El Sindicato Ferroviario y la CGT advierten que los sindicatos CCOO, UGT y SEMAF han pactado un conjunto de medidas con el Gobierno que resultan insuficientes para revertir décadas de falta de inversión en el sector.
Por Redacción NR | 9/02/2026
Este 9 de febrero, el Ministerio de Transportes encabezado por Óscar Puente alcanzó un principio de acuerdo con los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario —CCOO, UGT y SEMAF— para desconvocar la huelga de maquinistas y trabajadores del ferrocarril que había comenzado este mismo lunes y estaba prevista hasta el miércoles 11 de febrero. Este paro afectaba a Renfe, Adif, y operadores como Iryo, Ouigo y otros, motivado principalmente por la falta de seguridad, el deterioro de infraestructuras y material rodante, tras accidentes graves como los de Adamuz (Córdoba, 18 de enero, con 46 fallecidos) y Gelida (Barcelona, 20 de enero, con un maquinista muerto).
El acuerdo, calificado por los sindicatos firmantes como «histórico», incluye compromisos como un aumento significativo en el gasto de mantenimiento de infraestructuras (hasta un 50% en el corto plazo, y en algunas fuentes se menciona hasta un 77% para 2030 en Adif y Adif AV); Refuerzo de plantillas: alrededor de 2.400 plazas adicionales en Adif/Adif AV en los próximos 5 años, y 1.200 contratos extra en Renfe para mantenimiento, conducción, estaciones y otros; O mejoras en seguridad, protocolos, internalización de mantenimiento y mayor personal en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
Sin embargo, el Sindicato Ferroviario (SF) y la Confederación General del Trabajo (CGT), que también habían convocado y secundado la huelga, han excluidos de las negociaciones. No han participado en ninguna de las reuniones (al menos cuatro) con el Ministerio, y se han enterado del acuerdo a través de los medios de comunicación, lo que ha generado fuertes críticas.
Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, denunció en Onda Cero la «indecencia» del Ministerio por excluirlos deliberadamente, argumentando que su posición crítica (denunciando deficiencias estructurales) los convertía en «testigos incómodos». Afirmó que el ferrocarril está «absolutamente deteriorado», con graves carencias en mantenimiento de infraestructuras y trenes, problemas de seguridad persistentes, y que el acuerdo no aborda una mejora estructural real, sino que es una maniobra para desconvocar la huelga «cuanto antes» sin soluciones contundentes. El SF mantuvo inicialmente su convocatoria de huelga al no conocer ni avalar los términos pactados.
CGT también rechazó el pacto, insistiendo en que no se puede normalizar el colapso operativo ni jugar con la seguridad de trabajadores y usuarios. Defendió una gestión del ferrocarril basada en criterios de rentabilidad social, no mercantil, y criticó que se priorice desconvocar paros sin reformas profundas.
El acuerdo alcanzo con los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y SEMAF), aunque incorpora avances concretos en inversión y personal, se percibe desde sectores críticos como de mínimos o insuficiente para revertir décadas de infra-inversión en el sector. El Sindicato Ferroviario y la CGT acusan a los mayoritarios de pactismo con el Gobierno, priorizando una salida rápida al conflicto en lugar de presionar por cambios más estructurales y profundos en el modelo ferroviario público.
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