Entrevista a Gustavo Sánchez, jornalero y afiliado de CNT: “Es necesario ir introduciendo en el debate la redistribución de la tierra”

Javier F. Ferrero

El campo se ha echado a la calle, aunque el enfado de los agricultores no es nuevo. El desplome de los precios, sobre todo el del aceite de oliva desde hace dos años, ha hecho mella en la renta agrícola, que en 2019 cayó un 8,6%.

Con varias protestas programadas para febrero, la lucha de los agricultores amenaza con convertirse en un nuevo escollo para el Gobierno de coalición. Por ello hablamos con Gustavo Sánchez Gómez, jornalero y afiliado a CNT, quien nos da una perspectiva adecuada y desde dentro del problema

¿Qué está pasando entre los pequeños y medianos agricultores?

Está habiendo muchas movilizaciones, ya lo vemos en los altercados que habido. Por un lado, en esas movilizaciones hay muchos pequeños agricultores, gente que trabaja directamente en la tierra, pero por el otro lado nos encontramos con manifestaciones, como la de Don Benito, convocadas por la patronal del campo, entre ellas ASAJA.

Estas segundas, la postura que tienen sobre la subida del Salario Mínimo es diferente a la que tienen muchos pequeños agricultores. Los propietarios de grandes superficies o grandes latifundistas, quienes tienen intereses bastante diferentes que los pequeños propietarios y los jornaleros.

¿Estos grandes latifundistas son los que tienen interés en achacar las manifestaciones al SMI?

Sí, además de los medios se ha dado mucha difusión. La subida del salario mínimo no supondría unos costes excesivos.

¿Y la situación va a ir a más?

Entiendo que sí. Hay un conflicto latente en lo que se conoce como la “España vaciada”. Por un lado estaba la gente que vive en el pueblo, en el entorno rural, que son gente trabajadora del campo, independientemente de que tenga otros trabajadores.

Por el otro de los grandes latifundistas, que a lo mejor viven en Madrid, Barcelona o Sevilla; y que no han pisado el campo en su vida, que tienen fincas enormes, unas sin producir otras produciones, y cultivos súper intensivos que además son perjudiciales para el medio ambiente.

Aparte de eso hay muchos trabajadores trabajando con salarios bajísimos, una mecanización brutal y con derechos laborales por los suelos. Los empresarios provinciales suelen pagar los sueldos según convenio, pero estos grandes latifundistas son más reticentes.

Si los agricultores llegasen de forma más directa al consumidor, se acabarían las protestas.

Exacto. Desde CNT y otras organizaciones afines apostamos por el comercio de cercanía. También tenemos algunas compañeras que trabajan en cooperativas agrícolas, que apostaron por un comercio agrícola de cercanía, que los productos no tengan que ser transportados a cientos de kilómetros. Al final eso repercute a nivel local.

¿Qué puede hacer el gobierno para paliar esta situación?

Principalmente tendría que revisar los acuerdos comerciales a nivel internacional, que suelen ser bastante perjudiciales para la agricultura local y para los pequeños agricultores. Sería necesario también revisar las políticas agrarias que se están llevando a cabo.

Por otro lado, sería prioritario blindar los acuerdos provinciales del campo y que suban conforme al IPC, que se cumplan los convenios y que haya inspecciones de trabajo suficientes para ello.

El Gobierno que tenemos actualmente, que dice ser progresista, tiene que poner medidas que repercutan en la clase trabajadora en este caso los más perjudicados son los trabajadores y las trabajadoras del campo. Hay que ir introduciendo debates de reforma agraria y de redistribución de la tierra, que aquí en Andalucía son fundamentales.

¿Según la última EPA, el sector agrario extremeño perdió 8.500 empleos en el último trimestre del año pasado, duplicándose casi el número de desempleados. El presidente de la Junta dice que un factor que ha podido incidir en ese repunte tan brutal del paro es la subida del SMI, ¿tiene razón o no Fernández Vara?

Para nada tiene razón. Estas declaraciones son completamente falsas. En el campo extremeño no sé exactamente cómo están ahora mismo en los convenios provinciales, pero alrededor de como están en Andalucía. Subir el salario mínimo no es un coste que no se pueda asumir.

Los que se quejan de esto no son los pequeños agricultores. Por ejemplo, UPA, que representan los pequeños agricultores, no se queja por esto. Si se queja a ASAJA, que representa a los grandes.


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