El statu quo y la táctica de Lawfare

Alberto Vila

“La peor forma de injusticia es la justicia simulada.” Platón

No debería hacer falta que, desde el Estado de derecho, se explique a los ciudadanos que semejante concepto describe un escenario decididamente distópico. Pero, sí es necesario convenir que, incluso la Guerra, aún siendo en sí misma ya un crimen, está sometida a reglas. Incluso el enemigo tiene un estatus normativo que hay que respetar. Por eso no es posible ocultar que, hablar de “enemigo” en una democracia, tiene efectos nocivos crecientes que culminan en la desaparición de las condiciones básicas necesarias para la vida comunitaria. De aquí que el concepto de Lawfare describe algo peor que la propia guerra. Porque destroza las bases mismas de la convivencia y los valores que la sustentan.

En los últimos tiempos se viene hablando de un concepto hasta hace poco tiempo absolutamente desconocido por la mayoría: Lawfare. Aparentemente con este término, uno se refiere a una Guerra jurídica. Es un término en inglés que, según parece, aún no es reconocido en el Diccionario oficial del idioma. Una mezcla de las palabras “ley” (Law) y “guerra” (warfare), que pretende referirse a un uso del sistema judicial con la intención de dañar a un oponente. Cuando se habla de Lawfare siempre nos referimos a violaciones de las reglas del proceso penal: violación al principio de igualdad ante la ley, violación al principio de proporcionalidad, detenciones ilegítimas, crear indefensión y otras anomalías.

Por tanto, Lawfare significaría la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como arma de guerra: elegido un sector, por ejemplo político, como enemigo, la ley y los procedimientos judiciales son utilizados por los agentes públicos como una forma de perseguir a aquellos que fueron estigmatizados como enemigos.

Para que el concepto de Lawfare posea vigencia práctica se requieren tres protagonistas: primero el que detenta el poder, en principio legítimamente, en segundo lugar el enemigo opositor al cual se le declara la guerra judicial que es a quién no se le puede ganar dentro del sistema y, en tercer lugar, quienes conducen los poderes fácticos, que son quienes ofrecen el alejamiento judicial de las normas como si fuesen armas, es decir, algunos miembros relevantes del sistema judicial. Sin contar con las redes de inteligencia al servicio del mejor postor.

Se busca la aniquilación del disidente y se legisla “a medida” al respecto. Tal vez para ocultar una mentira global más aterradora: ya no les hacemos falta.

Ningún país se construye con la destrucción judicial del enemigo político. Sería el comienzo de su propia extinción. Nadie puede estar en contra del juzgamiento de supuestos hechos de corrupción, pero nadie puede aceptar que con tanta facilidad argumental se encarcelen personas solo por haber sido calificadas de enemigos u opositores. Se busca la aniquilación del disidente y se legisla “a medida” al respecto. Tal vez para ocultar una mentira global más aterradora: ya no les hacemos falta.

La UE es un gran mercado de capitales que poco hace para mejorar la vida de sus habitantes. Es un espacio económico, no social, lo que lo convierte en una zona hinóspita para las personas que aún creen que su trabajo los recompensará. La UE es débil, vulnerable, carente de un plan inclusivo. Se ha convertido en el primer campo de batalla de la guerra tecnológica que inicia el control del  5G. Es un espacio de conflicto que desarrollará fuerzas colosales.

Mientras la Justicia sea un arma para eliminar opositores, nuestro sistema político estará muerto.

Los tribunales atienden más a los conflictos derivados de la corrupción económica, y a salvaguardar a las minorías dominantes, que a poner en marcha planes estratégicos que reconduzcan este disparate y atiendan al progreso de los individuos. A la vez, la escasa soberanía de los países ha terminado. En buena parte debido a los tribunales de arbitraje que se derivan de haber firmado el TTIP y el CETA. Esto, con el apoyo, o abstención culposa, de los que hasta hace poco eran parte del denominado bipartidismo. Ello hace pensar en la enorme gravedad de estas situaciones. Solamente se juzgan los crímenes de guerra de los vencidos. En tiempos de paz la Corte Penal Internacional  debería acompañar a la sociedad civil en el juzgamiento de los responsables de los delitos de todo tipo. Incluída la corrupción a escala global. Las esperanzas son pocas.

Mientras la Justicia sea un arma para eliminar opositores, nuestro sistema político estará muerto. De la misma manera que lo estará la democracia que parecemos defender.


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