Artículo de Eduardo Ortiz. Psicólogo y delegado territorial para Galicia de la Fundación Internacional de Derechos Humanos.
Estos últimos días hemos sido conocedores de la investigación que se le está realizando al Obispado de Alcalá de Henares debido a sospechas por realizar “terapias de conversión de la homosexualidad”. Se trata de un hecho grave que no sólo va en contra de la legislación actual sino que además, menoscaba la dignidad humana y los derechos de las personas sexualmente diversas. Ni está todo hecho, ni todo el mundo está haciendo lo que debe.
Mucho se habla de la diversidad pero sin políticas concretas por parte del Estado, todo queda en el mundo de las ideas y esto sinceramente no debería ser así. Llegó la hora de comenzar a construir consensos sobre lo que es la diversidad y su importancia para nuestra sociedad.
A lo largo de la historia, la diversidad ha sido fundamental para el desarrollo de la humanidad configurándose como motor, valor y garantía para este proceso. Sin embargo, es evidente que no hemos logrado que este valor eche raíces en el conjunto de los individuos que la componemos. Aunque no es de extrañar teniendo en cuenta la “permisividad” estatal ante las acciones desarrolladas por instituciones como la Conferencia Episcopal, contrarias al conocimiento científico, la salud pública y la construcción de una sociedad diversa, plural e inclusiva.
Esta “terapia de conversión de la orientación sexual” consiste en una experiencia traumática para cualquier persona, hecho reforzado a su vez por la ineficiencia de la sanidad pública. El escenario se vuelve mas complejo cuando la respuesta a este hecho se reduce al simple cobro de una multa, casi al mismo nivel de un impuesto o una infracción de tránsito. Vaya respuesta insuficiente si las hay. Si en verdad deseamos que el tejido social sea diverso, el foco debería estar puesto en garantizar una vida digna en sociedad para cada uno de sus miembros independientemente de lo que decida para su vida.
Al mismo tiempo, como defensa el Obispo de Santander reconoció esta semana que la homosexualidad es un problema que se debe reorientar como cualquier otro.
Esa institución, que se define como “defensora del prójimo”, está extendiendo el auto-odio dentro del colectivo LGTBI+ y por tanto, dentro de la sociedad. No debemos permitir esta cancha ancha y esto no se resuelve con una multa ¿Por qué? Porque por encima de todo, la diversidad es un Derecho Humano definido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 2, 18 y 19, que declaran la universalidad de los derechos independientemente de cualquier tipo de condición. Es decir, son de todas y todos los derechos de libertad de pensamiento, conciencia, opinión y expresión.
Aún por encima, los principios de Yogyakarta marcan los estándares a todos los países miembro de la ONU y nuclean una serie de principios legales internacionales sobre la orientación sexual, identidad de género y el derecho internacional. En este marco, el Principio 17 estipula el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y refiere específicamente a que los gobiernos “Desarrollarán e implementarán programas encaminados a hacer frente a la discriminación, los prejuicios y otros factores sociales que menoscaban la salud de las personas debido a su orientación sexual o identidad de género”.
La legislación internacional existe pero el Estado no es garante de los derechos y las libertades. Es evidente el vacío existente en la sociedad españoladebido a la falta de una asistencia sanitaria en salud mental de calidad. La misma no está acorde a los estándares europeos en la relación de asignación de recursos -tanto financieros como humanos- y su población, hecho que se recrudece en cuanto al cuidado de la salud mental de la población LGTBI+.
Con esto no quiero decir que el Estado deba tener un papel paternal – patriarcal sino que se sigan las indicaciones marcadas por la O.M.S. Y de esta forma, se pase de un modelo centrado en lo biológico y farmacéutico a un paradigma bio-psico-social que preste atención a la calidad de vida de las personas en forma real, efectiva y afectiva buscando asegurar así que ellas desarrollen su personalidad en forma libre e integral.
Esto es hacer país. Porque de lo que se trata es de facilitar que las personas puedan ejercer sus derechos y libertades individuales desde la emancipación y la soberanía sobre sus propias mentes y cuerpos. No se trata de sobrevivir y estar en las condiciones mínimas para poder volver a la cadena de producción lo antes posible.
Para ponerlo en otras palabras: nadie pierde con ciudadanas y ciudadanos libres y emancipados sino que toda la sociedad gana cuando se trabaja desde y para la diversidad en pos de la libertad e igualdad.
Quedará para otra oportunidad analizar el papel patologizante de la sanidad pública, la legislación y el efecto en las dificultades de las compañeras y compañeros transexuales a nivel laboral y a la hora de lograr concretamente esa emancipación tan soñada.
Para ello, es necesaria una construcción social en la que participemos todas y todos, desde la misma diversidad, en forma transversal, desde nuestras propias diferencias y que por sobre todas las cosas, nos pertenezca a todos y todas. Sólo así podremos construir el país abierto, plural y diverso que soñamos. Ese país del que definitivamente podremos sentirnos orgullosas.
Los inquisidores siguen entre nosotros