Francisco Caballero Requejo, la obligación de recordar a las víctimas

Es obligado señalar que el titular del Ministerio de Interior, en esos momentos, era el teniente general Antonio Ibáñez Freire, un franquista convencido y reconocido, que había participado en el bando sublevado en la Guerra Civil, y posteriormente en la División Azul

Por Angelo Nero

Un simpatizante del PCE, muerto en Bilbao por disparos de la policía”, era el titular de la noticia aparecida en el diario El País, el 7 de noviembre de 1979, firmada por el periodista Patxo Unzueta. Unzueta, que haría carrera en el periódico de Prisa, no solo en la redacción, sino como editorialista, y como celebrado “etólogo”, había iniciado sus pasos como periodista en las publicaciones partidistas de la Liga Komunista Iraultzailea (LKI), y en Punto y Hora de Euskalerria, y había militado en ETA, aunque sus posiciones políticas fueron, tras su desembarco en el diario de Polanco, totalmente contrarias a la organización armada, sobre la que escribió varios libros.

El artículo de Patxo Unzueta comenzaba así:“Francisco Caballero Requejo, de veinticuatro años, simpatizante del Partido Comunista de Euskadi, resultó muerto al ser alcanzado por los disparos efectuados por varios policías de paisano contra el vehículo en que, poco después de las tres de la madrugada de ayer, circulaba por el barrio bilbaíno de San Francisco, en compañía de un amigo. Este último, Lucas Martín, que figuró como candidato en las listas del PCE para las elecciones municipales en Ortuella (Vizcaya), ha desmentido la versión oficial de los hechos, según la cual los policías se identificaron y dieron el alto reiteradamente antes de disparar. (…) Francisco Caballero y su amigo, que acababan de abandonar el domicilio de un cuñado del primero, circulaban, hacia las tres de la madrugada, por la calle de La Laguna, a bordo de una furgoneta Citroën 2CV, propiedad de la empresa en que la víctima prestaba sus servicios como chófer de la misma. La versión policial asegura que, a esa hora, dos coches-patrulla tipo K, sin distintivos externos, estaban procediendo a la identificación de varias personas cuando «se apercibieron de que los ocupantes de la furgoneta BI-4754-P adoptaban una actitud sospechosa».”

En el diario ABC también titulaban “Al parecer, desatendió las señales de alto”, en un artículo en el que aportaban más datos sobre el suceso, señalando que el Francisco Caballero “tenía 24 años, estaba casado y era natural de Muelas de Pan, en Zamora, aunque era residente en la calle General Mola, en Ortuella, Vizcaya.” De su acompañante, Lucas Martín Casado, señalaban que tenía “30 años, también casado, natural de Zamora, y vivía en la misma calle de Ortuella.”

Volviendo a la crónica de Patxo Unzueta en El País: “Según la citada versión, un policía se colocó a un lado dando voces “de «¡Alto, policía!», exhibiendo su placa-insignia, en cuyo momento «el conductor dio un violento acelerón». En ese momento, según la misma versión, el otro inspector emprendió la carrera paralelamente al vehículo, colocando la placa ante el parabrisas delantero al tiempo que gritaba «¡Policía!». El citado inspector efectuó entonces «cuatro disparos al aire» antes de que el coche girara por la calle San Francisco, por donde continuó en trayectoria zigzagueante, mientras los policías realizaban nuevos «disparos intimidatorios al aire y a las ruedas del vehículo». Instantes después, la furgoneta se estrellaba contra otros coches aparcados en el lugar.”

El grupo parlamentario comunista, el 24 de noviembre de ese mismo año, llevó el caso al Congreso, por medio de una batería de preguntas formulada al gobierno de Adolfo Suárez, en la que hacía constar que, según testigos presenciales y el mismo Lucas Martín, no había ningún control policial, y los agentes en ningún momento se identificaron como tales, ni les dieron el alto. Señaló el diputado Simón Sánchez Montero, que en días anteriores también un senador del PNV, Joseba Elosegui, había sido detenido, encañonado y cacheado por policías de paisano. Entre las preguntas del diputado comunista estaban estas: ¿Actuaban los miembros del Cuerpo General de la Policía, en eses momentos, bajo órdenes directas de sus respectivos jefes?, ¿Es una decisión del gobierno, encomendar a los funcionarios del Cuerpo General de la Policía la utilización de estos controles?, Si hubiera lugar, ¿piensa el gobierno imponer las sanciones pertinentes a los funcionarios que tomaron parte en los hechos relatados?.” La tibieza de las preguntas del grupo parlamentario del PCE, dista mucho de la gravedad de los hechos, y es muy orientativa del rumbo del consenso en el que parecía encaminarse esa Transición Sangrienta, en la que no pocos militantes comunistas fueron detenidos, torturados y, como en este caso, asesinados.

Es obligado señalar que el titular del Ministerio de Interior, en esos momentos, era el teniente general Antonio Ibáñez Freire, un franquista convencido y reconocido, que había participado en el bando sublevado en la Guerra Civil, y posteriormente en la División Azul que combatió junto a los nazis en la Unión Soviética, servicios por los que fue recompensado como Gobernador Civil y Jefe Provincial de la Falange en Santander, Vizcaya y Barcelona. También había sido Director General de la Guardia Civil, antes de ser nombrado como ministro de Interior.

El Gobierno Civil de Vizcaya, que presidía Fernando Jiménez López, apoyó la actuación policial en base a un escrito de la Asociación de Familias del Barrio de San Francisco, la que solicitaban la “adopción de medidas de seguridad ante la oleada de robos y otros actos delictivos que venían registrándose en el barrio.” Una escusa pueril que no podía, de ningún modo, justificar el asesinado de un ciudadano que no estaba cometiendo ningún delito, a no ser el de su militancia comunista.

En la información ofrecida por el diario El País citada, también se señalaba, contradiciendo a la versión oficial que: “Otro punto de divergencia entre las dos versiones hace referencia a la actitud posterior del amigo de la víctima y de los autores de los disparos. Mientras la versión policial asegura que Martín «salió huyendo a pie» y «pudo ser detenido poco después cuando recibía asistencia médica en el cuarto de socorro de Urazurrutia», el propio Lucas Martín asegura que, ante la falta de asistencia para con su amigo, él mismo tuvo que dirigirse al mencionado centro sanitario para pedir una ambulancia. Fue entonces, y en dicho centro, cuando apareció la policía, que se llevó detenido a Martín. En el interrogatorio, según explicó posteriormente este último, la policía aseguraba que la furgoneta había sido robada por sus dos ocupantes.”

Al día siguiente de la muerte de Francisco Caballero, las centrales sindicales decretaron un paro en Vizcaya, que fue secundado especialmente en la zona minera, con epicentro en Ortuella, de donde era vecino la víctima, con un seguimiento casi total en la industria y el comercio, en los centros escolares y en el funcionariado público. Al funeral acudieron tres mil personas, y al finalizar se realizó una manifestación por el pueblo, donde se ondearon banderas rojas e ikurriñas, y donde se profirieron gritos contra las fuerzas de orden público, pidiendo justicia. Una justicia que nunca llegó para la familia de Francisco Caballero.

 

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