El Sistema de protección de menores en España no funciona

Por Francisco Cárdenas
Presidente de APRODEME, Asociación para la Defensa del Menor


Es difícil que exista tal unanimidad en torno a un mismo hecho. Esto es lo que sucede con el actual funcionamiento del sistema de protección a la infancia y la adolescencia en España. Partidos políticos, ONGs, sindicatos de trabajadores de los centros de menores, entidades del sector, abogados y familias afectadas alzan la voz para reclamar una revisión a fondo del sistema.

Somos muchas las personas que llegamos a esta  conclusión porque vemos a diario lo que supone una separación injusta de un menor de su padre o de su madre. Dolor a veces sereno y casi siempre desesperado, impotente.  Dolor llevado hasta ahora desde la soledad, incluso la vergüenza, aunque esta situación ya ha empezado a cambiar.

Es curioso observar, además, que aunque las competencias en este ámbito están transferidas a las Comunidades Autónomas, los vicios, errores, quejas… se repiten por igual por todo el territorio y con independencia del color político del Gobierno de turno.

Nuestro sistema es fundamentalmente intervencionista. Cuando los técnicos de la administración deciden intervenir (muchos padres lo definen sin tapujos como “robo” o “secuestro”) no dudan en arrancar al menor de su entorno y llevarlo a un centro o a otra familia. Y con demasiada frecuencia confunden desamparo y riesgo, a pesar de que nuestro ordenamiento jurídico lo diferencia claramente.

Ahora la retirada de un menor se realiza mediante una resolución administrativa emitida por unos técnicos que son los que, más tarde, dicen a la familia qué debe hacer y cómo debe portarse para que el niño regrese a casa. Son arte y parte.

Es un sistema contaminado con premios y castigos. Si no cumplen las normas que marcan los técnicos se retiran o demoran las visitas al menor. De esta forma va creciendo el desarraigo del niño con su familia. Así le sucede a diario a cientos de padres y madres

Cualquier familia, en el sentido más amplio de esta palabra, puede atravesar una situación difícil en un momento de su vida. Buena parte de estas dificultades estarán ligadas, directa o indirectamente, a una precariedad económica. Las realidades que se derivan pueden suponer una situación de riesgo para el menor, y la función de los servicios de bienestar social debería ser la de ayudar a superar esa situación cuanto antes. Y deberían entender que el mejor sitio para un menor siempre será su familia, por muchas dificultades que ésta pueda tener. Y sólo en algunos casos extremos, que por fortuna son los menos, se dará una situación que supone un grave riesgo para ese menor, para su integridad, y será necesario sacarlo de ese entorno cuanto antes.

Pero eso debería ser la excepción y se ha convertido en la norma. Debemos pasar de un sistema intervencionista a uno que se base en la prevención, en ayudar a la familia. No se entiende que nuestra administración prefiera gastar más de 4.000 euros al mes en un menor ingresado en un centro antes que dedicar una cantidad muchísimo menor a ayudar a esa familia.

Y decimos que nuestro sistema necesita una profunda reforma al menos por dos razones:

La primera es que estamos ante un sistema sin garantías efectivas de defensa. La retirada de un menor la decide y la ejecuta un técnico de la administración, la ratifica un director general y siempre por la vía administrativa. No intervienen jueces, ni fiscales, ni abogados. Por el contrario, la familia que quiere revertir esa situación ha de ir al juzgado, con todo lo que ello supone. Entre otras cosas el paso del tiempo, tiempo en el que el menor no está en su familia. Entonces, en el mejor de los casos y si la familia tiene recursos y capacidad, el caso llegará dentro de muchos meses a la mesa de un juez, que se encontrará una montaña de informes negativos elaborados por la administración. Un ciudadano frente a toda una administración, una lucha desigual. No ocurre así en otros ámbitos igualmente sensibles, como por ejemplo la violencia de género. Una orden de alejamiento, medida muy grave, la toma un juez, no un técnico de la administración.

Si alguien ha de tomar la decisión de retirada de un hijo ha de ser un juez, no contaminado por la historia pasada, que no se mueve por indicios o sospechas, y ante el que puedo defenderme en igualdad de condiciones.

Además, cuando la Administración es condenada por el Juzgado siempre presenta recurso. Por ejemplo, y pese a un contundente fallo judicial, la Generalitat de Catalunya recurrió y una madre ha tardado dos años en recuperar a sus hijos. Una reciente sentencia judicial comentaba los argumentos utilizados en la resolución administrativa para la retirada de dos niños: “Es inadmisible que la profesional que informa sobre la retirada de los menores llegue a tal grado de negligencia”

La carencia de tutela judicial efectiva provoca además que las retiradas del menor, al producirse con una resolución administrativa, carezcan de autorización para acceder al hogar familiar con lo que la retirada se produce en plena calle, o en la escuela ante la mirada atónita de los compañeros del menor. Así que cuando la familia va a recoger a su hijo a la salida de clase se encuentra que ya no está.

Retirar a un menor de su familia sólo debe producirse en casos extremos, si corre peligro, y no siempre es así.

La segunda razón es que tenemos un sistema excesivamente anclado en los criterios y maneras de actuar del pasado. Un sistema que no se apuntó a la transición que hace unas décadas se dio en nuestra sociedad en otros ámbitos. Que se sigue creyendo poseedor de la verdad. Que no confía en las personas que no encajan en su ideal de familia. Salvando todas las diferencias, los criterios y maneras de actuar que se daban hace décadas en lo conocido como “robo de bebés”, se sigue dando hoy en día. Con una diferencia quizás: ya no afecta sólo a familias desestructuradas y con graves problemas o a adolescentes embarazadas, afecta a cualquier estamento de nuestra sociedad.

Nadie controla este sistema. Nadie asume responsabilidades cuando se evidencian los errores. Los testimonios de los propios menores afectados resultan conmovedores, como el caso de N.H. que afirma que en el centro “sólo aprendí a maltratar”, o el de H.H. que recuerda que  “me hacían sentir como si fuera mala. No me dejaron disfrutar de mi niñez”, o la inocencia de A.O. que a sus 7 años, cuando le comunican que abandonaba el centro recuerda que “los niños me felicitaban porque todos querían salir de allí”.

Podemos seguir haciendo oídos sordos y desentendiéndonos de un problema que afecta a miles de familias, pero el clamor empieza a ser insoportable. Sólo los técnicos empeñados en mantener su parcela de poder, sometidos a un control nulo, pueden oponerse a este clamor.

El reto no es fácil, necesita valentía política porque el edificio a reformar falla en sus cimientos. Porque supone redefinir las funciones de los técnicos de bienestar social, funciones que siempre serán muy necesarias.  Necesita valentía de los propios técnicos que viven cada día las incongruencias del sistema. Y necesita de la unión de las miles de familias que atraviesan estos problemas, porque no se trata de fallos puntuales del sistema, sino de un sistema que falla en lo más profundo porque no cumple su función de proteger a quien más lo necesita.


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5 thoughts on “El Sistema de protección de menores en España no funciona

  • 24/06/2019 at 12:42 am
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    Muchas gracias por este artículo, mi hija, mi familia y yo estamos sufriendo todo lo que se ha dicho en este tema. Pero se podría paliar, si a las familias que nos quitan a nuestros hijos, nos uniéramos, todo ello cambiaría.
    Somos familias muy honradas, de clase media, la clase más sometida actualmente. Nos dicen que no digamos nada a nadie y no tenemos porqué ocultarnos.
    El dolor es inmenso, lo que se destroza la infancia a un menor con tanta crueldad es inaudito.

    Se hace críticas de otros paises que trafican con menores y resulta que el nuestro es uno de ellos.

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  • 23/06/2019 at 12:30 am
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    De mi vas a recibir la misma ayuda que yo recibí de ti cuando mas necesitado estaba de ella: nada

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  • 22/06/2019 at 7:24 am
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    QUE DISPARATES DICE¡¡¡. LA LEY DEL MENOR ESTA CLARA Y LA PRACTICA TAMBIEN. EN TODOS LOS CASOS DE DESAMPARO LA RETIRADA LA DICTAMINA SOLO UN JUEZ. EN TODA INTERVENCIÓN POR RIESGO DE UN MENOR SE PRIORIZA LA INTERVENCIÓN EN SU FAMILIA Y ENTORNO.

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    • 25/06/2019 at 8:37 am
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      Ojalá fueran disparates, pero en la retirada de un menor NUNCA interviene un juez, ni abogados, ni fiscales… decir lo contrario es desconocer cómo funciona el sistema. Espero que, como está pasando con el robo de bebés de hace años en España, no tengamos que esperar 30 años, o más, para darnos cuenta del dolor inmenso, las injusticias, las arbitrariedades, los negocios… que hay detrás de todo esto

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  • 21/06/2019 at 10:58 am
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    Gracias por este valiente resumen. Lo suscribo al 100%, yo misma lo he sufrido en carne propia. Se recorta donde no toca en aras de la racionalidad económica del sector público y en este tema en Catalunya llevan 25 años malgastando fondos públicos,con serias dudas de malversación. ¿Algún/a político/a serio que intervenga?.

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