Entrevistamos a Mina Touro – O Pino NON: «Reclamamos que la Xunta de Galicia deniegue la aprobación del proyecto de Cobre San Rafael, porque es sumamente perjudicial para la salud, para el medio ambiente y para la economía local»

Por Daniel Seixo

Mina Touro – O Pino NON, es una plataforma creada para combatir uno de los mayores crímenes ecológicos del extractivismo en pleno corazón de Galiza. Silencio, oscuros intereses económicos y un absoluto desprecio por la tierra y la población reproducen en Galiza y bajo el mandato del estado español y la Xunta en manos del Partido Popular y del señor Feijóo, las mismas dinámicas que el capitalismo depredador e imperialista suele reproducir en África, Asia o Latinoamérica bajo la más absoluta complicidad de las autoridades reinantes. No se trata solo de frenar una mina, sino un modelo económico, una plaga, una avanzadilla del neoliberalismo más radical que tarde o temprano nos afectará a todes. Desde Nueva Revolución, una vez más nos adentramos con nuestros escasos medios en la cara proletaria de la noticia, una vez más le damos voz al pueblo, para que el pueblo escuche y reaccione. De ustedes depende escuchar, reflexionar y compartir la voz de esta plataforma vecinal y de este medio.

¿En que consiste el proyecto que se quiere llevar a cabo en la Mina de Touro?

El proyecto, promovido por la empresa Cobre San Rafael SL, consiste en la extracción de cobre a cielo abierto en 10 cortas mineras sobre casi 700 hectáreas de terreno que abarcan los municipios de Touro y O Pino. Durante 15 años de actividad, pretenden extraer 102,7 millones de toneladas de mineral. Posteriormente a la presentación del proyecto, la empresa ha comunicado públicamente su intención de extraer también plata en el mismo terreno y de explorar hasta 122 kilómetros cuadrados de terreno, llegando incluso a Santiago de Compostela.

¿Es un proyecto sostenible?

No. Desde el punto de vista medioambiental, para extraer 102, 7 millones de toneladas de mineral, tienen que mover 267,1 millones de toneladas de material, de las que se obtendrían algo más de 400.000 toneladas de cobre, por lo que la mayor parte del material son estériles de mina, potencialmente generadores de drenaje ácido. Además, para procesar todo el mineral necesitan ingentes cantidades de agua, más que las que consumimos las poblaciones de ambos municipios afectados juntas, y no hay abastecimiento suficiente para población y mina. De hecho, según el proyecto, una veintena de manantiales que abastecen a población y granjas quedarían sepultados bajos las escombreras y balsas de la mina. Desde el punto de vista social y económico hay un gran rechazo, tanto por la cercanía de las balsas y escombreras a las zonas habitadas (menos de 200 metros) como por la afectación a las actividades económicas propias de la zona rural, como son la agricultura y la ganadería o, en este caso, la actividad turística derivada del Camino de Santiago, cuya ruta discurre a menos de 1 kilómetro de la explotación a su paso por Pedrouzo, la última etapa del Camino Francés, el más transitado.

¿Qué explicaciones han recibido desde las instituciones?

Desde las instituciones hay cierto hermetismo a la hora de facilitar información, y las explicaciones son escasas. Si bien hace ya un año el conselleiro de Industria reconocía que “tal y como está presentado, el proyecto no es viable” y el presidente de la Xunta de Galicia dice cada vez que se le pregunta que se seguirá escrupulosamente la ley, han permitido a la empresa promotora saltarse los plazos del procedimiento a su antojo sin que haya presentado toda la documentación requerida, en lugar de decretar la caducidad del procedimiento por causa imputable al interesado, como dice la ley, concediéndole ampliaciones de plazos constantemente sin justificación aparente.

Socialmente, el pueblo gallego ya ha dejado claro su rechazo a esta depredación del territorio en la manifestación que el ano pasado abarrotó la Plaza del Obradoiro para gritar al unísono que no queremos la mina de Touro y O Pino.

¿Cuando comienzan las protestas?

Desde que a finales de agosto de 2017 saliera el proyecto a información pública, la población de las zonas más directamente afectadas empezamos a movernos y a presentar alegaciones dentro del plazo de un mes que la Xunta concedía al efecto. Poco a poco fuimos tratando de informar cada vez a más gente y terminamos organizándonos en una plataforma vecinal, y con ella comenzamos nuestras protestas y nuestra presencia en redes sociales, herramienta fundamental para dar a conocer el problema.

¿Qué reclaman en la actualidad desde su plataforma?

Reclamamos que la Xunta de Galicia deniegue la aprobación del proyecto de Cobre San Rafael, porque es sumamente perjudicial para la salud, para el medio ambiente y para la economía local. Y porque ya hemos convivido con una mina en el mismo lugar, abandonada hace más de 30 años, y de la que todavía estamos sufriendo las consecuencias medioambientales y de salud, por eso también reclamamos la restauración de los terrenos de la antigua mina y los ríos y riachuelos contaminados que nos han quedado de recuerdo, así como el cese de las actuales actividades llevadas a cabo dentro del terreno por empresas ahora asentadas allí que, amparadas bajo el paraguas de lo ecológico, dedican el espacio de la antigua explotación como depósito de todo tipo de residuos, llegados desde diversos puntos de la geografía europea, con la excusa del reciclaje, pero que no son sino una forma fenomenal de lucrarse con cada camión que entra en el recinto. Desde “hilillos” de chapapote del Prestige hasta camiones con huevos Kinder caducados, o restos hospitalarios, en las cortas de la antigua mina hay lugar para todo lo que a la empresa le genere beneficio, aunque a veces se derramen por las escombreras y lleguen al río, contaminando sus aguas. Mientras tanto, los vecinos de los alrededores soportan, día sí y día también, nauseabundos olores procedentes de los residuos de la mina, que llegan a provocar vómitos, dolores de cabeza e incluso ansiedad. Por eso pedimos también el cese de este tipo de actividades insalubres y contaminantes.

En una reciente entrevista para les compañeres de El Salto, Steven Emerman -doctor en geofísica, consultor internacional en minería y experto en valoración del impacto medioambiental de proyectos extractivistas- señalaba que ya sea antes o después del cierre, esta presa va a fallar y va a liberar todos los relaves tóxicos y ácidos al ambiente ¿Cuál es la versión que las instituciones gallegas y la empresa os han trasladado?

En este caso, la Xunta de Galicia ni se ha pronunciado al respecto, mientras que la empresa ha empleado como único argumento de defensa el ataque a Steven Emerman simplemente por ser estadounidense, en ningún momento han hecho referencia a cuestiones técnicas sobre la seguridad de las presas, tal vez porque no pueden negar lo innegable. Ninguna de las alegaciones e informes que hemos presentado en casi dos años ha obtenido ningún tipo de respuesta, solo el intento de desacreditación pública de tipo personal sin ninguna base científica. ¿Consideran posible frenar el proyecto? Lo consideramos posible y lo consideramos lógico. Técnicamente, el proyecto no es viable se mire por donde se mire. La mayoría de informes de expertos, tanto de la Xunta como independientes, indican que el proyecto no es seguro y no debe llevarse a cabo por múltiples motivos. No hay garantías de seguridad para las personas ni para el medioambiente. Los informes presentados contra el proyecto descubren todas sus debilidades e incongruencias y, además de ser ya públicos y constar en poder de la Administración, no han podido ser rebatidos ni argumentados científicamente en ningún momento por parte de la empresa, que únicamente se ampara en decir que el proyecto traerá empleo, algo del todo incierto, ya que en esta comarca ya existe empleo sin la minería, y no cuentan, obviamente, que destruirán más del que potencialmente prometen. Socialmente, el pueblo gallego ya ha dejado claro su rechazo a esta depredación del territorio en la manifestación que el ano pasado abarrotó la Plaza del Obradoiro para gritar al unísono que no queremos la mina de Touro y O Pino.

¿Hasta que punto están dispuestos a llegar?

Esperamos que no sea necesario ir más allá de la vía administrativa, porque de lo contrario estaríamos ante una Administración que defiende los intereses particulares de una empresa, que ni siquiera es gallega, por encima de los intereses de Galicia y de las gallegas y gallegos. Pero, sin duda, si fuera preciso, agotaremos hasta el último resquicio legal para proteger nuestras vidas, nuestra salud y nuestro futuro. Volveremos a salir a la calle y seguiremos denunciando, como hasta ahora, todas las posibles irregularidades cometidas tanto en lo relativo al proyecto como en lo que concierne a las actividades que en la actualidad se llevan a cabo en los terrenos de la antigua mina.

¿Han recibido muestras de solidaridad en todo este tiempo?

Constantemente, tanto desde Galicia como desde el exterior. Más de 45 ayuntamientos y 2 diputaciones provinciales han aprobado mociones de rechazo al proyecto; más de 180 organizaciones y asociaciones de todos los ámbitos también nos han manifestado su apoyo; hemos entregado alrededor de 2000 alegaciones en la fase de información pública; 26000 personas han firmado una petición contra la mina y en la plataforma digital (link: http://change.org) change.org tenemos abierta una petición que ya ronda los 70000 firmantes. Quienes curiosamente se han posicionado a favor del proyecto y en contra de la mayoría de la ciudadanía han sido las corporaciones municipales de los dos municipios afectados.

La empresa no tiene reparos en mentir a sus inversores para hacerles creer que el proyecto va bien encaminado y la Xunta se posiciona con ellos

¿Consideran que el pueblo gallego y la población del estado español está al tanto de este proyecto y de sus consecuencias?

Desde el inicio, hemos tratado de difundir por todos los medios a nuestro alcance la problemática de este proyecto, hemos organizado charlas informativas con expertos, recorrido ferias y todo tipo de eventos informando a los vecinos y vecinas, redactamos boletines informativos que hicimos llegar a todas las casas de la zona, tenemos unas redes sociales constantemente activas y participativas, pero ni la televisión pública gallega ni los medios de prensa escrita de más tirada nos dan toda la cabida que deberían, a nuestro juicio. Con respecto al estado español, estamos a la espera de una respuesta contundente después del informe del Defensor del Pueblo sobre el proyecto, así como el presentado por ICOMOS.

¿Está propiciando la RTVG una cobertura adecuada a su caso?

Se pueden contar con los dedos de una mano las veces que desde la RTVG han cubierto alguna noticia relativa a la mina de Touro, y siempre a petición nuestra, pero si en un mismo espacio nos concedían un minuto, a la empresa le concedían el doble, además de publicitar como noticias, en días posteriores, las supuestas bondades de las empresas asentadas en el territorio de la antigua mina.

¿Puede suponer la Mina de Touro un Prestige anunciado en tierra?

En tierra y en mar. Tal y como explica Steven Emerman en su informe sobre la seguridad de las balsas, éstas pueden romper en cualquier momento y arrasar todo a su paso aguas abajo. Con capacidad para 50 millones de metros cúbicos de lodos de mina, en caso de ruptura de los muros de contención, la riada arrasaría todo a su paso: personas, animales, casas,… Y en cuestión de muy pocas horas descendería todo el río Ulla hasta su desembocadura en la Ría de Arousa, acabando así con toda la vida piscícola y acuícola a su paso. Sería, sin duda, una gran tragedia anunciada. Recordemos recientemente la catástrofe de Brumadinho en Brasil, la velocidad que alcanzó el derrumbe fue de 165 km/hora, desde donde pretenden realizar las enormes balsas en Touro hasta la Ría de Arousa no llega a 90 km siguiendo el cauce, la cuenta atrás es inminente, y ante una catástrofe de esa envergadura las consecuencias incalculables, no existe compañía aseguradora que cubra semejante posibilidad, lo que significa que, si algo sucede, además de las terribles consecuencias, el gobierno, es decir nuestros impuestos, serían los potenciales pagadores, como sucede en estos casos, sin ir más lejos el ejemplo de Aznalcóllar, 16 años de batalla judicial.

¿Conocen el conglomerado de empresas tras este proyecto? Entre otras se encuentra Atalaya Mining, empresa que gestionaba la mina de Río Tinto en Huelva y que hace apenas dos meses ha visto anulada la autorización que le permitía la explotación de esa mina tras diferentes denuncias por contaminación ambiental grave. Atalaya Mining destaca que la Xunta es favorable a los proyectos mineros para transmitir confianza a los inversores en la mina de Touro, pero sin embargo un informe ICOMOS, la organización ligada a la UNESCO encargada de los bienes patrimonio de la humanidad, advierte a la Xunta de que en caso de autorizar la megaexplotación minera, el Camino de Santiago podría perder incluso su condición de Patrimonio de la Humanidad por el “grave impacto” que la mina tendría sobre la ruta ¿A que consideran que se pueda deber que la Xunta parezca dispuesta a correr este riesgo?

El conocimiento de las empresas involucradas en el proyecto minero es otro de los motivos que nos genera desconfianza precisamente pero, al mismo tiempo, vemos que sigue los pasos típicos de este tipo de empresas a lo largo del planeta, llevando a cabo sus estrategias de engaño y despiste para hacerse con la licencia social que pueda servirles para desestabilizar el entorno y así poner entre las cuerdas a la Administración para presionarla a resolver a su favor. De los pocos empleados de Cobre San Rafael (empresa creada ad hoc para este proyecto de la unión de la empresa local concesionaria del terreno, Explotaciones Gallegas SL, y la multinacional chipriota Atalaya Mining), un número significativo han trabajado antes para la empresa que pretendía extraer oro en Corcoesto en el año 2013, realizando labores de ingeniería social, son contrataciones estratégicas que la empresa realiza, conseguidores de voluntades. Por otro lado, en lo que respecta a los inversores, la empresa no tiene reparos en mentir a sus inversores para hacerles creer que el proyecto va bien encaminado y que la Xunta, al decir que exigirá el estricto cumplimiento de la ley, se posiciona con ellos, pues en ningún momento van a reconocer que no han presentado un proyecto sostenible ni de minería moderna, no van a reconocer que han priorizado menores costes a seguridad de las personas y el medio ambiente. En cuanto al informe ICOMOS, por increíble que parezca, el conselleiro de Cultura, tras conocerlo, aseguró en el Parlamento de Galicia que el proyecto no afecta en ningún caso al patrimonio del Camino de Santiago, haciendo así caso omiso al organismo internacional, mientras que por otro lado vende a bombo y platillo el Xacobeo 2021. Tal vez el Año Santo pase a la historia, pero por ser el que los peregrinos eligen para no venir por el Camino Francés.

Galicia es una Comunidad que puede presumir de una inmensa riqueza natural, con fértiles ríos y rías, un vasto patrimonio histórico y cultural, por eso no podemos permitir que la horaden dejándonos huérfanos de nuestra esencia verde, porque Galicia es verde, no cobriza ni dorada.

¿Existe un plan para la gestión a largo plazo o perpetua de las áreas afectadas por la minas después del cierre?

En la teoría, la empresa dice que irá restaurando según vayan avanzando en las labores, pero sabemos que eso no va a ser así, porque ni siquiera se han restaurado todavía los pasivos ambientales de la explotación de los años 70. Además, en donde ahora hay prados y montes (solo alrededor de la mitad del terreno del proyecto es de la empresa, el resto es de titularidad privada, que tendrían que comprar o expropiar) después no podrá haber apenas vegetación, pues encima de las escombreras y balsas será imposible plantar árboles con raíces profundas porque perforarían la finísima geomembrana con la que prevén cubrir las balsas. De hecho, ni siquiera incluyen en el nuevo proyecto la restauración de una balsa de la anterior explotación, ni el cauce de un río de color totalmente cobrizo, con la excusa de que en él existen unas bacterias extremófilas con interés científico para aspectos como el origen de la vida o por las posibilidades de vida extraterrestre, según ha reconocido el edafólogo Felipe Macías, defensor del proyecto y encargado de un proyecto de recuperación de las augas de los ríos de Touro contaminados por la mina. El mismo que defiende el proyecto a capa y espada por sus supuestas bondades, al tiempo que reconoce que al lado de la mina no será posible vivir. La única restauración segura sería el desmantelamiento de las balsas, y como eso no es posible, solo quedaría la vigilancia y mantenimiento a perpetuidad, lo cual tampoco se contempla en el proyecto de Cobre San Rafael, por lo tanto no existe tal restauración. Los pasivos quedarían a perpetuidad como una herencia envenenada.

¿Consideran que este tipo de proyectos extractivistas pueden repercutir positivamente de alguna forma en Galiza?

Bajo nuestro punto de vista este tipo de proyectos, donde priman los máximos beneficios económicos frente a las personas y el entorno en el que vivimos, solo benefician a quienes los promueven, pues para el resto de la población lo único positivo que pueda repercutir son unos pocos empleos durante una o como mucho dos décadas, que para nada compensan todo el daño que causan, tanto en el día a día de una explotación de este tipo a tan poca distancia de zonas habitadas, por los problemas de polvo en suspensión, voladuras a diario o escasez de agua potable, como por la contaminación en suelos y aguas, una herencia envenenada que perdurará a lo largo de muchas décadas. Galicia es una Comunidad que puede presumir de una inmensa riqueza natural, con fértiles ríos y rías, un vasto patrimonio histórico y cultural, por eso no podemos permitir que la horaden dejándonos huérfanos de nuestra esencia verde, porque Galicia es verde, no cobriza ni dorada. Galicia no es una mina.