Israel ha declarado una guerra total contra Gaza imponiendo un asedio genocida que ha cortado los suministros de alimentos, electricidad y combustible sin consideración alguna de eximir a los civiles, la mayoría de los cuales no tienen nada que ver con las actividades militares de Hamas.
Por Richard Falk / Viento Sur
En la avalancha de comentarios plagados de emotividad sobre el ataque de combatientes palestinos contra Israel del 7 de octubre y sobre el posterior asalto israelí a Gaza, los medios de comunicación y los dirigentes políticos parecen haber olvidado que desde la perspectiva del Derecho Internacional, Gaza sigue siendo un territorio ocupado sujeto a la IV Convención de Ginebra.
Aunque en 2005 Israel proclamase unilateralmente su desconexión de Gaza –la retirada de sus tropas, el desmantelamiento de 21 asentamientos y la expulsión de 8 mil colonos (recompensada con la entrega de cientos de miles de dólares en concepto de indemnización a cada familia de colonos ilegales)–, ello no supuso el fin de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional.
El Consejo de Derechos Humanos de NNUU ha llegado a esta conclusión basándose en que la desconexión de Israel no ha puesto fin a la realidad existencial del control israelí sobre Gaza ni ha permitido al territorio disfrutar de los beneficios de un desarrollo político autónomo.
Más bien, lo que el proceso implicó fue un repliegue de las fuerzas militares y policiales de ocupación a las fronteras de Gaza de carácter intrusivo, que ha incluido el control absoluto del acceso y la salida de las personas palestinas y las mercancías en los pasos fronterizos, así como el control exclusivo y continuado del espacio aéreo y marítimo de Gaza.
Esta estructura de ocupación posterior a 2005 se ha reforzado mediante reiteradas incursiones israelíes que han incluido asesinatos selectivos de funcionarios políticos y militares de Hamas, el sobrevuelo de cazas israelíes con sus aterradores estampidos sónicos, y las imponentes operaciones militares de 2008-2009, 2012, 2014 y 2021, durante las cuales Israel cometió numerosos crímenes de guerra.
Además, desde 2007, la imposición de un severo bloqueo de castigo ha provocado que la depauperada población de Gaza tenga la tasa de desempleo más elevada del mundo y una experiencia de agravamiento económico colectivo que amenaza su existencia.
El historial delictivo de Israel en Gaza quedó documentado de forma palmaria en el Informe Goldstone de NNUU de 2009 cuyas recomendaciones políticas no se aplicaron debido a las presiones políticas ejercidas en nombre de Israel.
Esta experiencia reiterada de condenar las políticas y prácticas de Israel sin que se tome ninguna de las medidas preventivas o punitivas propuestas explica la desconfianza palestina en NNUU y en el derecho internacional.
Respuesta desproporcionada
La cuestión del estatuto jurídico de Gaza es sumamente relevante en lo tocante a la represalia indiscriminada y desproporcionada israelí, justificada por Israel y sus partidarios como una venganza que persigue el objetivo de destruir a Hamas.
La operación de los combatientes palestinos del 7 de octubre dentro de Israel, que causó más de 1.400 muertos israelíes y la captura de unos 200 rehenes fue en sí misma un crimen de guerra.
Ni el ataque de los combatientes palestinos ni la respuesta de Israel están libres de las restricciones que imponen la ley y la moral. En términos más sencillos, los crímenes cometidos no dan impunidad legal a los crímenes de guerra que Israel está cometiendo en venganza.
La cuestión clave que hasta ahora se ha perdido en el discurso público es la siguiente: del mismo modo que haber sido intensamente provocadas durante décadas de acciones criminales israelíes no confiere a las facciones armadas palestinas autoridad para cometer crímenes de guerra, tampoco Israel tiene autoridad para actuar fuera de los límites de la ley cuando toma represalias.
El correcto marco internacional de la relación entre Israel y Hamás –a pesar de ser crucial para interpretar las cuestiones jurídicas, morales y políticas en juego– ha estado elocuentemente ausente en la mayoría de los tratamientos mediáticos y en las posiciones políticas de influyentes dirigentes políticos occidentales.
Israel ha utilizado el lenguaje más incendiario y vehemente para justificar sus represalias. Los gobiernos de EEUU, Francia, Alemania y Reino Unido han respaldado sin ambages este ilícito extremismo israelí. Sus pronunciamientos han obviado mencionar la obligación de la potencia ocupante de administrar los territorios bajo su control de forma que se dé prioridad a la protección y al bienestar de la población civil ocupada. El ocupante disfruta de un derecho recíproco a mantener su seguridad de forma que respete y proteja a los no combatientes.
Desde esta perspectiva, es conceptualmente engañoso y normativamente inaceptable que Israel declare la guerra contra un territorio ocupado, como si la autoridad administrativa autóctona fuera un gobierno extranjero enemigo. Pero esto es exactamente lo que ha hecho Israel además de reclamaciones de autodefensa que no se ajustan a la situación de ocupación beligerante.
Asedio genocida
Israel ha declarado una guerra total contra Gaza imponiendo un asedio genocida que ha cortado los suministros de alimentos, electricidad y combustible sin consideración alguna de eximir a los civiles, la mayoría de los cuales no tienen nada que ver con las actividades militares de Hamas.
El artículo 55 de la IV Convención de Ginebra establece la obligación de Israel, en tanto que potencia ocupante, de garantizar que las personas que viven en el territorio que “ocupa” dispongan de alimentos, agua y medicinas adecuados. Pero las represalias indiscriminadas de Israel han incluido reiterados bombardeos aéreos nocturnos de zonas residenciales y ataques prohibidos a hospitales, escuelas y edificios de NNUU donde muchas personas palestinas han buscado refugio en estas condiciones extremas.
La orden de evacuación en 24 horas dirigida a 1,1 millones de personas palestinas que viven en el norte de Gaza, sin facilitar un tiempo razonable para organizar una salida tan peligrosa de los lugares donde residen desde hace tanto tiempo, se ha visto agravada por la falta de un lugar seguro y habitable al que las y los palestinos pudieran dirigirse, intensificando con ello los peligros a los que se enfrenta la población civil en Gaza y su sufrimiento. Tal medida equivale a un castigo colectivo extremo prohibido por el artículo 33 de la IV Convención de Ginebra. Nada tiene que ver con la seguridad sino con expulsar a los y las palestinas de Gaza y con ejecutar la visión de final de partida que el extremista gobierno de coalición de Israel preconiza.
Es pertinente señalar que Michael Lynk, relator especial de NNUU para Palestina, presentó ante este organismo un informe detallado sobre los motivos por los que se debería poner fin a la autoridad de Israel como potencia ocupante, habida cuenta de su incumplimiento de la legislación internacional aplicable en materia de derechos humanos.
NNUU ignoró esta recomendación pero la Asamblea General se sintió lo suficientemente consternada por la pauta de comportamiento de Israel en la Palestina ocupada como para solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre el mantenimiento de la legalidad del estatuto de Israel como potencia ocupante en el marco de la IV Convención de Ginebra. El tribunal está considerando el caso actualmente.
Si Occidente sigue respaldando el doble rasero que está exhibiendo en la catástrofe humanitaria que se está produciendo en Gaza servirá como recordatorio de que, cuando se trata de abordar cuestiones de paz y justicia en Oriente Próximo, el mundo poscolonial conserva un comportamiento de racismo orientalista.
Al rechazar un alto el fuego, los Estados occidentales han dado luz verde al plan israelí de castigo colectivo, lo que podría constituir un monstruoso encubrimiento del objetivo final del régimen israelí de desposesión masiva y limpieza étnica del pueblo palestino.
Richard Falk, estadounidense, ha sido profesor de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales en la Universidad de Princeton durante cuarenta años. En 2008 fue nombrado por NNUU Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Palestina.
Traducción para viento sur: Loles Oliván Hijós
Se el primero en comentar