La justicia española actual requiere de una urgente depuración formativa. Esa modernización que se ha llevado a cabo en otros cuerpos de funcionarios del Estado aún está pendiente de realizarse en el acceso a la carrera judicial.
Por Lucio Martínez Pereda | 6/08/2024
No sólo se trata de las decisiones escasamente profesionales de un juez u otro. Eso que -con neologismo inglés se ha dado en llamar- el lawfare se asienta sobre un problema de sociología laboral que afecta a la justicia española desde hace tiempo y aún no se ha solucionado: un marcado espíritu corporativo caracterizado por su escaso pluralismo ideológico. El problema del intenso sesgo ideológico derechista de los jueces en España -grave déficit que desprestigia la percepción de la justicia entre la ciudadanía- obedece a una endógenia familiar interna muy grande. Este déficit sólo se resolverá modificando por ley el acceso a la carrera judicial y estableciendo los mecanismos correctores que permitan que el sistema de oposiciones puede ser costeado por cualquier ciudadano, independientemente de su situación económica. La Justicia no puede estar ligada a los intereses de ninguna clase social.
Hay que garantizar que los futuros jueces tengan una sólida formación en valores democráticos, y sean conscientes de la función que el desempeño de la justicia tiene en las modernas sociedades democráticas. La justicia española actual requiere de una urgente depuración formativa. Esa modernización que se ha llevado a cabo en otros cuerpos de funcionarios del Estado aún está pendiente de realizarse en el acceso a la carrera judicial. Se puede y se debe poner fin al actual sistema de acceso elitista y obsoleto, mediante un nuevo proceso que incluiría las siguientes fases: al finalizar los estudios universitarios en las facultades de derecho se realizaría un máster de 2 años -mediante acceso con nota de corte- en una Escuela de Funcionarios Jurídicos del Estado de carácter público. Posteriormente se llevaría acabo una prueba de evaluación-oposición. Luego se pasaría a un sistema de especialización basado en modelo MIR de sanidad, con seleccionados que escogen la especialización judicial en función de sus calificaciones en la carrera y el Master-oposición. La formación anterior a la realización del MIR se haría con becas que garantizasen la igualdad de oportunidades entre todos los aspirantes.
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