Gobierno de Coalición Progresista: ¡sí se puede!

Por Víctor Arrogante

Ya tenemos un Gobierno de Coalición Progresista, que va a tener enfrente una oposición de las más duras de la historia. Tendrá que afrontar desafíos en materia de empleo, fiscalidad, emergencia climática, reto demográfico, cultura, deporte, igualdad, memoria democrática, derechos sociales, pensiones y vivienda; desafíos territoriales, judiciales, económicos de envergadura y con un parlamento muy fragmentado. Uno de los principales objetivos de la coalición será demostrar que se puede lograr una cierta estabilidad legislativa para los próximos cuatro años. Todo por ver; toda esperanza.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación de su Gobierno, ha garantizado el «firme propósito de unidad» de su Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos que tendrá varias voces, pero una misma palabra. Sánchez ha admitido la singularidad del nuevo Ejecutivo por ser el primero de coalición de la democracia, que tendrá que recorrer un camino nuevo que, en su opinión, «va a servir de referencia al futuro». Además ha señalado que este modelo de Gobierno pone a la política española en la misma senda europea donde conviven muchas mayorías basadas en el entendimiento de distintos partidos.

El nuevo Consejo de Ministros, será uno de los más numerosos de la democracia, con 23 miembros incluido el Presidente. Siguiendo su propio estilo, se ha rodeado de perfiles técnicos, bajo mínimos en la representación del PSOE, optado por un buen número de independientes de reconocido prestigio. Por su parte, Unidas Podemos ha tirado de carga política para las carteras ministeriales: están los líderes de Podemos e IU, así como Yolanda Díaz, dirigente histórica de la izquierda gallega, e Irene Montero, que es de los principales cargos de la formación. En lo que ha reforzado Sánchez al PSOE ha sido en la portavocía del Gobierno. En cuanto a la paridad que se garantizaba durante la campaña electoral, no se da; hay doce hombres y once mujeres (52%/48%).

Pablo Iglesias zanja el debate sobre las vicepresidencias «Será un honor y un privilegio compartir rango con tres mujeres brillantes«. Iglesias, que ocupará la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, tendrá el mismo rango que Carmen Calvo (Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria), Nadia Calviño (Economía y Transformación Digital), y Teresa Ribera (Transición Ecológica y Reto Demográfico). Iglesias manifiesta que «frente a los que busquen sembrar la cizaña: compañerismo, trabajo en equipo y buen humor». En cualquier caso, Podemos considera que lo más importante es que el Gobierno de Coalición cumpla el programa acordado entre Unidas Podemos y el PSOE, independientemente de la estructura del Ejecutivo y las personas que ha elegido el presidente Pedro Sánchez para integrar el Consejo de Ministros.

El nuevo Gobierno se va a nutrir de ideas plurales «y hablará con distintas voces, «pero con una misma palabra», insistiendo en que la pluralidad del Ejecutivo es reflejo de la pluralidad de la mayoría progresista que hay en España. Sánchez ha explicado su nuevo Gobierno tendrá como pilares el «diálogo, el entendimiento y la convivencia de familias políticas distintas». Según explicó, ha diseñado su Gobierno con competencias muy precisas y tasadas, justificando así por que ha desgajado Trabajo y Seguridad Social.

Uno de los principales retos del Gobierno de Sánchez es la resolución del conflicto político en Catalunya. El líder socialista ha gestionado los apoyos de su investidura en base a una negociación que resuelva, mediante el diálogo, este problema territorial. Con parte del anterior Govern de la Generalitat en prisión, los partidos independentistas han centrado sus estrategias en la petición de una amnistía sobre la que, al menos de momento, Sánchez no se ha posicionado. El líder socialista ha avanzado que ésta será una legislatura de diálogo.

Sin embargo, el dilema territorial no acaba en Catalunya. Durante las negociaciones de investidura otras formaciones han constatado los principales problemas de otros territorios. Mientras comunidades como Euskadi o Galicia también muestran tensiones culturales y la voluntad nacional de algunos partidos, otras han puesto sobre la mesa problemas como el de la denominada España vaciada.

El acuerdo de coordinación entre el PSOE y Unidas Podemos firmado y que regirá las relaciones entre ambas formaciones, se basa en el documento que, con el mismo objetivo, suscribieron el PNV y el PSOE en noviembre de 2016 para protocolizar sus relaciones tras la formación de gobierno en el País Vasco. Los miembros del gobierno de coalición, optaron por basarse en el modelo vasco de coordinación por considerarlo «el más solvente y adaptado al derecho y a la tradición política española», introduciendo algunas innovaciones.

Entre las principales cuestiones del Presupuesto están las pensiones (limitadas por ley a una actualización anual del 0,25% por parte del PP), la subida salarial a 1.000 euros para 2020 (1.200 en 2024) o la aprobación de un ingreso mínimo vital. Sánchez e Iglesias deberán convencer a algunas de las formaciones que han dado su apoyo en la investidura, pero que se muestran más reticentes en cuestiones económicas, como el PNV y la negativa de las organizaciones empresariales.

El Grupo Vasco ya ha advertido de que su pretensión no es la de derogar la reforma laboral, una medida que aparece reflejada en el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. Antes del proyecto presupuestario, el Parlamento deberá aprobar un techo de gasto, que marcará los límites de las políticas económicas, una cifra que deber ser validada en el Senado. Tras las elecciones del 10 de noviembre, el PSOE no cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, que está tan fragmentada como el Congreso, por lo que deberá alcanzar un pacto múltiple con diversos grupos en el Senado.

El debate de investidura ha constatado que la oposición al Gobierno de coalición no piensa conceder ni los tradicionales 100 días de rigor al nuevo ejecutivo. El PP, Vox y Ciudadanos han cargado duramente contra Sánchez e Iglesias, llegando a tildar al líder del Ejecutivo de traidor o, incluso, manifestando que su mayoría se apoya en ETA. Pablo Iglesias le pidió al líder socialista firmeza democrática y buen tono frente a estos ataques, que, al menos de momento, no tienen pinta de ceder después de la investidura.

Desde Poletika, plataforma formada por más de 500 organizaciones sociales y no gubernamentales (Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Oxfam, Médicos del Mundo, Greenpeace o Save the Children, entre otras), valoran positivamente las medidas de empleo, protección social y fiscalidad que contiene el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Según destacaron en un comunicado, el acuerdo «contribuirá a una sociedad más justa y sostenible«. Consideran que, de cumplirse, el pacto contribuirá a reducir notablemente la creciente brecha entre ricos y pobres.

Consideran positivas las  medidas fiscales acordadas: la lucha contra los paraísos fiscales, el compromiso por una fiscalidad internacional más justa y el incremento del tipo efectivo de las grandes empresas al 15%. Destacan también las medidas para reducir la precariedad laboral y creen que tendrán impacto sobre todo en las mujeres. El compromiso de derogación de la llamada Ley Mordaza es esperanzador

Uno de los principales retos del nuevo Gobierno de Progreso es sacar adelante sus medidas, de manera que puedan lograr una estabilidad parlamentaria que garantice la aprobación de las principales medidas del acuerdo. Para saber si el cambio de discurso lleva aparejado un cambio real, habrá que esperar a conocer detalles de cada una de las medidas, ver cómo quedan dibujadas tras su trámite parlamentario y, sobre todo, saber cómo se reflejan en los Presupuestos Generales del Estado.

Ahora, tanto Iglesias como Sánchez deberán validar una dinámica de trabajo que demuestre la utilidad del Gobierno de Coalición, una fórmula interiorizada en otros países de Europa pero que en España es inédita en la historia reciente.

Sánchez espera abrir la legislatura del entendimiento y del diálogo en lo social, lo territorial y lo generacional. Por ello, hizo un llamamiento a abandonar la crispación, los vetos y la discordia. Indicó que quiere un Gobierno que sea «activo, ejecutivo y resolutivo» y con claros valores progresistas, marcándose cinco objetivos: afianzar el crecimiento y el empleo, abordar el conflicto territorial, la justicia social, la transformación digital y la plena igualdad de la mujer.

El Gobierno de Coalición, según los acuerdos firmados, comparte la importancia de asumir el compromiso en defensa de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos como guía de acción del Gobierno, de acuerdo con lo que representa la mejor tradición europea. Por ello, los ejes prioritarios de actuación han de centrarse en dar respuesta a los principales retos que tiene ante sí la sociedad española.

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