Portaba una pancarta de protesta en uno de esos “saltos”, o manifestaciones breves, que se producían de forma organizada, y se disolvían cuando aparecían los gorilas uniformados del régimen.
Por Angelo Nero
Jesús Mari García Ripalda, en los estertores de la dictadura franquista, fue uno de los jóvenes, tenía sólo 23 años, que se atrevía a disputarle la calle a los grises, a esa temible Policía Armada, fuerza de choque del régimen que reprimía con dureza cualquier conato de contestación política, social o laboral. Era una tarde del 31 de agosto de 1975.
Tres días antes, un consejo de guerra celebrado en Burgos, había dictado pena de muerte contra los militantes de ETA político-militar José Antonio Garmendia Artola y Ángel Otaegui, por la muerte de un guardia civil. Ángel Otaegui sería ejecutado el 27 de septiembre de ese mismo año, junto a otro militante de ETA (pm), Juan Paredes Manot, Txiki, y Garmendia, el Tupa, le sería conmutada la pena por 30 años de prisión, y en junio de 1977 sería excarcelado y extrañado a Oslo.
Ese 31 de agosto, García Ripalda, militante del EMK (Euskadiko Mugimendu Komunista), el Movimiento Comunista de Euskadi, había salido a protestar contra la sentencia de la justicia militar franquista, en Donostia. Portaba una pancarta de protesta en uno de esos “saltos”, o manifestaciones breves, que se producían de forma organizada, y se disolvían cuando aparecían los gorilas uniformados del régimen. En ese momento eran unos trescientos, los militantes y simpatizantes que desafiaban a las fuerzas del orden cortando las calles de San Sebastián. Seguramente por ser portador de la pancarta fue señalado por la mira del arma que disparó un policía de la Brigada Político Social, y que acabó con su vida.
Fue en el cruce de las calles Padre Larroca con Karkizano, en el barrio donostiarra de Gros, cuando el grupo que protagonizada el salto fue interceptado por varios policías de paisano, y uno de ellos disparó a bocajarro contra el joven García Ripalda, en el abdomen. Se desplomó, todavía consciente, y fue trasladado al hospital militar General Mola, que estaba en desuso y donde no había ningún médico, solamente enfermeras que no pudieron hacer nada para salvar su vida. ““¡Avisad a mi madre!” fue su última petición, que no fue atendida. Fue llevado al cementerio de Polloe, donde su madre, Petra Ripalda, fue la única autorizada a velarlo, custodiada por dos policías armados.
La misma noche declararon en el Gobierno Civil, -la Diputación de Guipúzcoa estaba presidida por el requeté Juan María de Araluce Villar, que perdería la vida en un atentado de ETA en octubre de 1976-, tres policías: Lestón, que era el jefe de la unidad, y José Fernández Espejo y Miguel Ángel Muñoz Rodríguez. Todo apunta a que uno de ellos fue el autor del disparo que segó la vida del militante comunista.
La versión oficial, que quedó plasmada en el expediente fue esta: “Los tres policías siguieron al grupo de 300 manifestantes por la calle Miracruz que portaban pancartas con propaganda subversiva, palos, con el fin de fijarse en los cabecillas. Pero al parecer el policía José Fernández Espejo fue reconocido por uno de ellos, que resultó ser García Ripalda, quien agredió a dicho policía soltando la pancarta y asiendo un barrote con las dos manos asestó un golpe al policía y acto seguido esgrimió una navaja con la que intentó continuar la agresión, por lo que el policía sacó su pistola sin que eso amedrentara al agresor, quien soltando la navaja se enzarzó en una pelea cuerpo a cuerpo con ánimo de arrebatarle la pistola, siendo en esa lucha cuando se disparó la pistola, causando la muerte de García Ripalda”.
Se le practicaron dos autopsias, la segunda realizada por un médico militar en estado de embriaguez, que después de hacer una auténtica carnicería con el cuerpo de García Ripaldo, certificó que había muerto por anemia y parada cardíaca.
En medio de una fuerte presencia policial armada, fue enterrado el joven, y su familia fue objeto de persecución durante un tiempo, con los teléfonos intervenidos y bajo una constante vigilancia.
Un juez militar corrió a cargo de la instrucción del sumario, y calificó a joven asesinado como terrorista, pidiendo a la Capitanía General de Burgos el archivo del mismo, lo que fue confirmado el 20 de noviembre, el mismo día en el que el dictador dejaba de respirar. No hubo investigación ni juicio, los policías siguieron en activo e incluso fueron premiados. Fue otro de los crímenes de la Transición Sangrienta que quedaron impunes.
Hasta el año 2010 García Ripalda no fue reconocido como víctima policial. En 2011, el alcalde Odón Elorza entregó la Medalla de Oro del Ayuntamiento de San Sebastián a la familia de Jesús García Ripalda.
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