La agenda de Lasso está encaminada a destruir las escasas, pero importantes conquistas históricas de la clase trabajadora en el país andino apenas acaba de empezar.
Christian Orozco
El gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht ya nos advertía sobre el peligro que los dueños del capital financiero representan para las sociedades cuando afirmaba que robar un banco es delito, pero más delito es fundarlo. En el caso del Ecuador, esta advertencia cayó en saco roto y actualmente uno de ellos ocupa el cargo de presidente de la república. ¿Qué ha supuesto este hecho para el país? ¿Es Guillermo Lasso un Lenin Moreno 2.0? Veámoslo.
En el ámbito laboral, a pesar de los ofrecimientos en época de campaña de elevar el salario mínimo hasta los 500 USD, la denominada Ley de Oportunidades Laborales a presentarse en la Asamblea Nacional en escasas semanas marca toda una declaración de intenciones antiobrera y pegada a la ortodoxia fondomonetarista, destacando el proyecto de ley para eliminar la jubilación patronal —pensión mensual que los empleados reciben del empresario cuando superan los veinticinco años en una misma empresa de forma consecutiva—, y la eliminación de la indemnización por despido hasta los tres años. Todo ello aderezado con la manida perorata empresarial de la necesidad de crear empleo difundida por los grandes conglomerados mediáticos del país. En este sentido, todo apunta a que las condiciones laborales marchan hacia mayores niveles de precariedad y explotación en un país donde incluso existen denuncias de esclavitud moderna.
En el sector agrario el panorama no es diferente. La llegada del crédito barato para el agro prometida en campaña se convirtió en humo al ocupar la silla presidencial de Carondelet. Es más, específicamente en los sectores lecheros, bananeros y arroceros del país asistimos a incipientes protestas debido al incumplimiento en relación con el ofrecimiento de fijar precios mínimos de sustentación acordes a los costes de producción y las necesidades vitales de agricultores, ganaderos y sus familias. A ello se suma una cuestión más grave si cabe, el avance de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y China, lo cual supondría en la práctica un golpe mortal para los pequeños y medianos productores agrarios y para la soberanía alimentaria del Ecuador. Toda posibilidad de protección de la producción agraria local —aranceles, cuotas de importación, precios mínimos de sustentación, etc.— se va a convertir en simple papel mojado.
Suma y sigue. La agenda de Lasso encaminada a destruir las escasas, pero importantes conquistas históricas de la clase trabajadora en el país andino apenas acaba de empezar. Muestra de ello es la decisión del ejecutivo de regresar al Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el cual se había abandonado durante la administración Correa hace más de una década debido a su sesgo hacia la defensa de los intereses exclusivos de las grandes corporaciones transnacionales. Sin duda alguna, el objetivo de esta decisión está claro: favorecer el flujo de capitales al país encaminado a la privatización de importantes empresas públicas, incluidas la empresa petrolera Petroecuador, el Banco del Pacífico, la Corporación Nacional de Telecomunicación, entre otras.
En el ámbito educativo el panorama tampoco es halagüeño. La demagógica propuesta del banquero de eliminar la Senescyt y dar mayor «libertad» a los alumnos para estudiar lo que ellos quieran, en la práctica se ha traducido en mayores recortes al presupuesto público, más trabas para que los estudiantes de bajos recursos puedan participar de la enseñanza superior, la libertad para que las famosas universidades privadas de garaje vuelva a abrir sus puertas promocionando atípicas carreras como la ingeniería del banano o la ingeniería en cosmética, o sin duda, el botón de muestra del cinismo de este gobierno: la estrategia «Apadrina una escuela». Cuando los derechos se eliminan, la filantropía, la caridad y la limosna parece que están llamadas a convertirse en una solución para este gobierno. De hecho, para 2021 según los datos más actualizados de UNICEF, en el Ecuador un 27,2% de menores de dos años sufre de desnutrición crónica, ocupando el vergonzoso segundo puesto en América Latina solo por detrás de Guatemala.
Cuando el proceso de vacunación avance y paulatinamente el miedo a la pandemia vaya remitiendo, y otros miedos sociales —pobreza, desigualdad, desempleo, inseguridad ciudadana, hambre…— se vayan alimentando, el pueblo ecuatoriano tendrá que levantar su voz y hacerse oír. La guerra de clases está más presente que nunca y el futuro augura, sin visos de duda, el incremento de la conflictividad social, tal y como ocurrió en octubre de 2019, o más atrás en el tiempo, a finales de los años noventa, cuando la aplicación de este tipo de políticas desembocó en un exilio de aproximadamente un diez por ciento de la población ecuatoriana, en busca de mejores días.
Las privatizaciones, la apertura externa y la flexibilización laboral son la trinidad del capital en esta etapa del capitalismo, máxime en la periferia. Por ello, en Ecuador, luchar contra estas, no significa solo combatir al gobierno de Lenin Moreno 2.0, sino también, y, sobre todo, cuestionar el papel dominante de la lumpemburguesía ecuatoriana, verdaderos titiriteros del poder político en este país.
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