En Bélgica existía una ley de febrero de 1897 que regulaba el procedimiento de expulsión de los extranjeros.
Por Eduardo Montagut
La Historia nos ofrece materiales sumamente sugerentes sobre temas que no dejan nunca de ser actualidad. No sabemos el desenlace del proceso iniciado por los socialistas belgas sobre el tema que aquí vamos a tratar, pero no nos hemos resistido a compartirlo en Nueva Revolución.
Al parecer, en Bélgica existía una ley de febrero de 1897 que regulaba el procedimiento de expulsión de los extranjeros. Los socialistas consideraron en 1929 que era una legislación muy deficiente, y encomendaron al diputado Somerhausen, que era abogado, para que estudiara el asunto con el fin de presentar una proposición de ley que modificara la disposición de 1897.
Esta legislación no contemplaba la posibilidad de emprender un recurso por parte de la persona que iba a ser expulsada. Pero, en realidad, era como una especie de comedia. La persona en cuestión debía dejarse expulsar y luego volver a Bélgica si era su deseo, donde se le perseguía por infringir la ley, es decir, la disposición por la que había sido expulsado. Entonces sí podía invocar la ilegalidad de la expulsión, y comprobada ésta, era “perdonado”.
La proposición socialista de ley solicitaba que el decreto de expulsión fuera motivado y expusiera los fundamentos de la misma. Además, debía emitir su opinión la Sala acusadora. Como la expulsión era una medida administrativa no era un asunto que incumbiese a los Tribunales para ejercer su veto, aunque podía admitirse su opinión, como se hacía en materia de extradición.
El ciudadano extranjero podía comparecer ante la Sala que le acusaba o hacerse representar ante ella, y enterarse de las causas que motivaban su expulsión. Podría hacer constar que las razones invocadas para la expulsión eran de naturaleza política o que no había realizado actos que comprometiesen la tranquilidad pública. Se esperaba que esta proposición se aprobase con objeto de que se respetase el derecho de asilo.
Como comprobamos se trataba de una reforma garantista de los derechos del ciudadano extranjero en Bélgica frente a una disposición muy arbitraria.
Hemos consultado el número 6296 de El Socialista, del 14 de abril de 1929.
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