Hablemos de políticas lingüísticas

Por María Sánchez Arias

El Estado Español es un estado plurilingüe y, para sorpresa de algunos, existen más lenguas en él que el catalán y el castellano. De hecho, además del catalán-valenciano, gallego y vasco, se habla asturiano, la fala de Jálama y el aragonés, sin contar las lenguas maternas de los inmigrantes, como el árabe. Todas ellas, salvo el vasco y la mayoría de las lenguas de los inmigrantes, son lenguas romances, es decir, dialectos históricos del latín. Se ha de aclarar, pues, que tanto el aragonés como el asturiano son lenguas y no dialectos del español, ya que no vienen del castellano, sino del latín.

El catalán, el gallego, el vasco y el aranés son exclusivamente lenguas cooficiales. Después, están las otras lenguas que ni siquiera son cooficiales, como el asturiano que cuenta con más de 600000 hablantes. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la oficialidad y la cooficialidad? ¿qué estatus legal tienen lenguas como el asturiano?

Para ello veamos primero lo que dice la Constitución española en el Artículo 3:

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

La primera diferencia entre oficialidad y cooficialidad ya aparece enunciada en este artículo, pues el castellano es «oficial de [todo] el Estado» mientras que las cooficiales serán oficiales únicamente en la Comunidad Autónoma. El caso del asturiano responde al punto tres del artículo y básicamente la reduce a una pieza museográfica, pues ni siquiera serán oficiales en la CCAA, es decir, no podrá ser usada como lengua vehicular, en las instituciones públicas o en la sanidad. Ello la condena prácticamente a la desaparición, salvo que sus hablantes se esfuercen en que así no sea, como es el caso del asturiano, no, por ejemplo, el del aragonés. Pero ¿por qué esto es así?

La Transición tuvo como consecuencia que las lenguas, que no eran el castellano, se convirtiesen en cooficiales, pero esta decisión dependía exclusivamente de la CCAA y la lengua no estaba exenta de ser usada como arma arrojadiza de la política, pues esta se asociaba y se asocia a determinados nacionalismos. De igual modo, muchos políticos de tendencia neoliberal las consideraban y consideran inútiles si no sirven para ganar dinero. Cataluña, el País Vasco y Aragón, la Comunidad Valenciana con excepciones, las Islas Baleares y Galicia incluyeron en su estatus la oficialidad de la lengua y crearon diferentes legislaciones para normalizar, generalizar su uso en las instituciones e incluirlo como lengua vehicular en las escuelas y colegios[1]. En Asturias, al contrario que en las otras comunidades autónomas, no se llegó a un acuerdo para hacer oficial el asturiano y, en consecuencia, aunque se pudiera dar como asignatura en algunas escuelas y que se asegure que los ciudadanos pueden comunicarse con la administración en su lengua, sigue sin tener un estatus claro. Pero ¿qué consecuencias tiene esto?

En primer lugar, la cooficialidad implica que fuera de la CCAA la lengua no tiene ningún tipo de protección y que en cualquier institución que se considere estatal no podrá ser usada la lengua materna de un gran número de hablantes. Por ello es por lo que ni en la UE ni en el Parlamento o el Congreso se escuchan. Así, se silencia la voz de millones de hablantes. De igual modo, el resto de los hablantes monolingües del Estado español obviamos la riqueza lingüística creando y manteniendo prejuicios absurdos, como que simplemente son dialectos del castellano o que son minoritarias. En segundo lugar, la no oficialidad puede condenar a una lengua a la desaparición, pues al no estar protegida si su estatus social es negativo puede ser desplazada por aquella que de manera inconsciente se considera más útil o importante. Asimismo, al no estar correctamente regulada y normalizada puede fragmentarse, como ocurrió con el vasco antes de los procesos de normalización y oficialización, impidiendo la comunicación entre los propios hablantes o condenarla a la desaparición.

[1] No todas las CCAA lo hicieron de la misma forma. En Galicia fueron más reticentes en un principio mientras que en Cataluña y el País Vasco evolucionó de manera distinta. De igual modo, no es que la lengua se convirtiera en lengua vehicular en todos los centros, sino que había varios modelos educativos en los que predominaba una de las dos lenguas.