Euskadi, ven y cuéntalo

Euskadi crece. Eso es cierto. Y para algunos, mucho. Pero para una gran mayoría, poco o nada. La tasa de pobreza real en Euskadi es del 6,1% según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2024 El Gobierno presentó esto como un éxito.

Por Txema García | 25/06/2026

Hubo un tiempo en los años noventa que la Consejería de Turismo del Gobierno Vasco lanzó una campaña que se quedó grabada en la memoria colectiva con la contundencia de un eslogan perfecto: «Euskadi: ven y cuéntalo». La frase era una invitación, casi un desafío. Ven, mira, quédate prendado y luego ve a contárselo al mundo. Aquellos anuncios mostraban costas verdes, caseríos en la niebla, rías plateadas al amanecer, mesas llenas de pintxos y txakoli. Era una postal hermosa. Décadas después, el Gobierno Vasco del PNV y el PSE sigue practicando el mismo arte del encuadre, pero con medios infinitamente más sofisticados. Los informes oficiales relucen, las estadísticas se presentan siempre por el lado más favorable, los discursos institucionales construyen una Euskadi modélica. El problema es el mismo de siempre: lo que queda fuera del encuadre, que es, precisamente, la vida real de la mayoría de la ciudadanía vasca.

Euskadi crece. Eso es cierto. Y para algunos, mucho. Pero para una gran mayoría, poco o nada. La tasa de pobreza real en Euskadi es del 6,1% según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2024 El Gobierno presentó esto como un éxito. El problema es lo que no dice: la pobreza repuntó respecto a años anteriores, volviendo a cifras de 2018, y la pobreza subió empujada por la inflación. Es decir: el sistema redistribuye algo, pero no lo suficiente para compensar el deterioro del poder adquisitivo de los que menos tienen. Más datos: Euskadi cerró el tercer trimestre de 2025 con 1.001.100 personas ocupadas, con 29.500 ocupados más que en el mismo periodo de 2024. Sin embargo, las cifras no pueden ocultar las desigualdades que persisten en el mercado laboral vasco: nada menos que 92.600 empleos irregulares en 2024 evidencian explotación laboral. Otro: más de 200.000 personas están en prórroga de sus condiciones laborales. Eso significa que hay una masa enorme de trabajadores vascos cuyas condiciones laborales llevan años congeladas mientras el coste de la vida −especialmente la vivienda− no para de subir. Otro más: la hostelería refleja la precariedad estructural: contratos fijos discontinuos que engordan las estadísticas pero que dejan a cientos de trabajadoras y trabajadores sin ingresos durante meses. Es exactamente el modelo de crecimiento hacia el que Euskadi está convergiendo: más turismo, más hostelería, más contratos que suenan bien en el titular y duelen en la nómina.

Y encima de todo eso, llegan los aranceles de Trump. Los sectores más expuestos −automoción, siderurgia, vino− ya registraron en 2025 un comportamiento contractivo de principio a fin. Las manufacturas de fundición de hierro y acero redujeron sus ventas al mercado norteamericano casi un 31% en un solo año. El Gobierno Vasco habla de resiliencia y de diversificación. Los números hablan de otra cosa.

El primer destino de las exportaciones vascas es Alemania. Eso, durante décadas, fue una fortaleza. Hoy es una vulnerabilidad desnuda. Alemania lleva años instalada en una crisis estructural que sus propias instituciones han tardado en reconocer, y cuando Alemania no compra máquina-herramienta ni componentes de precisión, Euskadi lo nota antes que cualquier otro territorio.

El tirón del crecimiento en 2024 y 2025 no vino de la industria. Vino de los servicios y de la construcción. Es decir: Euskadi está convergiendo, pese a su tradición y su orgullo industrial, hacia el mismo modelo de crecimiento del resto del Estado español: turismo, hostelería, ladrillo, servicios de bajo valor añadido. El discurso oficial sigue hablando de Euskadi como región de vanguardia industrial. La realidad habla de una economía que está encontrando en el camarero y en el albañil el relevo del tornero y el fundidor. No es un juicio moral, es una descripción real.

Hay otra crisis que el Gobierno Vasco menciona con cuidado, siempre enmarcada en datos esperanzadores sobre inmigración y natalidad, siempre acompañada de planes y estrategias con nombres optimistas. Se llama «colapso demográfico» y es, probablemente, la amenaza más grave y menos discutida de cuantas se ciernen sobre el futuro de esta parte del país que es Euskal Herria.

La edad mediana de la población vasca ha pasado de 29, 2 años en 1977 a 46,1 años en 2025. El mayor incremento entre todas las comunidades autónomas en casi medio siglo. En 2025, el número de defunciones en la CAV superó en casi 10.000 al de nacimientos. Euskadi tiene 185 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, el mayor nivel de envejecimiento de su historia. Sin la llegada de población inmigrante, este país llevaría años perdiendo habitantes en términos absolutos. Eso no aparece en los folletos del Gobierno Vasco. Tampoco en los discursos del Lehendakari cuando habla de la solidez del modelo.

Lo que sí aparece, como una contradicción que nadie en las instituciones parece dispuesto a resolver, es la brecha entre el envejecimiento galopante de la población y la precariedad del sistema de cuidados. Euskadi envejece a toda velocidad mientras sus mayores esperan meses, a veces años, para acceder a una plaza de residencia pública o a un servicio de atención domiciliaria que les permita no depender de la familia. Y cuando decimos «la familia», decimos en la inmensa mayoría de los casos las mujeres de la familia, que siguen cargando en silencio con el peso de los cuidados que el Estado promete y no siempre entrega. Eso tampoco aparece en la postal.

La vivienda: otro muro

El precio medio del metro cuadrado de vivienda libre nueva en Euskadi se sitúa en 3.246 euros, con un incremento del 11,5% respecto al año anterior. El alquiler sube un 5,8% interanual. El esfuerzo medio de los hogares vascos para pagar la vivienda alcanza el 37,9% de su renta. En Donostia, la ciudad que el mundo conoce como capital mundial de la gastronomía y escaparate de lo mejor que Euskadi tiene para ofrecer, el metro cuadrado marca 5.853 euros. La misma ciudad que el turista adinerado contempla como paraíso atlántico es la que expulsa sistemáticamente a sus jóvenes, a sus trabajadores de servicios, a sus familias de ingresos medios, a todo aquel que no haya heredado un piso o no haya llegado al mercado laboral antes de que el ladrillo se volviera de oro. ¡Ah! Y solo uno de cada tres jóvenes menores de 35 años vive de forma independiente en Euskadi. Los parches con sus supuestos «decretos de emergencia» no resuelven nada ni bajan los precios. Solo retrasan una hemorragia que el mercado lleva años alimentando mientras las instituciones miraban hacia otro lado o hacia la foto de la nueva promoción de vivienda pública que se inauguraba con tijeras y sonrisas.

Las empresas vascas identifican como su primera preocupación de cara al futuro la dificultad para encontrar personal cualificado. No es un problema coyuntural. Es la consecuencia lógica de décadas en que formar a los mejores no fue acompañado de condiciones para retenerlos. Los jóvenes vascos más formados, más capaces, más creativos, se van. Se van a Berlín, a Londres, a Amsterdam, a cualquier ciudad europea donde puedan pagar un alquiler con su primer sueldo y desarrollar su carrera sin esperar diez años para emanciparse. Y cuando se van, raramente vuelven. Euskadi los forma, los paga con dinero público, los convierte en profesionales de primer nivel, y luego los regala a economías que no invirtieron un euro en su educación. El Gobierno Vasco lo llama movilidad internacional. Se podría llamar también sangría silenciosa.

Debajo de los paseos renovados, de los polígonos reconvertidos en parques tecnológicos, de las márgenes de la ría que el turista fotografía con su móvil, hay una herencia tóxica que la industrialización intensa del siglo XX dejó enterrada y que no desaparece por decreto ni por nomenclatura urbanística. El 1,3% de la superficie total del País Vasco corresponde a suelos sobre los que se desarrollaron actividades potencialmente contaminantes. Son 12.446 parcelas. El caso del lindano de Barakaldo es el más conocido: una fábrica que cerró en 1987 dejando 4.500 toneladas de hexaclorociclohexano en su interior, cuyo problema no se resolvió hasta 2002, y cuyos efectos sobre la salud de la población circundante fueron objeto de estudios epidemiológicos que encontraron niveles detectables de compuestos organoclorados en la sangre de los habitantes de la zona. Pero Barakaldo no es una excepción. Es el símbolo de un problema sistémico que el discurso oficial de la Euskadi verde y sostenible tiende a relegar a las páginas de los planes de descontaminación que se aprueban, se prorrogan y raramente se ejecutan con la urgencia que la magnitud del problema exige.

El aire tampoco cuenta toda la verdad que los folletos prometen. El 58% de la población del País Vasco, 1,3 millones de personas, estuvo expuesta en 2024 a niveles de contaminación atmosférica que exceden los límites que la Unión Europea ha fijado para 2030. Las mediciones realizadas por Ekologistak Martxan en accesos a centros escolares de Barakaldo, Basauri, Bilbao, Donostia, Etxebarri y Galdakao encontraron que la población infantil respira aire que supera con creces los niveles registrados en las estaciones de medición oficiales. La diferencia entre unos datos y otros tiene una explicación técnica: la ubicación de las estaciones. Las del Gobierno miden donde el aire es más limpio. Las de los ecologistas miden donde están los niños.

Los megaproyectos no se cuestionan

Existe en Euskadi una tradición tan profunda como incuestionada de resolver los problemas −reales o inventados− mediante grandes infraestructuras. Es un reflejo casi genético de la clase política vasca, heredado de la industrialización del siglo XIX y perfeccionado durante décadas de autonomía con recursos propios. El megaproyecto como respuesta universal, como demostración de modernidad, como argumento electoral y como forma de redistribuir poder económico entre los actores del sistema.

La lista es larga y su peso sobre el territorio, pequeño y frágil como es, resulta aplastante cuando se contempla en su conjunto. El TAV/AHT, posiblemente el megaproyecto contemporáneo más costoso y más cuestionado, sigue avanzando con túneles que perforan acuíferos, viaductos que fragmentan ecosistemas y un coste económico que ningún estudio independiente ha logrado justificar en términos de retorno social real. El Superpuerto de Bilbao expande su huella logística artificializando la costa y subordinando el litoral a las cadenas globales de transporte de mercancías. El Guggenheim, paradigma mundial del llamado urbanismo de espectáculo, transformó Bilbao en una marca global al precio de una turistificación que avanza sin freno.

Y más allá de las obras concretas, lo que revela esta acumulación de megaproyectos es algo más profundo: un modelo de construcción territorial basado en la infraestructura como fin en sí mismo, legitimado siempre mediante el mismo vocabulario −modernización, competitividad, empleo, conexión europea− y raramente sometido al único debate que importa: ¿a quién beneficia realmente y quién paga el precio? Porque los megaproyectos en Euskadi no son simples obras públicas. Son instrumentos de reorganización territorial que expresan un conflicto permanente entre distintos modelos de país, y ese conflicto nunca se resuelve en las urnas porque nunca se plantea con esa claridad en campaña electoral. Y todo esto con el mantra de la «colaboración público-privada» que beneficia en muchísima mayor medida a lo último.

Las consecuencias se acumulan en silencio: fragmentación territorial por túneles, viaductos y autopistas que han convertido Euskadi en un territorio hiperconectado hacia fuera y cada vez más partido hacia dentro; pérdida ecológica en humedales, acuíferos y biodiversidad que los planes de sostenibilidad mencionan pero los presupuestos no protegen; metropolización del eje Bilbao-Donostia-Gasteiz que succiona recursos, talento e inversión dejando el territorio rural en una lenta

Osakidetza está dejando de ser la referencia que fue en su día. La demora media para una intervención quirúrgica ha pasado de 54 días a 78 días en los últimos meses. El número de pacientes en lista de espera quirúrgica ha crecido de 24.103 a 28.672 personas en ese mismo período. La respuesta institucional fue derivar a 1.721 pacientes a centros privados concertados, pagados con dinero público, en un movimiento que revela más sobre la dirección real del modelo sanitario vasco que todos los discursos sobre lo público pronunciados en esta legislatura.

La brecha salarial de género en Euskadi tiene una explicación estructural que el Gobierno conoce, documenta y no resuelve: la industria, dominada por hombres, paga mejor que los servicios, dominados por mujeres. El 34% de los hombres asalariados trabaja en la industria. El 9% de las mujeres.

Las mujeres vascas siguen cargando con el peso de los cuidados −de los hijos, de los mayores, de los enfermos− en una proporción que ningún dato oficial discute pero que ninguna política ha revertido de forma estructural. Son ellas quienes reducen jornadas, quienes abandonan carreras profesionales, quienes acuden a los servicios de urgencias con el agotamiento del cuidado invisible escrito en el cuerpo. Eso no aparece en los índices de bienestar que el Gobierno Vasco presenta con orgullo en los foros europeos.

Ven y cuéntalo: todo

El eslogan sigue siendo una buena idea. Euskadi merece ser contada, y hay mucho que vale la pena contar: su paisaje, su cocina, su músculo cultural, su capacidad histórica para rehacerse después de cada crisis. Pero una sociedad madura, una ciudadanía que se respeta a sí misma, no puede seguir aceptando que sus instituciones le cuenten solo la mitad de la historia. La mitad bonita, la mitad que sale bien en la foto, la mitad que se puede colgar en una campaña de comunicación financiada con dinero público.

La otra mitad existe. La viven cada día los jóvenes que no pueden pagar un alquiler en la ciudad donde nacieron. Los mayores que esperan meses para que alguien les ayude a ducharse. Los trabajadores de una fábrica de componentes de automoción que no saben si el año que viene seguirán teniendo empleo. Las mujeres que reducen su jornada porque el Estado no llega donde debería llegar. Los vecinos de Barakaldo que durante décadas respiraron un aire que nadie les dijo que era tóxico. Los jóvenes que se fueron a Berlín y no vuelven porque aquí no hay dónde vivir.

Esa Euskadi también existe. Y mientras el Gobierno Vaco siga eligiendo el encuadre, seguirá siendo invisible en el discurso oficial. Pero no en la vida real. En la vida real, la postal se rompe todos los días.