Un Estado que permite o tolera que sus adolescentes y niños se expongan a ahogamientos, estampidas o a una travesía caótica está fallando en el deber más elemental de protección.
Por Víctor Siles | 5/08/2026
El 30 de julio se produjo una de las entradas irregulares más masivas registradas en la frontera de Ceuta: alrededor de 70.000 personas, en su inmensa mayoría jóvenes marroquíes, cruzaron a nado bordeando el espigón del Tarajal o a pie. La cifra superó con creces los sucesos de 2021. En cuestión de horas la ciudad autónoma quedó desbordada. La mayoría regresó en los días siguientes —las autoridades españolas han hablado de decenas de miles de retornos—, pero el coste humano quedó en evidencia.
Las cifras de fallecidos varían según la fuente. La Delegación del Gobierno en Ceuta y datos oficiales españoles situaron el balance en torno a 57 el 31 de julio y posteriormente en 72. El Gobierno de Ceuta elevó la cifra a 88 cuerpos recuperados, en su mayoría por ahogamiento. Marruecos reconoció 11 en su lado. Sea cual sea el número exacto final, decenas de personas murieron intentando alcanzar territorio español mientras las fuerzas marroquíes, según testimonios y reportes, mantuvieron una pasividad inicial que permitió el flujo.
El foco selectivo y la responsabilidad de origen
El debate público se ha concentrado casi exclusivamente en la respuesta de España: el despliegue de efectivos, la gestión de retornos, la saturación del CETI y, sobre todo, la situación de los menores no acompañados que permanecen bajo tutela ceutí (cifras oficiales en torno a 862-1.000, con centros colapsados). Es legítimo debatir cómo gestiona un Estado receptor una avalancha de esta magnitud. Es ilegítimo convertir ese debate en el único.
Y es que el régimen marroquí articuló una maniobra en la que decenas de miles de sus ciudadanos, muchos menores de edad, se lanzaron al mar o atravesaron la frontera en masa. El Estado marroquí tiene soberanía sobre su territorio, control de sus fuerzas de seguridad y responsabilidad primaria sobre la protección de sus propios menores. Cuando esa responsabilidad se diluye o se instrumentaliza, el resultado es previsible: muertos, caos y presión diplomática.
No es un fenómeno nuevo. En 2021, en plena crisis diplomática por la hospitalización de Brahim Gali, se registró una entrada masiva similar. Entonces, como ahora, se observó una permisividad inicial en el lado marroquí seguida de un cierre cuando el mensaje político ya había llegado. La migración irregular ha sido, en reiteradas ocasiones, un instrumento de presión hacia España y la Unión Europea. Presentar esto como “espontáneo” o atribuirlo solo a “mafias y redes sociales” (versión oficial de Rabat y de Madrid) ignora el control que ejercen las autoridades magrebíes sobre los accesos a la frontera.
Menores como moneda de cambio y el coste humano
Entre quienes cruzaron había un número significativo de menores. España, por su legislación y por los convenios internacionales, asume la tutela de los no acompañados. Eso no absuelve al país de origen. Un Estado que permite o tolera que sus adolescentes y niños se expongan a ahogamientos, estampidas o a una travesía caótica está fallando en el deber más elemental de protección. Convertir a los propios ciudadanos en carne de cañón migratoria para obtener concesiones políticas o económicas es una forma de chantaje repugnante que comporta víctimas reales.
El régimen alauí acumula décadas de críticas por corrupción, desigualdad y falta de oportunidades para la juventud. El desempleo y la precariedad empujan a muchos a buscar una salida. Eso no justifica que las autoridades utilicen esos flujos como herramienta de presión ni que se desentiendan de las consecuencias mortales. Dejar que la gente muera en el mar o que menores queden a merced de sistemas de acogida extranjeros no es “gestión migratoria”, es un abandono calculado.
El humanitarismo selectivo como escudo
Durante años se ha recurrido de forma reiterada al argumento humanitario para cerrar cualquier crítica a los gobiernos de origen. Señalar la instrumentalización de la migración se convierte, en ciertos discursos, en “falta de empatía” o “xenofobia”. El resultado es una asimetría: se exige a España y a Europa responsabilidad absoluta sobre quienes llegan, mientras se exime de escrutinio al Estado que genera el éxodo, controla la frontera de salida y decide cuándo abrir o cerrar el grifo.
La solidaridad real no consiste en silenciar la responsabilidad de Rabat. Consiste en exigir que un régimen deje de utilizar a su población —especialmente a los menores— como instrumento de presión, que asuma la protección de sus ciudadanos y que colabore de forma efectiva y permanente en la prevención de salidas irregulares peligrosas, no solo cuando le interesa diplomáticamente. Las muertes del 30 de julio y los días posteriores no son un accidente inevitable de la geografía. Son el resultado de decisiones políticas y de omisiones deliberadas.
Basta ya de chantaje, es hora de exigir cuentas también al otro lado de la frontera: por los muertos, por los menores abandonados a su suerte y por el uso reiterado de la desesperación de la propia población como arma.
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