La frustración y la falta de expectativas de la que se alimenta el voto de la extrema derecha, aquí y en Francia, se sirve de la precariedad que se ha instalado en el mundo del trabajo, de la desigualdad que ha promovido el modelo económico neoliberal y del desprestigio intencionado de todo aquello que es público.
Por Ricard Bellera, sindicalista y periodista
El mapa social y político que traslada la segunda vuelta de las presidenciales francesas es muy preocupante. A pesar de que tal vez no sea extrapolable, sí muestra la consolidación de una tendencia de fondo que nos es común. El voto a la candidata de la extrema derecha ha sido un voto mayoritariamente obrero (67%), de personas con bajos ingresos y/o en situación de desempleo (64%) y de personas con poca cualificación (52%). A Macron le ha salvado en última instancia una doble conjunción. En primer lugar se ha beneficiado del apoyo de las personas con buenos ingresos (65%) y cuadros (77%), que tradicionalmente votan a la derecha, pero también del de las personas más cualificadas, que suelen votar a la izquierda, y que, ante la alternativa, han ejercido mayoritariamente un voto de ‘responsabilidad’. A este primer factor socioeconómico hay que sumar otro de tipo demográfico. De los 10 millones de ciudadanos franceses de más de 70 años, un 85% ejerció su derecho de voto, y, de estos, un 71% se decantó por Macron. La misma opción que escogieron seis de cada diez votantes menores de 25 años.
El voto por Marine le Pen ha sido así el voto de los desfavorecidos e insatisfechos (80%), el voto de castigo de personas de mediana edad que han visto cómo la pobreza y la marginación se convertían en su principal rutina, de personas que cultivan, como principal certeza, la de que ya no mejorarán su situación personal. Cuando la injusticia se alza como único horizonte, la tentación es la de sacrificar lo que queda de esperanza y de libertad a una dominación que se presenta con la promesa falsa de aplacar los agravios, de no hacer distinciones, o de no hacerlas entre quienes comparten una misma identidad y frontera. La frustración y la falta de expectativas de la que se alimenta el voto de la extrema derecha, aquí y en Francia, se sirve de la precariedad que se ha instalado en el mundo del trabajo, de la desigualdad que ha promovido el modelo económico neoliberal y del desprestigio intencionado de todo aquello que es público. Es este el contexto que ha marcado las presidenciales francesas y es también el escenario al que nos podríamos enfrentar en un eventual adelanto electoral en nuestro país.
Frente a esa hipótesis son muchas las medidas y recursos que se han activado por parte del gobierno para paliar los efectos de la pandemia y promover un mayor grado de cohesión. Se ha intervenido también en algunas de las políticas más lesivas que promovió el gobierno del PP mediante reformas impuestas, gracias a su mayoría absoluta, en el marco de la Gran Recesión. En el caso de las pensiones, la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo, ahora recuperada, supone una cuestión que no es menor si se considera la ponderación del voto de las personas de más edad en las elecciones francesas. Se trata por tanto de mantener ese compromiso a pesar del implacable bombardeo mediático al que seremos sometidos a medida que vaya avanzando el año, y de las previsibles presiones que se ejercerán desde Bruselas. Ir a unas elecciones generales con una renuncia o excusa en lo relativo al incremento de las pensiones sería, en el contexto que hemos presentado, lo más parecido a la crónica de un suicidio político anunciado. Pero junto a las pensiones está también lo relativo al mundo del trabajo.
El incremento de la contratación indefinida y del número de personas afiliadas que corroboran los datos de la Seguridad Social y la reciente EPA, confirman el éxito de la reforma laboral. Si la mejora se mantiene y se sabe trasladar a los trabajadores y trabajadoras, tendrá sin duda un influjo positivo. Pero está además la cuestión de los salarios, y de cómo evolucionen estos en el marco de una inflación que presiona especialmente sobre las rentas más vulnerables. El Real Decreto aprobado en el congreso y los pasos dados por parte del gobierno, con tal de cambiar el sistema de tarifa eléctrica y reducir la parte más volátil del IPC, tendrán su efecto, pero no será suficiente para superar la pérdida de poder de compra. En este ámbito es perentorio reforzar el apoyo a las rentas más vulnerables ampliando el escudo social, facilitar que las personas jóvenes vean una mejora sustancial en sus condiciones laborales que las salve de la precariedad endémica que comportan prácticas y becas, y garantizar el cumplimiento de los compromisos suscritos en los convenios colectivos. Esa es la mejor manera de hacer frente a la estrategia de erosión permanente de la extrema derecha. Esas son las reivindicaciones por las que nos movilizaremos este primero de mayo.
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