A pesar de haber reconocido el pago a menores por servicios sexuales, el pacto alcanzado con la Fiscalía ha permitido que ninguno de estos empresarios pase un solo día en prisión.
Por Isabel Ginés | 14/09/2024
Siete empresarios de renombre en Murcia, acusados de participar en una red de prostitución de menores, han eludido la cárcel gracias a un acuerdo con la Fiscalía. A pesar de enfrentarse inicialmente a penas de entre 24 y 56 años de prisión, los implicados han visto sus condenas drásticamente reducidas a un rango de cinco meses a dos años por cada delito, lo que les permitirá evitar el ingreso en prisión al quedar en suspenso las penas, ninguna de las cuales supera los dos años.
Las indemnizaciones para las víctimas, jóvenes de entre 15 y 17 años, oscilan entre los 500 y 2.000 euros por cada una, y se suman multas de apenas 450 a 720 euros, cifras irrisorias frente al daño infligido. El proceso judicial, que ha tardado casi una década en resolverse, culminó con la aceptación de los hechos por parte de los acusados, entre los cuales figura Juan Castejón Ardid, conocido promotor inmobiliario y expresidente de la CROEM y la COEC. A pesar de haber reconocido el pago a menores por servicios sexuales, el pacto alcanzado con la Fiscalía ha permitido que ninguno de estos empresarios pase un solo día en prisión.
La trama, desarticulada en 2015 por la Policía Nacional, estaba liderada por tres mujeres que captaban a adolescentes en discotecas de menores e incluso a la salida de los colegios, seleccionando a chicas en situación de vulnerabilidad para inducirlas a la prostitución. Las jóvenes eran reclutadas con la promesa de ganar dinero fácil, y a menudo se les solicitaba enviar fotografías en poses provocativas para que los clientes, que oscilaban entre los 40 y los 80 años de edad, pudieran elegir con quién querían mantener relaciones sexuales.
El juicio, celebrado en la Audiencia Provincial, ha dejado un sabor amargo al confirmarse que la mayoría de los implicados lograron reducir sus penas gracias a la estrategia de dilatar el proceso judicial durante una década. En total, 29 personas fueron arrestadas inicialmente, entre ellas las líderes de la red y 15 demandantes de servicios sexuales que pedían específicamente menores de edad. La policía llegó al fondo de la red al investigar la desaparición de una menor cuyo nivel de vida no coincidía con su situación familiar, lo que levantó las primeras sospechas.
La indulgencia del sistema judicial en este caso pone de manifiesto una preocupante brecha en la protección de los derechos de las víctimas frente al poder económico y la influencia de los acusados. A lo largo del juicio, los magistrados Álvaro Castaño, Concepción Roig y Ricardo Cuevas pidieron expresamente a los medios que las fotografías de los acusados se tomasen de espaldas, una medida que, según algunos observadores, contribuye a la percepción de impunidad y falta de transparencia en el proceso.
Este desenlace es un reflejo de la fragilidad de un sistema judicial que, al privilegiar acuerdos con los perpetradores, desestima la gravedad de los crímenes cometidos contra menores. La decisión de permitir que los empresarios implicados eviten la cárcel y se liberen mediante multas mínimas es un testimonio de la falta de voluntad para castigar de manera proporcional delitos tan atroces como la prostitución infantil. Las víctimas, jóvenes vulnerables explotadas por adultos poderosos, quedan relegadas a un segundo plano mientras los responsables reciben penas irrisorias. Esto no solo perpetúa la impunidad, sino que envía un mensaje devastador: la justicia puede ser comprada y los delitos graves, como la explotación de menores, pueden quedar impunes si se cuenta con los recursos suficientes.
Las consecuencias de esta sentencia van más allá del caso específico, socavando la confianza en el sistema legal y dejando a las víctimas en una posición de desamparo. La falta de castigo ejemplar refuerza la sensación de que la justicia no es igual para todos, especialmente cuando los acusados son personas de alto perfil. Es imperativo que las leyes y los procedimientos judiciales se revisen para garantizar que delitos tan graves no queden prácticamente sin consecuencias, y que el daño causado a las víctimas sea reconocido y compensado de manera justa. Solo así se podrá empezar a restaurar la esperanza en un sistema que, en este caso, ha fallado estrepitosamente a quienes más necesitaban su protección.
Completamente de acuerdo. La judicatura tiene aún una asignatura pendiente :hacer que las sentencias se basen en criterios de justicia, no en la mera aplicación de unas leyes que permiten ser interpretadas de forma corrupta.
Me lo esperaba.
El facherío en la judicatura va parejo con el encubrimiento de crímenes perversos como es el de la prostitución infantil. La justicia es muy injusta en ocasiones y el caso.mas sangrante, aún, lo tenemos en los favores al rey demérito. Sin tan siquiera haberlo juzgado a pesar de sus fechorías.