El Sindicato de Mineros había anunciado una huelga programada para el 1 de agosto en la sede de Eti Maden en Ankara y en las minas de borato de Bigadiç, Kırka y Emet, todas gestionadas por la empresa estatal.
Por Ernesto Vílchez | 31/07/2025
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, ha desatado una nueva controversia al firmar un decreto presidencial que prohíbe una huelga convocada por el Sindicato de Mineros de Turquía (Türkiye Maden İşçileri Sendikası) en cuatro instalaciones clave de la empresa estatal Eti Maden. La medida, publicada en el boletín oficial este 31 de julio, declara la huelga como una «amenaza a la seguridad nacional» y la suspende por 60 días, generando una fuerte reacción de los trabajadores y sus representantes, quienes denuncian esta acción como un ataque directo a sus derechos constitucionales.
El conflicto laboral
El origen del conflicto se encuentra en las prolongadas negociaciones del Protocolo Marco de Convenios Colectivos del Sector Público, que involucra a aproximadamente 600.000 trabajadores públicos en Turquía. Durante más de siete meses, el gobierno de Erdoğan y los sindicatos, liderados por la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de Turquía (TÜRK-İŞ), no han logrado un acuerdo sobre los aumentos salariales. Los trabajadores exigen que sus salarios se indexen a la inflación, que ha alcanzado niveles críticos en medio de la crisis económica que atraviesa el país, erosionando gravemente su poder adquisitivo.
El Sindicato de Mineros había anunciado una huelga programada para el 1 de agosto en la sede de Eti Maden en Ankara y en las minas de borato de Bigadiç, Kırka y Emet, todas gestionadas por la empresa estatal. Estas instalaciones son cruciales para la producción de bor, un mineral estratégico en el que Turquía es líder mundial. Además, el sindicato planeaba extender la acción a otras operaciones de Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) a partir del 8 de agosto.
El decreto presidencial
El decreto de Erdoğan, amparado en el artículo 63 de la Ley 6356 de Sindicatos y Convenios Colectivos, justifica la prohibición de la huelga al considerarla una «amenaza a la seguridad nacional». Esta decisión ha sido ampliamente criticada por el sindicato, que la califica como una maniobra para reprimir las demandas legítimas de los trabajadores y socavar sus derechos fundamentales. La medida no solo pospone la huelga, sino que también refleja la postura intransigente del gobierno frente a las exigencias de los trabajadores públicos.
El Sindicato de Mineros emitió un comunicado en su sitio web oficial, expresando su indignación y determinación frente a la prohibición. «Durante meses hemos luchado por un salario digno que nos permita vivir con dignidad. Los trabajadores de Eti Maden, que con su esfuerzo sostienen la producción de un recurso clave como el bor, no han recibido el pago justo que merecen. El gobierno se niega a indexar nuestros salarios a la inflación, dejándonos en una situación de pobreza mientras los costos de vida se disparan», afirman en el documento.
Además, añaden que «no solo nos han negado el justo reconocimiento a nuestro trabajo, sino que ahora nos arrebatan nuestro derecho constitucional a la huelga. Calificar nuestra acción como una ‘amenaza a la seguridad nacional’ es un insulto a los trabajadores que arriesgan sus vidas en las minas para sostener la economía del país.»
Llamado a la acción
Los mineros advierten que no se doblegarán ante esta injusticia y que la huelga es un derecho inalienable, señalando que esta prohibición solo refuerza su determinación. «Seguiremos luchando en las calles, en las plazas y en todos los espacios posibles para hacer escuchar nuestra voz. Exigimos respeto a nuestro derecho a la negociación colectiva y a un salario justo», apuntan.
Los trabajadores denuncian que mientras el Gobierno protege a los poderosos, los trabajadores viven en la miseria. La inflación oficial no refleja la realidad que enfrentan día a día en los mercados. Por ello exigen un salario que les permita cubrir las necesidades básicas y las de sus familias.
La prohibición de la huelga ha generado una ola de críticas tanto de los sindicatos como de sectores de la oposición. Ergün Atalay, presidente de TÜRK-İŞ, expresó su decepción, señalando que los trabajadores han esperado pacientemente durante más de 210 días por un acuerdo justo. “La huelga no es nuestro objetivo, sino un medio para alcanzar la justicia. Pero si nos cierran todas las puertas, no nos quedará más remedio que salir a las calles”, afirmó Atalay. Por su parte, Nurettin Akçul, presidente del Sindicato de Mineros, destacó la importancia estratégica de los trabajadores de Eti Maden y acusó al gobierno de hipocresía: “Nos llaman esenciales para la economía, pero cuando pedimos un salario digno, nos tratan como una amenaza. Esto no es justicia, es represión”.
La decisión de Erdoğan también ha levantado preocupaciones sobre el debilitamiento de los derechos sindicales en Turquía, un país donde las libertades laborales ya enfrentan restricciones significativas. El decreto refuerza la percepción de un gobierno que prioriza el control sobre el diálogo social, lo que podría intensificar las tensiones en un contexto de creciente malestar económico.
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