Hannah Arendt habló de la banalidad del mal: no siempre es obra de monstruos, sino de burócratas, oficiales y políticos que justifican la violencia masiva como si fuera un trámite administrativo.
Por Isabel Ginés | 14/08/2025
En el debate público actual, la palabra genocidio incomoda. Se nos advierte que no debe usarse a la ligera, que es un término cargado de historia y dolor. Y es cierto. Precisamente por eso, hay que emplearlo cuando la realidad lo exige. Lo que ocurre en Gaza no es solo una tragedia humanitaria: reúne, uno por uno, los elementos que la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (ONU, 1948) establece. Negarlo es cerrar los ojos a un crimen que, esta vez, no ocurre en la sombra, sino a plena luz.
La Convención define genocidio como cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, incluyendo matar, infligir daños físicos o mentales graves, o imponer deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física. El cerco absoluto a Gaza, el bloqueo de alimentos, medicinas y agua, la destrucción de hospitales, escuelas y viviendas, y la prohibición de retorno de desplazados constituyen precisamente esa imposición de condiciones letales.
No lo digo solo yo: organismos como B’Tselem o Médicos por los Derechos Humanos han documentado una aniquilación deliberada y sistemática de las condiciones necesarias para la vida de la población palestina. La Corte Internacional de Justicia, en su resolución preliminar de enero de 2024, consideró plausible que Israel esté cometiendo genocidio. No es un mero juicio moral: es una alerta jurídica.
Se nos acusa de banalizar el Holocausto al establecer este paralelismo. No se trata de equiparar en todos los detalles, sino de identificar patrones que se repiten: la deshumanización del enemigo, la construcción de un relato donde todo un grupo es una “amenaza existencial”, el uso del castigo colectivo como herramienta política y militar, y la destrucción sistemática de las condiciones de vida.
El nazismo no empezó con cámaras de gas, sino con leyes discriminatorias, aislamiento económico y social, expulsiones y violencia estructural que, poco a poco, se volvió masiva. Gaza sigue un guion inquietantemente similar: años de asfixia económica, bloqueo total, aislamiento del mundo exterior y, finalmente, operaciones militares que arrasan con lo que queda.
Hannah Arendt habló de la banalidad del mal: no siempre es obra de monstruos, sino de burócratas, oficiales y políticos que justifican la violencia masiva como si fuera un trámite administrativo. Ese mal burocrático, que normaliza lo intolerable, está presente en Gaza tanto como lo estuvo en la Alemania nazi.
A diferencia del Tercer Reich, que intentó ocultar sus crímenes, en Gaza la destrucción se transmite casi en directo. Las imágenes, testimonios y datos circulan libremente, aunque también bajo el filtro de la propaganda de todas las partes. El problema no es la falta de información, sino la falta de voluntad para actuar. Cuando el horror se vuelve cotidiano, el riesgo no es la ignorancia, sino la indiferencia.
El genocidio no requiere exterminio total ni hornos crematorios. Basta con la intención demostrable de destruir a un grupo y las acciones concretas para lograrlo. La destrucción de infraestructuras esenciales, el bloqueo del acceso a bienes vitales y el desplazamiento forzoso de más de un millón de personas no son daños colaterales: son políticas. Y las políticas se diseñan, se planifican y se ejecutan con objetivos claros.
La comparación con el Tercer Reich no banaliza el Holocausto; lo honra, al aplicar sus lecciones para reconocer patrones y evitar que se repitan. Negarse a ver el paralelismo es un ejercicio de ceguera voluntaria. Y, como recordaba Arendt, el mal prospera donde se convierte en mera “opinión” y no en una realidad que exige acción. Si después de Auschwitz dijimos Nunca más, entonces Gaza nos obliga a preguntarnos: ¿cuántas veces está permitido traicionar esa promesa?
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