Evidencias del fracaso del sistema de protección de menores y adolescentes

Por Francisco Cárdenas
Presidente de APRODEME, Asociación para la Defensa del Menor

El sistema de protección de la infancia y la adolescencia en España fracasa. Se recogen en este artículo algunas evidencias que permiten hacer tal afirmación. Es curioso, además, observar que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, los errores y las quejas se reparten por igual en todo el territorio y con los mismos argumentos.

Save the Children hacía patente en julio de 2017 la necesidad de replantear el modelo, exigiendo a la Administración competente que “articulara los mecanismos necesarios para garantizar que todos los niños y adolescentes tengan sus derechos protegidos de manera efectiva”. A esta denuncia se unía el Síndic de Greuges,  sindicatos, entidades y partidos políticos, que pedían la  investigación de los centros.

El Parlamento de Cataluña, en sesión plenaria aprobó en febrero de 2017 una moción que instaba al Gobierno a cambiar el sistema.  La diputada ponente  puntualizaba que el objetivo era crear un modelo de prevención a la infancia en riesgo que substituyera el actual. Todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo. Igualmente, se pedía tener en cuenta todas las recomendaciones realizadas por el Síndic de Greuges, que denunciaba, entre otras muchas cosas, saturación en los centros, o enfrentamientos entre internos y cuidadores. En su informe presentado en noviembre de 2018 se concluye que “es necesaria una reforma estructural del sistema de protección”.

Muchos abogados expertos en este ámbito señalan que el proceso por el que se abre un expediente puede comenzar por el hecho de pedir ayuda a los servicios municipales y puntualiza que se trata de una “resolución administrativa sin garantías judiciales”. La mayoría de las retiradas son en familias con escasos recursos. Los argumentos para investigar a la familia son variados. Por ejemplo que el niño lleva la misma ropa varios días, o que va con sandalias en invierno. En la justificación de una resolución de desamparo que dicta la Administración puede leerse: “Precariedad económica. Actualmente en paro. Presenta inestabilidad laboral y falta de ingresos propios”. Se constata la arbitrariedad para retirar menores: en la calle, en el colegio delante de los demás compañeros… Además, muchas Sentencias judiciales evidencian que  el criterio de la Administración ha sido la pobreza.

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia establece que en ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos. Sin embargo esta es la razón muchas veces.

Pero es que, además, los testimonios de los propios menores tutelados son estremecedores. L.V. explica: “Soy una menor que lleva fugada casi 2 meses. Suelo estar mucho más…Mi experiencia con DGAIA ha sido nefasta…. Llevo más de 30 fugas en 9 centros distintos. Un educador de un centro me violó y lo denuncié….”.

O el testimonio de M.G: “Cuando ingresé en Coda 2 (centro de menores en Catalunya) mi vida cambió por completo, conocí las drogas…”  Y sigue un extenso relato de quejas, protestas y reclamaciones.

Son sólo algunos ejemplos de testimonios de la crueldad que a diario denuncian los menores bajo tutela de la Administración.

Expedientes de desamparo

La intervención sobre la familia apartada de su hijo recae sobre los mismos profesionales (educadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales) que han ejercido el poder de separarlo de la familia.  La familia observa cómo aquellos que les han separado de los hijos pretenden actuar utilizando mecanismos de pseudo-confianza con ellos y estableciendo un trabajo pseudo-terapéutico.  Es insólito que quien ostenta el poder de separar un menor de su familia pretenda trabajar con unos familiares la recuperabilidad de la convivencia intentando utilizar otro mecanismo que no sea la imposición y la coacción.

Es un hecho impropio de un Estado de derecho.  Sería tanto como pretender que un juez de instrucción que ha de investigar sobre el delito pretendiera, mientras dura la investigación, trabajar en el tratamiento con el justiciable, que sabe que tiene el poder de enviarlo a juicio o no.  Y esto mientras el justiciable está en prisión provisional.  Esto no tiene ni pies ni cabeza.

Muchas familias no pueden pleitear por el coste económico que eso supone. Y en caso de que puedan se enfrentan a un proceso judicial complejo y dilatado en el tiempo. Mientras, la Administración asume la tutela. Pero, ¿cómo se asume esta tutela?:

• Las familias y los educadores denuncian embarazos no deseados de menores tutelados por el Gobierno. Los embarazos han provocado que haya tutelas intergeneracionales: madres tuteladas y bebés tutelados por la Administración.
• Los conflictos en los centros son frecuentes, con casos extremos de violencia. Las agresiones a los trabajadores de los centros son continuas. Según el sindicato CSIF sólo en Catalunya se registraron, en el 2016, 130 agresiones a trabajadores, dato confirmado por la propia Administración.
• Las fugas son continuas. Una menor de 14 años, que ya se ha escapado 5 veces define la estancia en un centro como “película de terror”.
• El informe anual de 2016 del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura alerta que en los centros de internamiento de menores hay «desproporciones» en medidas disciplinarias, que pueden no ser adecuadas y se aplican a los niños y adolescentes sin darles garantías suficientes, ni un régimen sancionador claro.
• La gestión de los centros de menores es básicamente privada. Sólo el 10% de los centros son públicos. Sindicatos como la UGT denuncian que “en algunos de estos centros privados comen y cenan de catering de baja calidad y la ropa, a veces, es de segunda mano. Por su parte CCOO denuncia la falta de control en estos centros y reclama transparencia en la gestión económica. A su vez, la CGT habla de la DGAIA, Administración responsable de la protección de menores, como “factor de riesgo para la infancia”, aplicando un riguroso análisis basado en los mismos criterios que la propia DGAIA usa para decretar el riesgo o el desamparo de un menor.

En un documento conjunto de varios sindicatos y agrupaciones de trabajadores del sector, estos denuncian “la gestión de los servicios sociales por empresas multiservicios, fundaciones y pseudocooperativas que lo único que buscan es maximizar beneficios a costa de precarizar los servicios que gestionan.”

La privatización del Sistema ha sido denunciada, incluso, por la ONU, que señala que “acaba con la protección de los derechos humanos y margina a los que viven en situación de pobreza”.

• Una jueza, en un informe de Amnistía Internacional, denuncia la situación de maltrato y abusos en centros de menores en el conjunto del Estado, afirmando «Estamos apostando por unos centros concertados con una gestión privada. Se están haciendo multinacionales de tratamientos de menores porque, aunque tienen que ser entidades sin ánimo de lucro, de hecho son negocios. Todo esto es un tinglado…”
• Una diputada denuncia: “¿Cómo es posible que una administración pueda retirar a los niños de su familia y asumir su tutela, y una vez la tiene pasar la tutela a una entidad privada donde no están garantizadas las normas de acogida?”. Por su parte, otra diputada de otro partido dice “Se incumplen los ratios de educador por niño, lo que imposibilita que se dé una buena atención a los tutelados”
• El Defensor del Pueblo en Catalunya, denuncia que los centros de menores, que están cobrando no menos de 4.000 € al mes por menor, acuden a donaciones para vestir a los niños. Constata la falta de tratamientos odontológicos, oftalmológicos, comidas de catering, se acude a los bancos de alimentos…
• El Gobierno admite que los centros de acogida están en una situación límite. Año tras año se constata esta situación, se prometen medidas, pero todo sigue igual.
• La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la grave situación que se vive en los centros de menores, y afirma que «ha propiciado que aumenten las agresiones a educadores y entre menores, y también los abusos sexuales». Según este Sindicato, el problema se ha agudizado porque niños con serios problemas psicológicos conviven en estos centros no especializados con otros menores que permanecen allí por problemas familiares. La lentitud a la hora de buscarles un centro adecuado, «provoca una problemática muy seria para los educadores y para el propio proceso educativo». No existe agilidad ni en el proceso de las adopciones ni en el de las acogidas, ni en la reubicación de los adultos.
• Es frecuente ver que adolescentes de hasta 18 años y más edad conviven en las mismas dependencias con niños de muy corta edad. La reubicación de esos adolescentes es muy lenta y se crean continuos episodios de agresiones entre ellos y hacia los educadores.
• «No hay renovación de instalaciones ni de políticas educativas ni de personal», señala la CSIF. «No salen oposiciones ni concursos ni oferta de nuevas plazas, lo que se traduce en una plantilla de personal envejecida que recoge una edad media de 56 años de esos educadores”.
• Un prestigioso profesor titular de derecho administrativo, escribía recientemente en La Vanguardia, en un artículo titulado “Son menores maltratados!”: “El maltrato a menores existe. También el que causa la administración… Se precisa un golpe de timón a una actuación de la administrativa que requiere medidas urgentes como la sumisión a control judicial efectivo…”

Pero es que además se da una situación del todo incomprensible: Cuando un menor ha sido retirado de su familia se establece un régimen de visitas en los puntos de encuentro, que se mantendrá hasta tomar una decisión definitiva sobre el futuro de ese menor. El objetivo es no perder, o fortalecer, los vínculos familiares. Esta visita puede ser una vez cada 15 días o en el mejor de los casos una vez  a la semana, durante una hora, vigilada y supervisada por un educador del punto de encuentro. Si además, a criterio de estos educadores la familia “no se porta bien”, por ejemplo no se puede decir frases como “tranquilo, pronto volverás a casa…” porque se supone que genera falsas expectativas, entonces la familia es castigada y las visitas se dilatan en el tiempo. O por las razones más arbitrarias se acortan las visitas ya de por sí limitadísimas. ¿Qué sentido tiene todo esto? Es una forma de tortura que genera ansiedad en los menores y dolor en los adultos.

Y podríamos seguir, dibujando lo que parece una película de terror si no fuera porque es todo bien real. Exigiendo la reforma de este sistema, que se resiste a ello porque son demasiados los intereses económicos y de poder que hay detrás. Sin desfallecer y con nuevas iniciativas en todos los ámbitos que iremos comunicando.