Con la excepción de un periodo golpista en 2019-2021, el partido político Movimiento Al Socialismo (MAS) ha encabezado el gobierno de Bolivia desde el inicio de la presidencia de Evo Morales en 2006.
Por WT Whitney Jr | Peoples World
El gobierno del MAS, ahora encabezado por el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, anunció el 12 de julio que su Censo de Población y Vivienda cada diez años se trasladaría del 16 de noviembre de 2022 a algún momento de 2024.
Los portavoces atribuyeron el cambio a las dificultades que conllevaron la pandemia, la necesidad de traducciones a los idiomas indígenas, la incertidumbre de los recursos financieros y el tiempo adicional requerido para los cambios “técnicos”.
Los líderes del departamento de Santa Cruz, en las tierras bajas orientales de Bolivia, el más grande del país, exigieron de inmediato un censo en 2023, no en 2024. El gobernador del departamento Luis Camacho y Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, advirtieron que sin un acuerdo sobre el censo, iniciarían un paro destinado a desbaratar la economía del departamento, y con ello la economía nacional.
En respuesta, “más de un millón de bolivianos se movilizaron” el 25 de agosto en apoyo al gobierno y en contra de un grupo de liderazgo regional que es la vanguardia de la oposición al gobierno socialista e indígena de Bolivia. Aun así, la huelga comenzó el 22 de octubre. La historia boliviana reciente sugiere que otro golpe podría estar a la vista.
Los resultados del censo ayudan a determinar la distribución nacional de los servicios y recursos proporcionados por el gobierno y son la base para la representación de cada departamento en la Asamblea Legislativa nacional. Las fuerzas de oposición en Santa Cruz ven la operación del censo nacional, tal como está constituido actualmente, como beneficioso para su lado, particularmente para las elecciones nacionales de 2025.
Ellos ven una ventaja en el aumento del número de pueblos indígenas que migran recientemente desde las tierras altas asoladas por la pobreza de Bolivia a Santa Cruz, que cuenta con recursos económicos. Esa ventaja radica en que los pueblos indígenas se presenten en el censo con una identidad distinta a la indígena.
El censo nacional de 2012 generó controversia cuando mostró que muchos indígenas se identifican como mestizos y no como pertenecientes a una nación indígena en particular. Eso fue alentador para los líderes reaccionarios y racistas de Santa Cruz, que no tienen entusiasmo por aumentar la representación indígena en la asamblea legislativa nacional.
El gobierno de Arce, por el contrario, se opone a un recuento insuficiente de indígenas y especialmente en los departamentos de las tierras bajas orientales, donde su número está aumentando.
La categoría de mestizo no apareció en el censo de 2012 y no forma parte del censo en disputa ahora. Los líderes de Santa Cruz insisten en que esa identidad mestiza se incorpore al censo. Se buscó el asesoramiento de expertos en 2012 y el gobierno de Arce ahora propone lo mismo.
Las peculiaridades de Santa Cruz son centrales en esta historia. Por un lado, los cuatro departamentos más orientales de Bolivia, particularmente Santa Cruz, producen la mayor parte de la riqueza de Bolivia. Santa Cruz alberga operaciones agrícolas a escala industrial e instalaciones para la producción de petróleo y gas natural. Esta región de tierras bajas representa la mayor parte de los ingresos de exportación de Bolivia.
Las realidades son estas: Santa Cruz por sí sola representa el 76% de la producción de alimentos del país, toda su producción de sorgo y aceite de girasol, el 99% de sus productos de soya, el 92% de su caña de azúcar, el 75% de su trigo, el 72% de su arroz, y el 66% de su maíz. En 2021, los agricultores poseían 4,6 millones de cabezas de ganado, más de un millón de cerdos y 130 millones de pollos.
Entre los departamentos, Santa Cruz consume el 39% del combustible diésel del país y contiene la mayor parte de las reservas de gas natural de Bolivia, que se ubican como las segundas más grandes de Sudamérica . El Financial Times elogia el crecimiento explosivo de la economía de Santa Cruz y las grandes inversiones extranjeras. Menciona a la ciudad de Santa Cruz como una de las áreas urbanas de más rápido crecimiento en el mundo.
También es relevante para la historia de la huelga la naturaleza reaccionaria y racista de los líderes de la oposición en Santa Cruz. Están utilizando al “Comité Cívico” del departamento para organizar el paro y a la Unión de Jóvenes de Santa Cruz para realizar acciones callejeras violentas al estilo paramilitar. El gobernador Luis Camacho anteriormente encabezó el Comité Cívico de Santa Cruz.
Los comités cívicos de todos los departamentos se originaron hace décadas como respuesta a las tensiones nacional-regionales. Miembros de antiguas familias de Europa del Este, algunos de ellos grandes terratenientes, pertenecen al comité cívico de Santa Cruz. Muchos trajeron consigo la ideología fascista cuando emigraron a Bolivia después de la Segunda Guerra Mundial.
En la última de tres grandes manifestaciones en Santa Cruz, Camacho anunció el 30 de septiembre el inicio el 22 de octubre de un paro antigubernamental de duración “indefinida”. En funcionamiento, la huelga ha llevado a la colocación de barreras en las principales carreteras para impedir las exportaciones y las entregas de productos básicos en el país, principalmente alimentos. Los líderes de la huelga han obligado a cerrar fábricas y centros comerciales clave.
La Unión de Jóvenes y otros matones han realizado manifestaciones antigubernamentales y luchado en las calles contra los simpatizantes del MAS y la policía nacional. Ha habido heridos, violaciones de derechos humanos y un muerto. El paro ha tenido poca repercusión en los demás departamentos del oriente.
Con presencia en los pasos fronterizos, los huelguistas han reducido drásticamente el tránsito de mercancías exportadas. El 27 de octubre, las autoridades gubernamentales, anticipándose a la escasez interna de alimentos, prohibieron todas las exportaciones de Santa Cruz de productos de soya, carne de res, azúcar y aceite vegetal.
El gobierno y los activistas del MAS organizaron un mitin y una marcha de cientos de miles de personas antes de que comenzara la huelga, y otra al día siguiente. En La Paz, el 26 de octubre, un enfrentamiento entre oficialistas y una marcha opositora dejó 20 heridos.
El gobierno realizó el 25 de octubre un “Encuentro Plurinacional por un Censo Consensuado”. Asistieron funcionarios de todo el país. Surgió una propuesta que permitiría a una comisión técnica determinar una fecha para el censo nacional.
Camacho la rechazó, pero los líderes opositores Rómulo Calvo y Vicente Cuéllar aceptaron la propuesta. En entrevista, Camacho aseveró que el federalismo sigue siendo la única solución a la “fisura” presente desde la “fundación de la República”.
El 1 de noviembre, el presidente Arce, refiriéndose a las amenazas a la “integridad nacional”, llamó a los mandos militares a “garantizar y defender la independencia, unidad e integridad de nuestro territorio”. Un vocero presidencial indicó que Arce favorecía nuevas negociaciones sin fecha establecida para el censo y sin condiciones.
Los eventos en Santa Cruz se alinean con una historia sombría. El acceso al poder del presidente Evo Morales en 2006 fue la culminación de la antigua resistencia indígena contra los colonialistas europeos y del reciente retroceso contra los ataques neoliberales infligidos por facilitadores locales de los objetivos de la clase dominante estadounidense y europea.
Las conquistas sociales logradas por el gobierno liderado por el MAS y su programa de modesta distribución de la riqueza parecieron cimentar su lugar en la historia y ciertamente inflamaron las animosidades de los reaccionarios en Santa Cruz y a nivel nacional.
Mientras se redactaba una nueva constitución, que fue aprobada en 2009, Santa Cruz y los departamentos orientales vecinos protagonizaron una revuelta separatista alimentada por el racismo. Un complot fallido de asesinato contra Morales en 2008 fue parte de ello. Durante este período, el gobierno de Morales expulsó a un embajador de EE. UU. y a la Agencia Antidrogas de EE. UU.
El gobierno de los EE. UU. y la Organización de los Estados Americanos, al servicio de los Estados Unidos, facilitaron el golpe que derrocó al gobierno de Morales en 2019 después de su elección para un cuarto mandato. Luis Camacho de Santa Cruz lideró el golpe y supuestamente entregó el dinero estadounidense utilizado en varios sobornos. Participaron militares de Bolivia.
La presidenta del gobierno golpista, Jeanine Áñez, ahora está en prisión, en parte debido a los abusos contra los derechos humanos y los asesinatos cometidos por soldados durante su mandato.
El actual gobierno encabezado por el MAS nació en 2020 tras la victoria electoral en primera vuelta de Arce y Choquehuanca. Su índice de aprobación actualmente es del 51% . El presente paro ha hecho retroceder los esfuerzos gubernamentales para restaurar una economía nacional devastada por las reformas neoliberales del gobierno golpista y por los efectos de la pandemia.
Arce, al informar a la Asamblea Legislativa el 8 de noviembre, indicó que “tenemos plena certeza de que nuestro pueblo nos respalda plenamente y reconoce un gobierno nacional patriótico que vela por el bienestar nacional, que está por encima de los intereses sectarios y regionales. ” Observó que “en tiempos de crisis, siempre son los pobres los que terminan perdiendo más, o perdiéndolo todo”.
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