Desde 2008 el número de oficinas bancarias ha disminuido en casi un 50%: aproximadamente 1.300.000 personas se encuentran en situación de vulnerabilidad de acceso al efectivo.
María Ángeles Castellanos
El efectivo es el medio de pago más utilizado en España, disponer de una red adecuada de acceso al efectivo es un tema relevante, sobre todo para aquellas personas que, por diversas razones, tienen más dificultades para acceder a otros medios de pago.
El Banco de España (BE) señala que aproximadamente 1.300.000 personas se encuentran en situación de vulnerabilidad de acceso al efectivo.
Desde 2008 el número de oficinas bancarias ha disminuido en casi un 50% y se ha pasado de un total de 3.594 municipios sin oficina bancaria en 2008 a 4.287 municipios en 2019, según publica el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación Ramón Areces.
En términos de población, se ha pasado de 945.619 personas que vivían en 2008 en poblaciones sin oficinas bancarias a 1.393.410 en 2019.
Según los datos del BE, las provincias con mayor porcentaje de población sin oficina bancaria son Zamora con un 25% y Ávila con un 23,1%, Segovia, con un 21,4%, se sitúa en tercer lugar.
Si bien es cierto que las formas de pago están cambiando, el uso de efectivo sigue teniendo un peso destacado. En 2020 la retirada de efectivo de los cajeros automáticos alcanzó los 102.197,97 millones de euros, y en 2019 superó los 125.000 millones de euros según datos del BE.
El Banco Central Europeo (BCE) ha llevado a cabo un estudio sobre los hábitos de pago en la zona euro con datos de 2019, en este estudio señalan que el uso de efectivo sigue siendo predominante y supone el 73% de los pagos de los consumidores, tanto en pagos en puntos de venta como entre particulares. Para los pagos que no fueron en efectivo, las tarjetas fueron el instrumento predominante con un 24% del total de pagos.
En el caso de España, los pagos en efectivo suben al 83% y los pagos con tarjeta bajan al 15%.
Otro de los aspectos que analiza el informe del BCE es la importancia que dan las personas consumidoras a tener la opción de pagar en efectivo en función de distintas variables sociodemográficas, así, en los resultados para España, disponer de la opción de pago en efectivo es muy importante para el 23% de las mujeres y para el 20% de los hombres. Por edad, es muy importante para el 27% de los mayores de 65 años frente al 17% de quienes tienen entre 25 y 39 años.
En función del área de residencia, la posibilidad de pago en efectivo es más valorada en las áreas urbanas en las que el 44% la consideran entre importante y muy importante, frente al 39% de las áreas rurales.
La pandemia también está influyendo en los medios de pago tal y como se puede observar en otra encuesta del BCE en la que el 40% de los encuestados indicó que utiliza menos efectivo.
Aún con los cambios de tendencia que se observa, el efectivo sigue siendo un medio de pago destacado en España, y como apuntaba al principio, según el propio BE, 1.300.000 personas se encuentran en situación de vulnerabilidad de acceso al efectivo, con provincias en las que más de un 20% de la población vive en municipios sin oficinas bancarias. Esta realidad supone un riesgo de exclusión financiera que afecta sobre todo a las zonas menos pobladas y a las personas de mayor edad y tiene entre sus causas el cierre de oficinas bancarias y la digitalización financiera.
No se puede hacer una transición digital generando nuevas desigualdades y generando dependencias a personas que o no tienen forma de llegar a una oficina bancaria por sus propios medios o que no tienen capacidad o posibilidad de utilizar servicios digitales.
Las transiciones han de ir acompañadas de soluciones y respuestas para quienes se ven perjudicadas por dichas transiciones.
Por otro lado, el uso del efectivo tiene otra cara, la economía sumergida.
El pago en efectivo es menos transparente que los pagos digitales, lo que favorece la economía sumergida y las limitaciones de pago en efectivo son una de las medidas adoptadas para aflorar esta economía sumergida.
En este sentido, el 10 de julio de 2021 el BOE publicaba la Ley 11/2021, de 9 de julio, en la que se establecen nuevos límites para el pago en efectivo.
En la exposición de motivos de la Ley se apunta la relación entre el efectivo y la economía sumergida al señalar que “Como es sabido, la utilización de medios de pago en efectivo en las operaciones económicas facilita notablemente los comportamientos defraudatorios, en sus distintas manifestaciones”
Con la nueva regulación se disminuye el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros.
No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
También disminuye el límite de pago en efectivo a 10.000 euros en el supuesto de las personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de España.
Por su parte, el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) señala como uno de Indicadores de riesgo de corrupción en las actividades económicas internacionales, la realización de cobros o pagos relevantes en efectivo u otros medios de pago opacos.
Cuantificar la economía sumergida es complejo, así lo reconoce la propia Agencia Tributaria en su Plan Estratégico para el periodo 2020-2023.
La Agencia Tributaria también señala que aun estimando el volumen de economía sumergida, no se puede calcular la pérdida de recaudación que suponen estas actividades aplicando al volumen de las mismas el porcentaje que supone la presión fiscal sobre el PIB, entre otras cosas porque parte de estas actividades son ilegales y es imposible trasladarlas a la economía oficial, pero apunta que hay autores que establecen en un 60% la economía sumergida susceptible de generar ingresos tributarios, lo que en el caso de España, y con las estimaciones de economía sumergida del FMI, supondría un nada desdeñable 6,7% del PIB.
A partir de estas cifras y teniendo en cuenta que la Agencia Tributaria gestiona aproximadamente el 50% de los ingresos tributarios del país, estiman que los incumplimientos fiscales derivados de la economía sumergida sobre los que podrían intervenir alcanzarían los 14.160 millones de euros.
Estos datos son solo una estimación de lo que puede suponer la economía sumergida en términos de riqueza generada y de recaudación perdida, y, como ya se ha apuntado, el uso de efectivo es un instrumento que facilita los comportamientos defraudatorios y las actividades ilegales.
En este contexto, el Plan General de Control Tributario para 2021 establece como una línea prioritaria de comprobación la “Presencia de la Administración en aquellos sectores y modelos de negocio en los que los niveles de economía sumergida puedan generar una especial percepción social, con especial observancia del uso de efectivo en cantidades superiores a las legalmente establecidas.”
Y en las actuaciones generales de control recoge que “El control del dinero abonado en efectivo en el marco de las transacciones económicas suele estar muy vinculado con la economía sumergida, por lo que con independencia de cuáles son los límites cuantitativos que se encuentren vigentes de acuerdo con la normativa aplicable, las operaciones en efectivo continuarán siendo objeto de atención una vez más por parte de la Administración tributaria”
Las operaciones en efectivo están en el punto de mira de las autoridades que luchan contra el fraude, la economía sumergida y el blanqueo de capitales.
Las restricciones en el uso de medios de pago poco transparentes permiten avanzar en estos objetivos de lucha contra el fraude, aunque la digitalización y los cambios de tendencia también llegan a las actividades ilícitas que encuentran otras vías para seguir operando de manera opaca.
Se el primero en comentar