Estamos en la obligación de actuar

El peligro que supone que este tipo de modelo de negocio acabe por parasitar otros servicios, como está intentando hacer con el taxi, haciendo perder todas sus garantías a un servicio regulado y controlado por la administración

Por Taxi Project.

El pasado mes de marzo, la Dirección general de Consumo de la Comunidad de Madrid, nos informó de que la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado, el órgano dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo encargado de entre otras cuestiones, supervisar los productos, servicios y del mismo modo ejecutar, y directivas europeas en cuanto a derechos de los consumidores, servicios de la sociedad de la información, protección de datos y precios. 

En nuestra denuncia, señalamos varias de las condiciones de contratación que los usuarios de estas empresas están obligados a aceptar para la prestación del servicio las cuales, aparte de como indicamos, incumplen claramente una serie de derechos, también atentan contra la seguridad no sólo de el cliente que contrata el servicio, sino del resto de actores que forman parte de la movilidad urbana.

Para esto nos remitimos por ejemplo, a la cláusula tanto de Uber como Cabify en sus contratos en la que ambas compañías exponen que no se hacen responsables del servicio que prestan, dejando esa obligación al tercero transportista. 

Es decir, el cliente contrata con una empresa un supuesto servicio de transporte en un vehículo VTC, bajo las condiciones de esa misma empresa y pagando a esa misma empresa también, pero si hay un accidente, o un robo de datos personales por parte del conductor (por poner un ejemplo) tanto Uber como Cabify se lavan las manos.

Y no sólo hablamos de que esta cláusula deja desprotegido al consumidor ante estos dos supuestos, sino que lógicamente y por desgracia, se pueden dar otros casos que por quejas que hemos detectado se han podido dar, como que el vehículo que vaya a prestar el servicio no tenga autorización o seguro obligatorio para hacerlo, o el mismo conductor no sea el mismo que se contrata desde la aplicación por medio de Uber o de Cabify o incluso que también el conductor no esté capacitado para ejercer el transporte de personas o no disponga de el preceptivo permiso para realizarlo.

O que, por ejemplo dos vehículos VTC estén operando, prestando servicio con la misma matrícula…

Esto sería solamente una parte de la denuncia que hemos presentado no sólo en Madrid, sino en Euskadi y en Catalunya y que como indicábamos, abarca aparte de la falta de garantías, otras cuestiones que si bien en algunos casos como es la protección de datos ya han sido denunciadas anteriormente por el uso indebido de estas empresas, y a las que hacemos mención, el hecho de por ejemplo en el caso de Uber, tener la matriz en los Países Bajos, hace que las denuncias en la administración del estado español sean inútiles. Cuestión que como explicamos, también hemos reclamado en nuestra denuncia.

Por último, únicamente señalar que con este tipo de actuaciones se pone de manifiesto puntos que perjudican muy gravemente al consumidor, como la incapacidad de algunas administraciones de legislar acorde con estos nuevos modelos que pretenden implementar estas empresas saltándose a la torera cualquier ley, la permisividad de estas empresas tanto en el estado español como en Europa, la complicidad de ciertos medios con ellas al no dar voz a los miles afectados por estas prácticas (de los que podemos dar cuenta después de años recopilando sus quejas en redes sociales) y por último, el peligro que supone que este tipo de modelo de negocio acabe por parasitar otros servicios, como está intentando hacer con el taxi, haciendo perder todas sus garantías a un servicio regulado y controlado por la administración, en la que la misma normativa que regula la actividad al milímetro, expone claramente los derechos de los usuarios y establece un procedimiento y unas vías de reclamación ágiles y efectivas. 

Es por ello, la importancia de tanto defender no sólo el taxi, sino todos los servicios públicos que en este momento están en peligro de esta liberalización que como demuestran denuncias como la de Taxi Project, sólo sirven para beneficiar el interés de unos pocos para perjudicar los derechos y el interés general. Por eso y por responsabilidad, estamos en la obligación de actuar.

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