Todas las principales fuerzas políticas se apresuran a afirmar que cada una de ellas garantizará «más recursos para las familias y las empresas», pero todas siguen siendo muy fieles a los dictados del pensamiento neoliberal.
Por Frabrizio Burattini / Viento Sur
El primer ministro italiano Mario Draghi, jefe de gobierno desde el 13 de febrero de 2021, dimitió el 20 de julio. A pesar de una amplísima mayoría parlamentaria, del apoyo entusiasta de toda la prensa y la televisión dominante, de Confindustria y de todas las principales asociaciones patronales, de la Unión Europea y de otras instituciones imperialistas occidentales, el gobierno de los mejores tuvo que renunciar.
Una crisis anunciada
La crisis ya se había desencadenado en enero de 2022 tras el fracaso del proyecto de transferir al ex presidente del Banco Central Europeo directamente de la presidencia del Consejo de ministros a la presidencia de la República -en sustitución de Sergio Mattarella-, lo que habría impuesto un presidencialismo de facto. Y luego, a mediados de julio, se amplió con la decisión adoptada por el Movimiento 5 Estrellas que, en un intento de recuperar una base popular que estaba perdiendo, comenzó a distanciarse del gobierno, aunque siguió manteniendo a ciertos ministros dentro de él. En unos pocos años, el movimiento grillino [llamado así por su fundador Beppe Grillo] había caído del 33% de los votos en 2018 a poco más del 10% en las encuestas. Su fracción parlamentaria en la Cámara, que inicialmente contaba con 221 diputados (de 630), se redujo a 97 al final de la legislatura. Hay que recordar que 66 antiguos diputados y diputados grillini se unieron al grupo mixto [los diputados que no pertenecen a ninguna fracción de partido] y otros 51 siguieron al antiguo líder político, Luigi Di Maio, para formar un grupo explícitamente leal al jefe del gobierno Mario Draghi. A esto hay que añadir los que se han incorporado a la Liga [de Matteo Salvini], al partido Forza Italia del odiado Silvio Berlusconi o al Partido Democrático-PD [de Enrico Letta, secretario en funciones del PD desde marzo de 2021]. En la historia de Italia, marcada por frecuentes episodios de transformación, nunca se había producido un cambio tan masivo de representantes electos de un partido a otro.
En ese contexto, la crisis se precipitó cuando los partidos de la derecha decidieron unirse en la oposición, al considerar que era la alternativa más rentable con vistas a las elecciones generales que deben celebrarse, como muy tarde, en mayo de 2023. De hecho, hasta entonces, mientras los Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni se habían mantenido siempre en la oposición, tanto la Lega de Matteo Salvini como Forza Italia de Berlusconi habían participado en la mayoría que había apoyado al gobierno de Draghi. Una opción bastante lógica para estas dos formaciones, ya que posicionarse en la oposición al gobierno habría contribuido fuertemente a la subida en las encuestas del partido de Giorgia Meloni, por un lado, y al descenso paralelo de la Liga de Salvini, por otro.
Como resultado, el presidente Sergio Mattarella disolvió las Cámaras el 21 de julio y convocó nuevas elecciones para el 25 de septiembre.
A pesar de los numerosos indicios de que el gobierno estaba al límite, este anuncio cayó como un trueno, desorientando a todo el mundo político. Los periódicos, las televisiones y las organizaciones patronales se esforzaron por mantener a Draghi en el Palazzo Chigi [sede de la Presidencia del Consejo]. Incluso se lanzaron muchas peticiones en este sentido. Podemos mencionar la firmada por Matteo Renzi [ex líder del PD, senador, jefe de la formación Italia Viva; y financieramente muy cerca de las monarquías del Golfo], que se dice que ha recogido más de 100.000 firmas, y la firmada por un centenar de directivos y publicada por el periódico patronal Il Sole 24 Ore el 19 de julio. Incluso las confederaciones sindicales y Maurizio Landini, líder de la CGIL, deseaban que Draghi permaneciera «en todas sus funciones».
Por ello, muchos presionaron para que se mantuviera el gobierno de los mejores, pero Draghi demostró que carecía, al menos durante estos 18 meses de gobierno, no sólo de la cultura política específica, sino también y sobre todo de los instrumentos necesarios para gestionar una situación tan compleja. Esta incapacidad se puso de manifiesto cuando su gobierno tuvo que gestionar los 200.000 millones de euros asignados por la UE a Italia en el marco del plan de Nueva Generación. Mucha gente esperaba recibir una parte, mayor o menor, de este regalo; el gobierno se encontraba en un periodo de política económica relativamente expansiva, favorecida además por los bajos tipos de interés y la suspensión de los criterios de Maastricht, lo que significaba que los déficits presupuestarios podían aumentarse de una forma sin precedentes. La crisis gubernamental es, por tanto, un freno a los apetitos más o menos expresos de todas aquellas empresas que querían cosechar el máximo de una lluvia providencial e inesperada de miles de millones.
Las raíces de la crisis
A un nivel más profundo, las contradicciones sociopolíticas no resueltas del capitalismo italiano pasaron factura. La economía italiana tuvo sus mejores momentos en la época de la coexistencia pacífica entre Oriente y Occidente y en el contexto de una relación de colaboración con muchos países de Oriente Medio. La precipitada crisis de Oriente Medio, provocada por las guerras de Irak y Afganistán, las continuas tensiones con Irán, la guerra de Siria y, por último, la invasión de Ucrania por parte de Putin, han creado un obstáculo sin precedentes y muy fuerte para la economía del país. La economía del país siempre ha dependido de las exportaciones, característica que se ha acentuado también en los últimos años, debido a la contracción fiscal que ha frenado la demanda interna.
Además, el gobierno de Mario Draghi, con su publicitada opción de reavivar la vocación atlantista y occidental de Italia, ha provocado un descontento generalizado, impulsado no tanto por una inclinación neutralista y pacifista, sino por el miedo muy real de amplios sectores de las clases medias, y medias bajas, de la población a perder definitivamente cuotas importantes del mercado mundial (cierre casi total del mercado ruso, desaparición de los rusos y, en gran medida, de los chinos de los centros turísticos italianos, etc. ).
A todo ello se sumaron los efectos combinados de la crisis económica y de la economía de guerra, con el repentino y brusco incremento del precio de muchas materias primas y la reaparición de una inflación que el país no había visto en décadas (más del 8% de media, pero más del 10% en el caso de los alimentos y cerca del 43% en la energía).
Tradicionalmente, y cada vez más en los últimos años, la burguesía italiana se caracteriza por un creciente contraste entre los intereses de los sectores estrechamente vinculados a las clases dominantes capitalistas internacionales y una burguesía difusa, fragmentada en una miríada de pequeñas y medianas empresas (PYMES), a merced de las fluctuaciones del mercado mundial y de las políticas gubernamentales. En Italia, el mundo de las PYME representa el 99,9% del total de las empresas, contribuye a más del 70% del volumen de negocios del país, empleando a más del 81% de las y los trabajadores.
Esta contradicción se ilustra a menudo (y en cierto modo se simplifica) recordando la antinomia entre una economía del noreste integrada en el sistema centroeuropeo y un sur atrasado que ya ni siquiera está regado por la industria estatal. Este profundo contraste de intereses se gestionó con relativa facilidad mientras las políticas capitalistas permitieron una gestión más fácil de los recursos. Pero en los últimos tiempos, el hundimiento del mercado interior, el fin de las llamadas políticas inflacionistas, el profundo cambio tecnológico, la liberalización que penaliza las rentas de muchas PYMES, así como las restricciones sanitarias adoptadas durante la pandemia y el reciente aumento de los precios de la energía, han reavivado esta división de una forma nueva.
Y ello, a pesar de que en los últimos años la crisis de Covid-19 y, en general, la crisis económica han puesto a disposición de la economía italiana recursos que eran totalmente impensables hace sólo dos o tres años: los 200.000 millones del PNRR –Piano nazionale per gli investimenti complementari (Nueva Generación)– además de los 170.000 millones asignados recurriendo al crédito nacional e internacional gracias a la suspensión de los criterios de Maastricht. Pero, para el futuro, es muy poco probable que estas oportunidades vuelvan a surgir.
Por lo tanto, el futuro gobierno de derechas (si se confirman las previsiones actuales de las encuestas) tendrá que enfrentarse de forma concreta a estas contradicciones que, además, atraviesan profundamente su base social.
Todas las principales fuerzas políticas se apresuran a afirmar que cada una de ellas garantizará «más recursos para las familias y las empresas», pero todas siguen siendo muy fieles a los dictados del pensamiento neoliberal. Por otra parte, desde los primeros días de su gobierno (febrero de 2021), Mario Draghi, con el aplauso de todos los partidos que le apoyaban, subrayó explícitamente que la ayuda a las empresas, ese keynesianismo patronal que la UE adoptó tras la pandemia, debía premiar «sólo a las empresas viables» y no a las consideradas «sin futuro». Y, más en concreto, a principios de agosto, el Parlamento aprobó por amplísima mayoría (con la única oposición de los Fratelli d’Italia, que votaron en contra, con el objetivo demagógico de conseguir el apoyo de algunas pequeñas empresas) el decreto sobre la competencia que permite un proceso creciente de privatización de los servicios públicos.
Una crisis política que ha durado décadas
El sistema político en el que se apoyan las clases dirigentes italianas está en una grave crisis desde hace varias décadas. Fue deliberadamente violado en 2011, cuando la burguesía italiana y la Unión Europea obligaron de alguna manera a Berlusconi a dimitir para instalar el gobierno técnico de Mario Monti (noviembre de 2011-abril de 2013). Luego vivió la corta pero controvertida temporada del gobierno de Matteo Renzi [febrero de 2014-diciembre de 2016], que fracasó por su afán de hacer demasiado. [Le sucedió el gobierno de Paolo Gentiloni desde diciembre de 2016 hasta junio de 2018]. Por último, el sistema político italiano tuvo que lidiar con la aparición de un actor inicialmente desconocido y caprichoso como el Movimiento 5 Estrellas, con su desenvuelta acción de gobierno: primero, en alianza con la derecha de Matteo Salvini [de junio de 2018 a septiembre de 2019, dirigida por Giuseppe Conte], luego con el PD, y finalmente con ambos [Conte dimite en enero de 2021; el presidente Mattarella abre la puerta a Mario Draghi].
Pero esta crisis del sistema político no se ha resuelto, en absoluto, con el proyecto bonapartista de Draghi, que fue apoyado por una gran parte del mundo político y económico burgués. En realidad, el proyecto pretendía compensar la crisis general de los partidos políticos apoyándose en el carisma del antiguo presidente del Banco Central Europeo. Sin embargo, Draghi, a pesar de su credibilidad internacional, no podía contar con ninguna fuerza política propia. Se apoyaba en una mayoría parlamentaria extremadamente variopinta y pendenciera que, aunque cimentada en una adhesión general a la ideología neoliberal, estaba animada por una competencia política muy fuerte que no podía sino crecer a medida que se acercaban las elecciones.
Draghi sustituyó el auténtico consenso popular por los elogios y la complacencia de los medios de comunicación que, por supuesto, puede servir durante un tiempo, pero a medida que se acercan las elecciones, muestran su vacuidad.
Un mes antes de las elecciones
Sólo queda un mes para la fecha (domingo 25 de septiembre) de las elecciones más imponderables de la historia reciente de Italia.
El propio contexto institucional en el que se desarrollan estas elecciones es suficiente para hacerlas extremadamente imprevisibles. De hecho, por primera vez desde el final del fascismo, las elecciones al parlamento nacional no se celebran en primavera, como es tradicional, sino a principios de otoño, con una campaña electoral que tiene lugar en plena temporada de verano, que no es precisamente el momento adecuado para que el electorado, especialmente el popular, se despierte. En las últimas décadas, el interés por la vida política ha disminuido gradualmente hasta el punto de que, en las últimas elecciones regionales y locales, los índices de participación estaban por debajo del 50% (e incluso, en las regiones más afectadas por el deterioro social, por debajo del 40%).
Además, estas elecciones, al igual que las de 2018, se celebrarán sobre la base de una ley electoral que ahora se considera universalmente antidemocrática, confusa e inadecuada, pero que fue aprobada en 2017 gracias al voto favorable de una amplia mayoría compuesta por el PD, la Lega, Forza Italia y otras formaciones menores de centro-derecha. Esta ley se llama Rosatellum[1] en honor a su creador, Ettore Rosato, en su momento líder del grupo del PD en el parlamento y ahora coordinador nacional de Italia Viva, el grupo liderado por Matteo Renzi que se separó del PD en 2019.
Para hacer aún más confuso el contexto normativo, la reforma constitucional de 2020 redujo el número de parlamentarios italianos de 945 (630 en la Cámara y 315 en el Senado) a 600 (400 en la Cámara y 200 en el Senado), una reforma claramente demagógica. Esta reforma fue claramente demagógica, deseada por el Movimiento 5 Estrellas en su fervor antisistema, pero luego apoyada con diversos grados de convicción por todo el arco parlamentario, hasta el punto de ser aprobada en 2020 con una mayoría que en el pasado se habría calificado de búlgara (en la Cámara 553 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones). Esta reforma, que halagó a los ciudadanos con la ilusión de que reduciría los privilegios de la clase política, en realidad ha concentrado el poder en manos de aún menos personas. Ha aumentado la dependencia de los diputados de los grupos dirigentes de su partido y ha aumentado considerablemente el poder del gobierno sobre el parlamento.
Además, esta reforma no se complementó con los cambios reglamentarios necesarios y previstos, por lo que las elecciones del 25 de septiembre se desarrollarán aún más en un contexto de normas electorales especialmente confusas y, en algunos aspectos, indefinidas, lo que aumentará aún más su carácter antidemocrático. No es de extrañar que todos los comentaristas señalen que, gracias a esta ley electoral poco meditada, la derecha sólo necesitaría el 45-46% de los votos emitidos para tener una mayoría significativa en el Parlamento (más del 60%).
Pero, por supuesto, los aspectos más preocupantes de las próximas elecciones están en el terreno político.
La 18ª legislatura [de marzo de 2018 a octubre de 2022] ya fue la más extraña de la historia de la República. Se abrió con la sorpresa de una amplia mayoría relativa (casi el 33%) otorgada por el electorado a la fuerza política italiana que ha aparecido, hasta ahora, como la más insólita: el Movimiento 5 Estrellas fundado en 2009 por el cómico Beppe Grillo y dirigido por él. La incoherencia política e incluso humana de gran parte de esta formación ha conducido progresivamente, como ya hemos señalado, al exilio de bastante más de la mitad de sus electos y electas.
Pero las peculiaridades de la 18ª legislatura que termina no acaban ahí. Como es sabido, la legislatura se abrió con la llegada al poder de un gobierno dirigido por un abogado y profesor de derecho privado, entonces totalmente desconocido, Giuseppe Conte. Su gobierno fue apoyado por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga de Matteo Salvini. El gobierno entró en crisis ante las ambiciones de Salvini, alentadas por el abrumador éxito de su partido en las elecciones europeas de mayo de 2019, cuando la Liga pasó del 17,4% en marzo de 2018 (en las elecciones generales) a más del 34% en un año.
En este contexto, de repente, todo el mundo político italiano tuvo que enfrentarse a una nueva cita electoral (la de septiembre de 2022), que le pilló completamente desprevenido. Por el contrario, Giorgia Meloni, de Fratelli d’Italia, impulsó la celebración de elecciones anticipadas. Espera convertir el 24% que le dan las encuestas en una auténtica adhesión.
La derecha de Meloni, Salvini y Berlusconi
La coalición de derechas, compuesta por Fratelli d’Italia, la Liga, Forza Italia (así como la lista de los antiguos democristianos, Noi Moderati, liderada por Maurizio Lupi) está dividida por la disputa histórica entre Meloni y Salvini sobre la dirección de la alianza y, por tanto, sobre quién será el candidato a proponer a Mattarella para el puesto de presidente del futuro gobierno. Como se sabe, todos los sondeos dan como ganadora a Giorgia Meloni, aunque Salvini no parece resignarse todavía a un papel subordinado. Berlusconi, ahora fuera de juego, aspira a convertirse en el próximo presidente del Senado (que, según la Constitución italiana, es también el segundo cargo más alto del Estado) y, por qué no, incluso aspira secretamente a sustituir a Mattarella en caso de que éste dimita. Su fuerza política, antaño ultra-hegemónica en el centro-derecha, se ha debilitado aún más por el desprendimiento de la parte más proeuropea y centrista (de Forza Italia) y más hostil a la supremacía de Meloni y Salvini, calificados de «extremistas, soberanistas y más vinculados a los regímenes autoritarios de Europa del Este» (Hungría, Polonia).
Las tensiones internas de la coalición se han visto exacerbadas por las tradicionales batallas por el reparto de candidatos seguros [seguros de ganar], reparto que se ha hecho más complejo por el profundo cambio en el equilibrio de poder entre las tres formaciones principales. Las divisiones no se dan sólo entre los partidos, sino también, y a veces de forma aún más insidiosa, dentro de cada partido. Por ejemplo, dentro de la Liga hay un sector más reaccionario y demagógico que se identifica con Salvini. Otra está impulsada por fuertes inquietudes empresariales y tiene como referente al ministro de Desarrollo Económico Giancarlo Giorgetti [desde febrero de 2021] y a algunos presidentes regionales como Luca Zaia [presidente del Véneto desde abril de 2010] y Massimiliano Fedriga [presidente de la región de Friuli-Venecia Julia desde mayo de 2018]. Una diferenciación interna similar existe en Fratelli d’Italia. Lo mismo ocurre en Forza Italia, pero estas diferenciaciones internas han provocado la salida del partido de sus tres ministros, Mariastella Gelmini [ministra de Asuntos Regionales desde febrero de 2021], Mara Carfagna [ministra del Sur y de Cohesión Territorial desde febrero de 2021] y Renato Brunetta [ministro de Administración Pública desde febrero de 2021]. Los dos primeros se presentan a la reelección en la lista Calenda-Renzi [Carlo Calenda, empresario, es diputado], mientras que Renato Brunetta ha decidido no presentarse.
Sin embargo, esta derecha desacomplejada ya está haciendo campaña, con sus tradicionales argumentos demagógicos y agresivos: la seguridad, el impuesto único y, en general, la reducción de la presión fiscal. Todas sus promesas tradicionales están diseñadas para atraer, aunque de forma engañosa, a un determinado electorado.
Paralelamente a estas gastadas consignas en el frente social, esta derecha propone una reforma constitucional radical en dirección presidencialista y autonomista. La autonomía regional dará más recursos a las regiones más ricas, mientras quita otros tantos a la gente más pobre. En cuanto a la elección directa del presidente de la República, se trata de una propuesta muy insidiosa, ya que se basa en un profundo desencanto y desafección de las capas populares con la actual forma institucional, que se considera, con razón, cada vez más vacía y carente de toda atención a los intereses de las amplias masas. Al mismo tiempo, tiene un cierto atractivo para la gran burguesía y responde a su deseo de un Estado que responda con mayor prontitud y rapidez a los intereses cambiantes de las clases dominantes.
Según las normas actuales, una reforma constitucional de este tipo requeriría un proceso deliberativo largo y complejo, pero que un resultado ampliamente mayoritario para la coalición de derechas podría hacer posible.
También hay que señalar que, si se confirman los pronósticos y, por tanto, si esta coalición de derechas gana las elecciones y, gracias a la ley electoral, obtiene una amplia mayoría parlamentaria, Italia será el primer país de Europa occidental (aparte de Austria) gobernado por una coalición de derecha desacomplejada, dirigida además por un partido (Fratelli d’Italia) que es heredero directo del fascismo. Y esto en un país cuya Constitución (art. XII) todavía estipula: «Queda prohibida la reorganización, en cualquier forma, del partido fascista disuelto» (Disposiciones Transitorias XII). En un país que, en el verano de 1960 [en Génova, Roma, Reggio Emilia, Palermo], vio cómo grandes masas de jóvenes y trabajadores se enzarzaban en feroces combates callejeros (once personas muertas y cientos de heridas por la policía) contra la formación de un gobierno democristiano con el único apoyo externo del Movimiento Social Italiano [cuyo líder más destacado era Giorgio Almirante], Fratelli d’Italia se reivindicó como heredero de este partido, cuyo emblema (la llama tricolor) lució.
Giorgia Meloni, con palabras más falsas que las de Marine Le Pen, nunca se ha distanciado en la práctica del fascismo. Los vínculos entre su partido y ciertos grupos explícitamente neonazis y neofascistas están bien documentados.
Desde hace años, esta derecha ha invadido ampliamente el campo popular que, hasta hace unas décadas, parecía un bastión inexpugnable de la izquierda. Es un avance que aún no está estructurado. Todos los intentos de organizar sindicatos estrechamente vinculados a la corriente de derechas han fracasado hasta ahora. Es bien sabido que, especialmente en el Norte, muchos votantes de la Liga eran miembros del sindicato de izquierda CGIL. La fuerza de la derecha en estas regiones se basa en la ausencia de otros referentes políticos y culturales, y, sobre todo, en la desaparición de la izquierda. La conquista del gobierno nacional podría ser el instrumento decisivo para consolidar este avance.
Durante décadas, Italia fue considerada en el panorama político de Europa Occidental como el país con la izquierda más fuerte –representada en los años 70 por el PCI y las fuerzas de extrema izquierda– y con el mayor nivel de sindicalismo activo. Hoy es el punto débil de la Europa industrializada, el primer eslabón de la reacción política más violenta.
El centro izquierda
En cuanto al centro izquierda, la coalición de cara a las elecciones, tras una larga y grotesca negociación para incorporar a las formaciones centristas liberales, sólo consiguió el apoyo de los herederos ultraliberales del Partido Radical de «+Europa» y de los inconsistentes partidarios de la ex estrella 5 pro-Draghi, el ministro de Asuntos Exteriores Luigi Di Maio. En cuanto a la formación macronista de Carlo Calenda [Azione], ha roto con el PD y se presentará en coalición con la Italia Viva de Matteo Renzi. El objetivo de esta última microcoalición (que los medios de comunicación insisten en llamarla tercer polo, dado que todos los sondeos la sitúan en cuarta posición, después de la derecha, el centro-izquierda y el M5S) es intentar restar votos tanto a la derecha como al centro-izquierda, para evitar la formación de una mayoría de un color u otro, y poder así jugar el papel de desempate y, de esta manera, tener la posibilidad de proponer un nuevo gobierno de Draghi.
Tras un complejo debate, pero llegando a acuerdos, a la coalición liderada por el PD se unieron también Sinistra Italiana (de Nicola Fratoianni, secretario general) y Europa Verde. Esta opción ha provocado un amplio descontento, especialmente en la pequeña base militante de Sinistra Italiana, dado que esta coalición se basará en un programa centrado en el apoyo a la agenda Draghi, es decir, el programa de contrarreformas ultraliberales, autoritarias y antiecológicas y la línea atlantista que caracterizó al gobierno de unidad nacional que dimitió el 21 de julio.
Para mostrar la tendencia hegemónica del centro-izquierda, basta con señalar la importante y emblemática candidatura en Milán, en las listas del PD, de Carlo Cottarelli, economista del Fondo Monetario Internacional y de la Fondazione Italia-USA, así como presidente del comité ultraliberal Programma per l’Italia.
La lista Alleanza Verdi-Sinistra, creada gracias a la confluencia de Sinistra Italiana (SI) y Verdi Europa (VE) en el seno de la coalición liderada por el PD, para intentar contrarrestar esta tendencia, presenta candidatos especialmente representativos, tanto del lado de los derechos civiles (como Ilaria Cucchi, la hermana de un joven asesinado en 2009 por una paliza de los carabinieri, que tras diez años de lucha consiguió que se condenara a los autores) y de los derechos sindicales (como Aboubakar Soumahoro, sindicalista marfileño y ex miembro de la USB-Unione Sindacale di Base, muy conocido por su lucha en favor de los trabajadores agrícolas inmigrantes).
Sin embargo, la coalición liderada por el PD está preñada de ambigüedad. Se caracterizará como de izquierdas gracias a la participación de Sinistra Italiana y Verdi Europa, pero programáticamente tendrá como objetivo apoyar la reactivación del proyecto neoliberal de Draghi. El líder del PD, el ex democristiano Enrico Letta, espera que esta ambigüedad permita a su partido recabar apoyos de ambas partes, pero es igualmente posible que esta ambigüedad le haga perder apoyos en ambas partes.
El PD, tras las convulsiones de la última década entre el liberalismo populista de Matteo Renzi y el pálido laborismo de Nicola Zingaretti [presidente de la región del Lacio], y tras los 18 meses del gobierno de Draghi, es ahora claramente un partido liberal-demócrata, con una cultura aparentemente reformista y popular (bien ilustrada por los embutidos de las celebraciones de Unità -que históricamente se refiere a las masivas y populares reuniones anuales organizadas por el PCI-), pero arraigada casi exclusivamente en los barrios acomodados. Esto refleja una búsqueda permanente, y en cierto modo desesperada, de consolidarse como punto de referencia político para las clases dominantes y las instituciones imperialistas internacionales.
Así, en concreto, Enrico Letta, preocupado por las incógnitas de las próximas elecciones, ha optado por proyectarse hacia el voto útil, haciendo surgir el fantasma del peligro de un amplio éxito de la derecha desacomplejada y de Giorgia Meloni en particular, un temor que sin duda puede movilizar a un sector del electorado atento a las cuestiones de los derechos civiles y la defensa de la Constitución. Pero sólo si prescindimos de la gran responsabilidad que pesa sobre el PD, así como sobre el conjunto del centro-izquierda, por la ambigüedad, reticencia y timidez con la que han tratado ciertas cuestiones relativas a las libertades individuales y los derechos de ciudadanía. Por no hablar de las graves contrarreformas institucionales y constitucionales antidemocráticas que, con su consentimiento, han desvirtuado puntos importantes de la Constitución de 1948, llevando irresponsablemente a los herederos del fascismo a llamarse demócratas.
El movimiento de Giuseppe Conte
Como ya hemos dicho, el Movimiento 5 Estrellas llega a estas elecciones confundido por la experiencia de cuatro años en el gobierno. Tiene la responsabilidad de haber disipado el capital político, los apoyos y la credibilidad que reunió en marzo de 2018 (casi 11 millones de votos), de haber transformado ese impulso contestatario -de carácter ciertamente muy general, ambiguo y neopasota [que refleja la desconfianza en las estructuras institucionales], que le había llevado a ser (con diferencia) el partido más votado del país- en una creciente subalternidad a los intereses de los poderes fuertes.
El Movimiento 5 Estrellas y sus representantes electos han sido una dudosa diversión durante años. Con su análisis interclasista, han dirigido todas las respuestas al malestar social generalizado hacia objetivos y soluciones ilusorias.
El M5S pasó por el periodo del gobierno amarillo-verde [gobierno Conte I] con la Liga, marcado por importantes medidas sociales (la renta de ciudadanía, por ejemplo) pero también y sobre todo por decretos liberticidas (los decretos Salvini contra las luchas radicales, contra las ocupaciones de viviendas y contra los migrantes). Luego, en 2019-20, en el gobierno amarillo-rojo con el PD [gobierno de Conte II], en el contexto de Covid-19, se perfiló como el partido de la responsabilidad, de los confinamientos proporcionados, de los decretos destinados a aliviar a las empresas afectadas por la recesión causada por la pandemia. Finalmente, en febrero de 2021, se convirtió en el partido que dejó de lado sus propias opciones para apoyar al gobierno del banquero Draghi, a quien el gurú del Movimiento, Beppe Grillo -quién sabe por qué- calificó por primera vez como «uno de los nuestros».
El movimiento, que en 2018 con su pasotismo, «ni de derechas ni de izquierdas», pretendía presentarse como el freno más eficaz al crecimiento de la extrema derecha, en realidad ha promovido en gran medida la relegitimación y el crecimiento de la derecha más peligrosa.
Estos constantes giros han llevado tanto a la pérdida de la mayoría de sus representantes electos como a una drástica reducción de su apoyo, reducción que no se ha convertido en un colapso total sólo gracias al prestigio popular y mediático de su nuevo líder, Giuseppe Conte, un abogado que, hasta hace poco, era desconocido y considerado totalmente incapaz de liderazgo político, pero que, de hecho, ha demostrado ser capaz de restaurar la muy desgastada imagen del Movimiento 5 Estrellas.
Hoy, para recuperar al menos parte de su apoyo electoral perdido, los restos del M5S han optado (aunque muy tardíamente) por distanciarse de la agenda Draghi y asumir, en un polémico enfrentamiento con el PD y la derecha, una fisonomía progresista, ecologista e, implícitamente, de izquierdas. Incluso propone algunos eslóganes pegadizos, como un salario mínimo de 9 euros/hora (en Italia, muchos trabajadores ganan menos de la mitad de esa cantidad) o la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario (basado en el trabajo del sociólogo Domenico De Masi), la oposición al aumento del gasto militar, la reunificación de los sistemas sanitarios regionales en un único sistema sanitario nacional, etc.
El resultado de esta refundación del Movimiento 5 Estrellas se nos revelará en las urnas el 25 de septiembre.
A la izquierda del centro izquierda
Deshagámonos inmediatamente de la posición incoherente del Partido Comunista (PC), tal y como la bautizó en enero de 2014 su padre fundador, Marco Rizzo, que en 2009 había lanzado el Comunisti-Sinistra Popolare. De hecho, pasó descaradamente de un apoyo convencido al gobierno de centro-izquierda de Romano Prodi primero y de Massimo D’Alema después (1998-99), el que bombardeó la antigua Yugoslavia, a una posición de comunismo identitario, para llegar rápidamente a un planteamiento abiertamente neoestalinista y ahora soberanista y putinista. Finalmente, para las próximas elecciones, este PC ha lanzado la lista «Italia soberana y popular» junto con una galaxia de grupos soberanistas y antivacunas, también de la derecha.
En un panorama de extrema fragmentación de la izquierda italiana, una fragmentación que remite a la responsabilidad autoafirmativa de los grupos dirigentes, muchos, el 9 de julio de 2022, se felicitaron de la construcción de un nuevo cartel unitario en previsión de las elecciones. Ese día se presentó la Unione popolare, resultado de la convergencia de cuatro partidos. Entre ellos estaba el Partido de la Refundación Comunista, heredero del PRC que en 2006 obtuvo más de 2.200.000 votos (casi el 6%), pero que sólo dos años después, debido a su fallido experimento de alianza gubernamental con el centro-izquierda de Romano Prodi, redujo a la mitad este número de votos, a pesar de coaligarse con otras formaciones. Posteriormente, desapareció del paisaje institucional.
Entre los otros partidos que dieron origen a la Unione popolare debemos mencionar, en primer lugar, Potere al Popolo, que se basa en una convergencia conflictiva entre los jóvenes de algunos centros sociales y varios colectivos dispersos en diferentes ciudades, así como una organización campista, la Rete dei comunisti, que es fuerte por su control sobre el principal sindicato de base italiano, el USB; en segundo lugar, cuatro diputados que han desertado del Movimiento 5 Estrellas y han formado un grupo en el Parlamento llamado ManifestA; y, en tercer lugar, la escurridiza organización Dema, que, con este acrónimo, se refiere formalmente a los términos Democracia y Autonomía, pero que no oculta la referencia implícita al apellido de su indiscutible e indiscutido líder Luigi DE MAgistris. Este último asume el papel de líder de la Unione popolare gracias al 16% obtenido en las recientes elecciones regionales de Calabria (octubre de 2021).
Las ambigüedades programáticas y el enfoque verticalista de la Unione popolare, exaltados por la repentina carrera hacia las elecciones anticipadas de septiembre, ya eran evidentes en el programa que hacía hincapié en la «defensa y aplicación» de la Constitución de 1948, es decir, de ese compromiso histórico de clase que la correlación de fuerzas nacional e internacional había impuesto a la burguesía italiana pero que, en el nuevo marco del capitalismo del siglo XXI constituye una piadosa ilusión. El documento de base carece de toda referencia al trabajo y a la lucha de clases: por el contrario, se pone a los trabajadores al mismo nivel que las «clases medias productivas» (profesiones liberales, pequeños autónomos), lo que alude claramente al mundo de las pequeñas empresas. Incluso la orientación ecologista no hace hincapié en su incompatibilidad con el desarrollo capitalista. Por último, se indican como modelo los diez controvertidos años en los que De Magistris fue alcalde de Nápoles.
Por si fuera poco, las ambigüedades de la lista se amplificaron de forma incontrolable cuando al menos tres de las cuatro formaciones (Potere al Popolo fue muy crítico con ello) pidieron la formación de una coalición con el Movimiento 5 Estrellas de Giuseppe Conte, dando crédito a su carácter ecologista, de izquierdas y de oposición. No importa que el M5S hiciera caso omiso de la invitación, continuando su camino para recuperar una autonomía política que las alianzas electorales fortuitas habían oscurecido en gran medida. El PRC y otros miembros de UP culpan ahora también al M5S por no aceptar las ofertas de acuerdo electoral.
El modelo en el que la Unione popolare quiere inspirarse es, por supuesto, el modelo francés de la NUPES de Jean-Luc Mélenchon, esperando que Luigi De Magistris pueda ser el clon italiano del político francés. Pero más allá de las profundas diferencias entre ambas personalidades en términos de cultura política y, sobre todo, de capacidad organizativa, queda la extrema diferencia sociopolítica entre la situación francesa y la italiana, caracterizada por una parálisis social generalizada. A este respecto, basta recordar que las centrales sindicales sólo han convocado dos jornadas de huelga general en los últimos diez años cruciales, en 2014 y 2021. Dos jornadas de carácter simbólico, porque se convocaron después de que las medidas contra las que protestaban ya habían sido aprobadas definitivamente por el Parlamento.
Desde hace más de una década, la mayoría de la izquierda italiana sufre una tremenda desconexión con la realidad de los conflictos sociales, que generalmente se confían a los distintos sindicatos; y según la orientación política de los distintos partidos, este trabajo se atribuye a las organizaciones sindicales confederales o los distintos sindicatos de base. Y la izquierda está enredada en un declive que parece cada vez menos reversible (en 2006, las distintas listas de izquierda recibieron un total de 3.900.000 votos, en 2008 bajaron a 1.600.000, en 2013 a 1.900.000, en 2018 a 400.000, todo ello con un fuerte enfoque electoral).
Aún más a la izquierda, el Partito comunista dei lavoratori (cuyo portavoz es Marco Ferrando), inmediatamente después del anuncio de las elecciones de septiembre, propuso a la «izquierda clasista, anticapitalista e internacionalista» -es decir, al Fronte Comunista, a Sinistra Anticapitalista, a Sinistra Classe Rivoluzione y a Tendenza Internazionalista Rivoluzionaria- formar un cartel electoral. Pero esta propuesta, tardía y marcada por rasgos sectarios, no recibió ninguna respuesta de los hipotéticos interlocutores.
En consecuencia, en las próximas elecciones, dada la configuración roja-marrón de la Italia sovrana e popolare de Marco Rizzo y compañía y, sobre todo, teniendo en cuenta el planteamiento democrático poco más que radical de la Unione popolare, no habrá ninguna propuesta electoral mínimamente coherente que haga referencia a una alternativa de clase, ecologista radical y anticapitalista.
Por supuesto, no es posible predecir los resultados que la lista de UP podrá obtener en las elecciones del 25 de septiembre, ni si podrá conseguir diputados superando el quórum del 3% previsto por la ley electoral. Pero es cierto que la UP no expresa ningún proyecto de recomposición de la izquierda italiana y que, sobre todo si el resultado no es satisfactorio, la coalición entre el PRC y el Potere al Popolo volverá a romperse y relanzará la competencia entre los respectivos grupos dirigentes con fuertes componentes autorreferenciales. Sin embargo, la lista de UP, aunque sólo sea teniendo en cuenta el pequeño pero importante patrimonio de energías militantes que moviliza, es la única propuesta electoral que se puede apoyar, sean cuales sean las consideraciones críticas.
La perspectiva
Desgraciadamente, el resultado del proceso político acabará muy probablemente así: Silvio Berlusconi presidente del Senado (si no de la República), Giorgia Meloni presidenta del Consejo de ministros y Matteo Salvini ministro del Interior, colocado en esta posición para relanzar su campaña racista contra los inmigrantes y contra los barcos de las ONG que los rescatan en el mar. Y esto se hará en un contexto de aumento de la desigualdad social, de revisión profunda, si no de anulación, de la renta de ciudadanía, de tolerancia, si no de fomento, de la evasión fiscal, de aumento del empobrecimiento de amplios sectores de la clase trabajadora y de un clima cargado de relegitimación del racismo y del egoísmo social, con medidas de seguridad y represión contra cualquier lucha que escape al control de las clases dominantes, una anulación reaccionaria de cualquier iniciativa sobre derechos civiles (LGBTQ+, derecho a morir con dignidad, etc.). ). ) y, tal vez, incluso el riesgo de una impugnación de la legislación sobre el derecho al aborto.
De este modo, el impulso de una vaga alianza antiderecha se articulará, en cierto modo, según el modelo de la gran movilización anti-Berlusconi que caracterizó los años entre 1994 y 2011, con el crecimiento simultáneo del sufrimiento social y, con suerte, del conflicto social. Todas las fuerzas antiliberales han previsto una radicalización de la situación el próximo otoño, pero el frenesí electoral hará que la situación sea aún más compleja.
La crisis socioeconómica italiana es especialmente dramática: Italia es el único país europeo con salarios más bajos que hace 30 años; hay 3.200.000 trabajadores no declarados (en negro) quer producen el 11,3% del PIB; la espantosa insuficiencia de los servicios sociales impide, sobre todo a millones de mujeres, trabajar de forma autónoma, con el consiguiente empobrecimiento de las familias. No es casualidad que el número de personas en situación de pobreza absoluta, es decir, que no pueden permitirse llevar una vida tolerable, ascienda a 6 millones (el 10% de la población).
Destaca la nueva pérdida de poder adquisitivo provocada por la nueva aceleración de la inflación y la aceptación de la moderación salarial que ha caracterizado cada vez más la política de los sindicatos mayoritarios durante los últimos treinta años; no es casualidad que estos días celebremos el siniestro trigésimo aniversario de la anulación de la escala salarial móvil decretada tras el acuerdo sindical del 31 de julio de 1992. Las crisis industriales (cierres, despidos, deslocalizaciones, subcontrataciones) están muy extendidas en el país. Entre las movilizaciones a las que han podido dar lugar, destaca el conflicto aún no resuelto de GKN [subcontrata de la automoción] en Florencia, en torno al cual se han reunido otras luchas contra el paro, las deslocalizaciones, las desinversiones y las reestructuraciones. Hay que recordar que octubre es el mes de preparación de la ley de presupuestos para el año siguiente y, por tanto, el momento en que se define la asignación de recursos.
La CGIL ya ha convocado dos jornadas de movilización para los días 8 y 9 de octubre, con el fin de «apoyar nuestras propuestas al gobierno que será convocado tras las elecciones». Las propuestas, al menos por el momento, siguen siendo extremadamente generales y moderadas. Mientras tanto, una ofensiva antisindical ha golpeado a los sindicatos SiCobas y USB: se manifestó en una serie de detenciones por asociación delictiva bajo el pretexto de haber «buscado mediante acciones de chantaje [el bloqueo de puertas] obtener mejores condiciones salariales y normativas para sus propios miembros [los trabajadores de logística]». Sin embargo, esta ofensiva fracasó en el Tribunal de Revisión (Tribunale del riesame). Esto puede haber reabierto una nueva posibilidad de diálogo y acción unitaria entre los sindicatos combativos.
Pero también están la emergencia climática y ecológica, ampliamente manifiesta por el tórrido verano, los incendios generalizados y los fenómenos meteorológicos extremos que ha sufrido y sigue sufriendo el país. El movimiento juvenil ecologista Viernes por el Futuro ya ha convocado una jornada de acción para el 23 de septiembre.
Será importante luchar, más aún frente a un gobierno explícitamente reaccionario, para que todas estas posibles iniciativas se reordenen en una línea convergente y no sufran, como ha ocurrido muy a menudo, del enfoque minoritario y fragmentado que ha marcado de forma contraproducente las acciones de clase en el país.
Italie. Vers les élections de septembre: contexte et acteurs
Traducción: viento sur
[1] Según la ley del «Rosatellum», las elecciones se celebran en una sola vuelta y utilizan un sistema mixto: una parte de los escaños se asigna por mayoría de votos y la otra por representación proporcional. Mientras que los italianos mayores de 18 años pueden elegir a sus diputados, sólo los mayores de 25 años pueden elegir a los miembros del Senado. Para la Cámara de Diputados (Camera dei Deputati), que tiene 400 miembros elegidos por cinco años, la aplicación del nuevo sistema significa que 147 diputados (37%) son elegidos por el sistema de circunscripción uninominal; 245 (61%) son elegidos por el sistema de representación proporcional; 8 (2%) son elegidos por los italianos en el extranjero. El patrón es casi el mismo en el Senado (Senato della Repubblica), que tiene 200 miembros elegidos por cinco años: 74 senadores son elegidos por voto uninominal; 122 son nombrados a nivel regional por representación proporcional; 4 son elegidos por los italianos en el extranjero. El umbral mínimo para entrar en el Parlamento es el 3% de los votos emitidos para los partidos y el 10% para las coaliciones. (Editor: A l’Encontre)
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