Por Ricard Jiménez
Bajo el punto de mira internacional parece que un chispazo ha atravesado a Colombia para romperla en mil pedazos. Sin embargo, la trama no atañe a las dos últimas semanas, sino que para comprender al ambiente quebrado de la actualidad es necesario recalcar la tensa trayectoria del país. Para entender este entorno hemos hablado con Rafael Britto, Investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
¿Qué está ocurriendo en Colombia?
En el corto tiempo y en el plano nacional, indudablemente se trata de un estallido del malestar social que venía incubándose aproximadamente desde 2018, siendo sus primeras manifestaciones las movilizaciones y marchas de octubre a diciembre de aquel año.
Se trató a favor de la defensa de la educación superior promovida en especial por el movimiento estudiantil, profesores, padres de familia y reclamos de directivas, que incluyó cese de actividades universitarias bajo la consigna “A parar para avanzar”, reclamando, como punto principal, un presupuesto superior para atender la grave crisis de las universidades públicas. Un problema de vieja data que hereda e inaugura al gobierno de Iván Duque a los pocos días de su posesión en agosto de 2018, pero que tampoco resuelve.
Luego, en noviembre de 2019, el inconformismo social crece en tanto las movilizaciones en aquella ocasión adicionaron nuevos reclamos ciudadanos, entre ellos el incumplimiento por parte del gobierno nacional a los acuerdos pactados el año anterior y que pusieron fin a las movilizaciones por la defensa de la educación superior, el llamado “paquetazo del gobierno Duque”, con el cual se denunciaba reformas pensionales, laborales y una reforma tributaria, aprobada finalmente en diciembre de aquel año por el Congreso, que incluyó, entre otros, una mayor carga sobre las personas naturales y una menor a favor de las empresas y grandes capitales de inversión para estar más acorde con los parámetros OCDE.
También el incumplimiento al Acuerdo de Paz del Teatro Colón de 2016 y la denuncia de los homicidios contra lideres sociales, comunitarios, ambientales y reincorporados a la vida civil de la guerrilla de las FARC-EP, entre otros.
Posteriormente, en 2020, las medidas decretadas por los gobierno nacional y locales contra la pandemia de covid-19 en especial aquellas de cierre de comercios, empresas y confinamiento de ciudades y el tratamiento policivo con exceso de uso de la fuerza para hacer cumplir las mismas contra vendedores callejeros y ambulantes, que se apreciaban en videos que circulaban por las redes sociales, acompañados de una insuficiente e inadecuada atención socioeconómica de las capas sociales más vulnerables hizo crecer aún más el inconformismo y la percepción de injusticia.
Este año la reforma tributaria, ya retirada del Congreso, pero a la espera de otra propuesta concertada en especial, probablemente, con los partidos de gobierno vino aumentar la presión y el resultado es el que se aprecia. En este “paro nacional” el sector de los camioneros y los pueblos indígenas, representados en diversas organizaciones, se sumaron al mismo.
Ahora, apreciada la situación en el largo plazo y a nivel global, se trata de los mismos factores que en otras sociedades también causan malestar y por las cuales se movilizan igualmente; variables comunes que se suman y se relacionan con las propias condiciones nacionales, coyunturales y estructurales, tales como el narcotráfico y el conflicto armado interno.
Es el fin del neoliberalismo y la ausencia, por ahora, de alternativa visible, con algún grado de maduración, para su reemplazo. También el cambio generacional. Y, algo de mayor envergadura, la crisis civilizatoria que tiene su mayor representación en la crisis ecológica y su contradicción con una economía extractiva-minera.
El año 2020 se cerró en Colombia con centenares de líderes sociales asesinados y esta ha sido la tónica general desde la firma del tratado de La Habana, ¿puede estar relacionado el actual estallido, también con un largo proceso de represión?
Considero que no. Los homicidios de líderes sociales presentan varias causas, entre ellas la vinculación de algunos poderes y grupos políticos regionales y locales con actores del narco-paramilitarismo, que ven amenazados sus intereses por reclamaciones sociales, de tierras, denuncias de corrupción, oposición a proyectos lucrativos perjudiciales a la comunidad o disputas personales.
Estos se presentan, en especial, en la Colombia rural. Más bien se ha dado inicio a un proceso de represión en las ciudades el cual parece va reduciendo su intensidad o por lo menos presentándose con otras formas.
El motor principal de estas movilizaciones urbanas son los jóvenes y son ellos y ellas las principales víctimas. Según algunas cifras de informes, las víctimas de la represión policial oscilan entre los 16 a 26 años de edad.
Entonces, ¿porqué estamos viendo también tal grado de represión ante las movilizaciones y disturbios?
Interpreto que el gobierno nacional actúa en un marco muy estrecho de alternativas de solución. Me refiero a las practicas estatales de atención de crisis sociopolítica. Las reclamaciones sociales parecen acumularse de un gobierno a otro y se inaugura cada cierto tiempo un nuevo ciclo de protestas alrededor de básicamente los mismos problemas.
Los acuerdos entre sectores sociales reclamantes y gobierno nacional no parecen alcanzar el punto de transformación o solución o esta no se sostiene en el tiempo por parte del Estado. Se presenta una inercia estatal. No es novedoso que se le reclame al gobierno nacional, a este y a los anteriores en sus propias crisis, el incumplimiento de los acuerdos. Entonces, viene el estallido social y la respuesta es la represión en medio de llamados, por parte del gobierno, a la concertación con quienes han perdido ya la confianza institucional.
¿Hay factores y actores externos que jueguen un rol determinante en Colombia y que sostengan esta deriva represiva?
Casi que la pregunta viene acompañada por la respuesta. Me refiero a que es de conocimiento público que Colombia desde la perspectiva geopolítica pertenece al hemisferio occidental, región que comanda Estados Unidos (EEUU), más allá de la competencia estratégica con China, la cual desde hace varias décadas viene aumentando su presencia e influencia regional mediante sus “propios” capitales. La vinculación especial de las elites nacionales con EEUU tiene más de un siglo de existencia y se ha fortalecido, en el siglo XXI, con el ingreso formal del Estado colombiano a la OCDE y a la OTAN.
De advertirse, que el Estado colombiano sí presenta un serio déficit fiscal que, se explica en parte por la reducción de los ingresos provenientes de las exportaciones extractivas – energéticas vinculada a los ciclos internacionales. Ahora, en el marco del neoliberalismo en crisis, pero aún vigente, las instituciones globales como el FMI, quien el año pasado prestó a Colombia US$5.400 millones, y las agencias de calificación de riesgo, que ejercen un peso decisivo para el flujo o restricción de capital hacia Colombia, mediante sus políticas han condicionado el contenido de la reforma tributaria la cual ha venido a prender una pradera que se encontraba lista para arder.
Es cierto que según las respuestas anteriores esto es algo que no se intuye, pero ¿cabe la posibilidad que el contexto presente conlleve un regreso a la vía armada como en pretérito? De no ser así, ¿qué consecuencias tendrá el actual levantamiento?
Los principales sectores de movilización son los jóvenes, camioneros, en especial en las carreteras nacionales e ingreso a ciudades y pueblos, productores campesinos, indígenas y sindicatos. Y aunque ahora parte de sus reivindicaciones pueden incluir, entre otros, el cumplimiento a los Acuerdos de 2016 y el cese de los homicidio y protección de líderes sociales y reinsertados, siendo en su inicio el rechazo a la reforma tributaria, no se trata de sectores vinculados al conflicto armado ni a las organizaciones guerrilleras pasadas o actuales. Por lo tanto, no se puede hablar de un retorno a la vía armada por parte de los manifestantes porque no han estado antes allí.
Sobre las consecuencias derivadas del levantamiento popular aún puede ser temprano para identificar sus efectos de mediano plazo o mayor relevancia. No obstante, es indudable que el Estado se abrirá a políticas más equitativas y sostenidas; los partidos y liderazgos expresarán con mayor fortaleza sus programas de políticas redistributivas y se tratará de un punto de inflexión acelerando el debilitamiento en el proceso del fin del Uribismo.
¿Existe algún partido y/o personaje público capaz de canalizar el actual descontento?
Por un lado, desde hace varios años y en especial desde que empezó este gobierno, por la evidencia de ausencia de liderazgo y proyecto de Nación, los liderazgos políticos se han fraccionado aún más con miras a las elecciones presidenciales de 2022.
No existe, a la fecha, un dominio claro de alguno de estos liderazgos y precandidatos en particular, más allá que en las últimas encuestas ha sido el candidato, actual senador y líder de la oposición Gustavo Petro el que ha aumentado su favorabilidad sacando una ventaja sobre el resto de candidatos incluidos por las encuestadoras.
Sin embargo, en relación con el contexto de crisis profunda, del neoliberalismo extractivo, y en comparación con los otros es quien ha presentado a la ciudadanía una salida a la misma. Por otro lado, ninguno de los precandidatos ha querido asumir una vocería clara con fines de canalizar este descontento en tanto, como tercer factor, la mayoría de quienes protestan considerarían oportunista cualquier intento de atrapar o “secuestrar” el inconformismo y la protesta ciudadana.
Por último, como factor global con manifestaciones nacionales, la crisis de la democracia representativa y de los partidos también alcanza y se expresa desde hace buen tiempo en Colombia. Los partidos han dejado de canalizar las demandas sociales y de cohesionar las alternativas de solución a los desafíos nacionales.
De cara al futuro, ¿qué posibles rumbos o salidas se vislumbran?
Un posible rumbo puede ser de reconfiguración de la participación en el gobierno nacional de las fuerzas políticas que lo apoyan, máxime cuando se están preparando para elecciones a congreso y presidenciales del próximo año y esto permite acceso a recursos.
Propiamente no sería una solución a las problemáticas sociales, pero podría mostrar una mayor solidez en el gobierno y, en consecuencia, mayor capacidad de negociación. Por otra parte, ante la grave crisis, una variante de esta salida puede ser el propio gobierno de Iván Duque, no bajo su liderazgo sino con el respaldo de toda la denominada institucionalidad, convertido en gobierno de transición con el propósito de brindar una salida menos traumática al fin del Uribismo e impedir un ascenso de fuerzas progresistas.
Otra es la inclusión de algunas reformas o medidas temporales que ofrezca el gobierno nacional en coherencia con lo solicitado por los manifestantes, en especial para el gremio camionero, que es la manifestación que más preocupa en cuanto implica el cierre de vías nacionales y regionales como forma del “paro nacional”, continuando con la represión focalizada en otros sectores. Por esta vía puede restarle aliados a las movilizaciones populares.
Por último, como ya se afirmaba alargar las conversaciones sectoriales sin ninguna solución parcial o relevante de fondo mientras se espera pierda ímpetu y fuerza las manifestaciones y crezca el rechazo ciudadano a los cierres de vías.
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