de este forzosamente texto hasta su final. Estoy seguro que han comprendido la necesidad de esta extensión .
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