El marco de negociación actual es una oportunidad para buscar consensos desde el ámbito social, consensos que logren imponerse a los intereses económicos y que prioricen la calidad de los servicios, la calidad del empleo, la calidad de vida, la sostenibilidad o la igualdad, consensos de la mayoría social.
Por Mª Ángeles Castellanos, economista
El pasado mes de diciembre el Ministerio de Hacienda y Función Pública remitió a las Comunidades Autónomas del régimen común, así como a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, el Informe del Grupo de Trabajo sobre el cálculo de la población ajustada para determinar el reparto de los recursos del sistema de financiación autonómica.
Según apunta el propio Ministerio,
El objetivo es abrir un debate leal y riguroso, que supere la dialéctica de comunidades ganadoras y perdedoras, y que apueste por un modelo racional, en el que los intereses de todas las comunidades confluyan.
Subraya el Ministerio que para la elaboración del informe se ha tenido en cuenta parte de los trabajos previos realizados por la Comisión de Expertos y el Comité Técnico Permanente de Evaluación, lo que significa que se ha tenido en cuenta la opinión de las Comunidades Autónomas que han participado en estos foros.
En la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada el 17 de enero de 2017 se acordó la creación de La Comisión de Expertos para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, una Comisión integrada por personas propuestas por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía.
Esta Comisión elaboró un informe estructurado en 5 capítulos.
En el apartado de conclusiones señalan que el núcleo de su propuesta es doble, por un lado, proponer como objetivo prioritario preservar la suficiencia financiera de los servicios públicos fundamentales, con independencia de quien los presta, y por otro, disponer de recursos para nivelar completamente esos servicios públicos fundamentales entre todas las Comunidades Autónomas.
El objetivo de garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales suena como un objetivo lógico y generador de consensos.
El mismo informe, además de señalar objetivos, también fija puntos de partida, así, señala que el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas ha de partir de un acuerdo entre administraciones sobre la distribución de los recursos públicos existentes de tal forma que les permitan desarrollar sus competencias desde la suficiencia.
Este acuerdo entre administraciones lo enmarcan dentro de otro más amplio sobre el tamaño del sector público deseado a medio plazo y las dimensiones básicas de las funciones de gasto en las que se fundamenta el Estado de Bienestar y la prioridad otorgada a las mismas.
Definir el tamaño del sector público y la dimensión del Estado de Bienestar en un marco como el actual en el que se promueve más la competencia entre territorios y entre administraciones que el trabajo conjunto o la solidaridad, es una tarea complicada, sin obviar el potente componente ideológico que tienen estas definiciones.
En este punto, el informe de 2017 sitúa en el ámbito de las preferencias sociales y en sus manifestaciones políticas la respuesta a las preguntas de cuánto gastar y en qué gastarlo, aunque ofrecen respuestas técnicas para ayudar a la toma de decisiones.
Respecto a lo que no funciona del sistema vigente, la Comisión de Expertos señala como problemas la falta de claridad y de transparencia del sistema, la complicación del mismo, o la financiación desigual con criterios de reparto poco claros, también apuntan que la principal crítica de las Comunidades Autónomas es la insuficiencia de recursos.
A esto podemos añadir que no ayuda que el sistema de financiación autonómico se ha construido sobre respuestas inmediatas sin definir un horizonte a largo plazo. Se han aplazado las decisiones en las que es más difícil alcanzar acuerdos, y esto, al final, se traduce en una mayor complejidad del sistema y en ineficiencias.
Una de las recomendaciones del Comité de Expertos en su informe es que todas las administraciones deberían alcanzar un acuerdo de Estado acerca de los niveles deseables y factibles de las prestaciones del Estado de Bienestar y las necesidades de recursos para atender dichos niveles.
Así llegamos a la actualidad y al nuevo informe remitido a las Comunidades Autónomas, un informe que hace referencia y encuentra sustento en los trabajos previos de la Comisión de Expertos y del Comité Técnico Permanente de Evaluación, dando así continuidad a los trabajos que han marcado el camino a seguir en la reforma del sistema de financiación autonómica.
El Informe del Grupo de Trabajo sobre el cálculo de la población ajustada recurre a las nuevas posibilidades que ofrece disponer de más y mejores datos estadísticos, buscando así objetividad y transparencia en los indicadores resultantes.
El nuevo informe mantiene elementos ya recogidos en el informe de 2017 como los cuatro grandes bloques competenciales de clasificación del gasto, sanidad, educación, servicios sociales y el resto de servicios autonómicos.
Si ahora disponemos de más y mejor información y de mejores herramientas para su análisis, incorporar estos elementos para facilitar el camino hacia un nuevo modelo de financiación autonómica es un paso importante que puede clarificar algunos problemas del sistema actual, pero no podemos pensar que nos va a salvar la tecnología, no va a ser un algoritmo el que nos de la solución al problema de la financiación autonómica.
La tecnología puede ser muy útil, un algoritmo puede ayudarnos a la construcción de un modelo de recaudación que genere una financiación suficiente para unas necesidades concretas, pero cuestiones como qué rentas o qué manifestaciones de riqueza gravar son decisiones políticas. Un algoritmo también nos puede ayudar a diseñar las rutas de transporte sanitario o escolar más eficientes o a decidir en que punto se puede establecer un determinado servicio para dar cobertura al mayor número de personas posible, pero antes hay que definir el modelo.
Hay decisiones que no se pueden concretar con elementos objetivos porque tienen un fuerte componente ideológico y de voluntad política.
Claro que aquí entra en juego el ámbito competencial y la independencia de cada comunidad autónoma, pero resulta complicado pensar en un sistema de financiación autonómico con un horizonte a largo plazo que no parta de una respuesta común a preguntas como ¿cuál es el modelo deseado de los servicios sociales o de los servicios de empleo? ¿qué modelos de salud pública queremos? ¿qué niveles de calidad de vida se van a garantizar?
Las respuestas a estas preguntas son muy diferentes desde los distintos posicionamientos ideológicos, así quienes quieren una sanidad en la que la prevención sea determinante darán una respuesta diferente a quienes quieren que la sanidad sea un espacio de negocio.
La maraña financiera que supone el actual sistema de financiación tiene un impacto directo en el conjunto de la ciudadanía que, en la práctica, ve recortado el acceso a servicios públicos de calidad por la existencia de un marco ineficiente. A ello hay que sumar el desapego a lo público que provocan unos servicios públicos deteriorados y la propagación de la insolidaridad con discursos constantes que señalan como culpables a otras administraciones o a otros territorios o a otras formas de vida.
La negociación del sistema de financiación autonómica es una oportunidad para poner el Estado de Bienestar como prioridad, y también para avanzar en el reparto de la riqueza desde un modelo fiscal más progresivo y más redistributivo.
Si las posturas negociadoras llevan años estancadas, hace falta que desde otros espacios se avancen modelos que permitan el consenso. El marco de negociación actual es una oportunidad para buscar consensos desde el ámbito social, consensos que logren imponerse a los intereses económicos y que prioricen la calidad de los servicios, la calidad del empleo, la calidad de vida, la sostenibilidad o la igualdad, consensos de la mayoría social que sin duda tienen mucho espacio para el acuerdo, y después, usemos los algoritmos para encontrar dónde está la riqueza que ha de financiar el modelo acordado.
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