El racismo: una sombra que recorre Bolivia

«Con las políticas públicas de redistribución de las riquezas no sólo indígenas, originarios y campesinos salieron de la pobreza extrema, sino que se incorporaron a la vida económica y social».

Por Orietta E. Hernández

En octubre de 2019, la derecha boliviana acusó sin pruebas al Movimiento al Socialismo (MAS) de cometer un fraude monumental en las elecciones generales. Como consecuencia, campesinos, originarios, militantes de ese partido, sufrieron los ataques de hordas racistas que, bajo el argumento de la defensa de la democracia y la libertad, cundieron de pánico las calles, apaleando y amenazando a todos los por su apariencia vinculaban con el masismo.

La aparición de grupos irregulares, sus vínculos con los líderes de la derecha, y la protección ofrecida por el gobierno de facto de Jeanine Añez, no son un hecho menor y pusieron al descubierto uno de los flagelos que afecta al país: el racismo, que se manifestó como una de las verdaderas causas del golpe de estado al gobierno de Evo Morales.

Sería oportuno entonces preguntarse ¿es el racismo un fenómeno nuevo que ha afectado al país a partir de los acontecimientos del 2019? La respuesta desafortunadamente es no. El racismo y la discriminación constituyeron prácticas habituales desde la etapa colonial en Bolivia, que fueron configurando las estructuras y relaciones de poder, haciendo uso de la violencia y condenando a algunos sectores a la invisibilización.

De acuerdo con la opinión de los investigadores Andrés Calla y Khantuta Muruchi :”En Bolivia el racismo fue silencioso pues no precisó expresarse abiertamente, ya que sus víctimas solían internalizarlo y se situaban mansamente en los espacios que les asigna la estructura. En cambio, para los sectores excluidos mayoritarios, indígenas, campesinos y sectores populares, los cambios significan la posibilidad de acceder y posesionarse en espacios de poder político que hasta ahora les fueron negados”. ⁱ

Es por eso, que el triunfo del MAS y la llegada al gobierno de Evo Morales , el primer presidente indígena en Bolivia, el año 2006, significó un duro golpe que quebró el imaginario de la élite económica-política que hasta ese momento había monopolizado el poder del Estado, tal y como lo resume Álvaro García Linera : “Para la historia racializada del país, fue como si el cielo se hubiera caído, como si los acerados desprecios de inferiorización escalonada con los que la sociedad colonial ordenó el mundo a partir de los colores de piel y apellidos, se convirtieran en polvo ante la insolencia de un campesino entrando al Palacio de Gobierno”.ⁱⁱ

Es que el racismo, opera en la subjetividad y la representación social de los individuos y es consecuencia de la colonización interna. El odio y desprecio al indio, está asociado también a su estigmatización como un ser inferior, ignorante, representante de la pobreza y el atraso cultural.

La aprobación de la nueva constitución en el año 2009, dio paso al nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, que reconoció y dignificó la existencia de las 36 etnias que habitan en el país. A partir de entonces, fueron notables los esfuerzos por eliminar la discriminación y el racismo. Uno de los logros más significativos fue la promulgación de la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación en el año 2010, que de acuerdo con lo expresado en su artículo I, “persigue el objetivo de establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.ⁱⁱⁱ

Sin lugar a dudas, el proceso de cambio liderado por Evo Morales influyó positivamente en la autopercepción de los indígenas, originarios y campesinos que, como resultado de las políticas públicas de redistribución de las riquezas, llevada a cabo por el MAS, no sólo salieron de la pobreza extrema, sino que se incorporaron a la vida económica y social como una clase media emergente con la autoestima fortalecida. Por primera vez en la historia de Bolivia, apellidos como Quispe, Mamani, Condori, Pary, Choquehuanca, por solo citar algunos ejemplos figuraron en las listas de altos cargos públicos y políticos.

Sin embargo, la clase media, los comité cívicos, así como políticos conservadores, aún cuando se beneficiaron del indiscutible crecimiento económico del país, durante el proceso de cambio, jamás lo aceptaron y lo percibieron además como una invasión de “sus espacios naturales”. No fue suficiente la normativa legal para desmontar el racismo del imaginario social, se mantuvo como adormecido pero presente, hasta el golpe de estado de 2019.

A propósito de estos acontecimientos, el pasado mes de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), llegó a Bolivia para hacer entrega de un informe sobre la violación de los derechos humanos en el país andino durante el último trimestre de 2019.Entre los problemas estructurales señalados en el capítulo IV del documento se encuentra el racismo y el irrespeto a los símbolos indígenas. Es por eso que de las 36 recomendaciones que hace el GIEI, al menos 6 tienen que ver con el racismo y la discriminación.

Entre ellas destaca: «Que los líderes políticos y sociales se abstengan de utilizar la problemática del racismo para generar discursos de odio, estigmatización o violencia”. En esta misma línea de pensamiento, más adelante en el propio informe se enfatiza que “El clima de polarización ideológica en la población creció en la medida en que los líderes políticos incentivaron o toleraron la violencia que ejercían sus respectivos simpatizantes, a lo que se sumó la ineficaz intervención de las autoridades del Estado».^iv

Esta afirmación interesante y oportuna nos permite reflexionar sobre el papel de los principales líderes de la derecha que incitaron situaciones de violencia, a lo que resulta necesario añadir el rol desestabilizador y cómplice de los medios de comunicación y redes sociales.

No hay que olvidar que fue Carlos Mesa, el líder de Comunidad Ciudadana, quien el 20 de octubre de 2019, en la noche, cuando aún no se conocían los resultados finales para elegir al presidente del país, anunció una segunda vuelta electoral y llamó a sus seguidores a defender el voto en las calles. Este fue el inicio de una escalada de violencia que devino en la quema de Tribunales Electorales Departamentales y propiedades privadas de diputados y gobernadores del MAS, así como agresiones físicas a campesinos e indígenas en varias ciudades bolivianas.

Estas movilizaciones y luego el establecimiento del gobierno de facto encabezado por la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, coinciden con el surgimiento en la región de una derecha radical con rasgos fascistoides que enlaza en varios puntos con un fenómeno que ha ido abriéndose paso en América Latina en los últimos años: el populismo de derecha.

El auge de esta corriente podríamos ubicarla a partir del 2015, unida a la emergencia a escala internacional de fenómenos similares, como el representado por Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, Mauricio Macri en Argentina y Lenin Moreno en Ecuador. Este es un populismo que se manifiesta como gestor de la restauración conservadora y de la acción golpista.

Al respecto, las investigadoras Bárzaga y Hernández, destacan: «El discurso populista de derecha en la región, tiene como centro las emociones y como escenario fundamental los medios de comunicación y redes sociales. Todo es válido en la lucha contra el progresismo y otras fuerzas políticas y populares. De acuerdo con la narrativa de los gobiernos de derecha, una victoria electoral de la izquierda es sin dudas un fraude monumental, un mandato extendido y autoritario de la derecha es cuando menos necesario para mantener la democracia y por supuesto un mandato prolongado de la izquierda es una “dictadura corrupta”».^v

El discurso de los líderes populistas de derecha, en el caso de Bolivia, tiene un profundo sentido racista y de fanatismo religioso, camuflado tras una supuesta lucha contra la corrupción. El golpe de estado al presidente Morales en el año 2019, no fue una acción democrática de las masas enardecidas ante la supuesta corrupción del gobierno del MAS, fue un linchamiento por parte de la derecha contra los indígenas, campesinos y originarios, que se atrevieron a incorporarse a la vida política, económica y social del país a la par de la ya establecida clase media. De esta forma, todo lo relacionado con el MAS, era identificado con la corrupción, el fraude y debía ser eliminado.

Si analizamos el tema desde el punto de vista simbólico, debemos detenernos en la entrada de los golpistas al Palacio Presidencial con la Biblia, el rosario y la bandera tricolor boliviana, cumpliendo la promesa hecha ante el cabildo de Santa Cruz de hacer que Dios regresara al Palacio. A propósito de este hecho, uno de los líderes golpistas Luis Fernando Camacho, el 10 de noviembre de 2019, publicó en sus redes sociales: “¡Dios volvió al palacio y 15 min después empezaron las renuncias de todos los delincuentes de este país! ¡A quienes no creyeron… les digo que Dios existe y ahora va a gobernar Bolivia para todos los bolivianos! Mañana iniciamos procesos a los senadores, diputados, ministros, viceministros y todos los que humillaron a nuestro pueblo… no es odio ni venganza, ¡es justicia! ¡Dios bendiga Bolivia! ¡Dios bendiga nuestra juventud!”.

En una primera lectura de esta declaración de Camacho, se pueden identificar dos elementos preocupantes, que corroboran el efecto negativo de la incitación a la violencia de algunos líderes políticos, señalado por los expertos del GIEI. En primer lugar, la utilización de la religión como bandera, señalando como infieles y herejes a los indígenas y sus creencias tradicionales.

En segundo lugar, la manera en que involucra y convoca a la juventud, específicamente a aquellos que protagonizaron acciones “en defensa de la democracia y la libertad”, antes del golpe de estado de noviembre de 2019, que devinieron en actos violentos y racistas que causaron daños físicos y morales a todos aquellos que identificaban con el Movimiento al Socialismo.

No es posible destacar estos hechos sin mencionar dos organizaciones cuyo accionar antes del golpe y durante el gobierno de facto de Jeanine Añez denota un marcado carácter racista, nos referimos a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

El primero de estos grupos, la Unión Juvenil Cruceñista, creada en 1957, es considerada el brazo armado del Comité Cívico de Santa Cruz. Este grupo se autodefine como cívico y autonomista, pero la Federación Internacional de Derechos Humanos lo ha descrito como “grupo paramilitar fascista”.

Los unionistas abiertamente expresan su admiración por grupos como los Ustachas de Croacia y las SS de la Alemania nazi e incluso adoptan frecuentemente en sus reuniones el saludo fascista con el brazo extendido. Sus miembros, menores de treinta años tienen una tendencia violenta y racista, muchos de ellos han sido procesados judicialmente por estos delitos.

La UJC, que casualmente tuvo como vice presidente a Luis Fernando Camacho, el golpista, se destaca por su profundo odio hacia los “indios”, mujeres que visten polleras y cualquier otra persona que no comulgue con sus intereses políticos. Por ese motivo desde la llegada al gobierno de Evo Morales, se declararon abiertamente opositores y protagonizaron acciones violentas y desestabilizadoras, con fines separatistas.

Días antes de las elecciones de 2019, durante el cierre de campaña del Movimiento al Socialismo, en Santa Cruz, miembros de la UJC, agredieron verbal y físicamente a varios de los asistentes. Era el preludio de una ola de violencia en la que los unionistas usurparon funciones de la policía, patrullando la ciudad y violando varios derechos humanos elementales. Sobre este tema el presidente Luis Arce Catacora, refiriéndose a lo señalado por el GIEI, comentó:

“El informe refiere de manera directa la conducta asumida por el Comité Cívico pro Santa Cruz, en el establecimiento de prácticas no amparadas en el derecho a protesta, al extremo de suspender derechos, creando situaciones de excepción, que dependen únicamente de decisiones estatales. Una organización privada no puede limitar y controlar la libre circulación de personas y mucho menos emitir permisos de circulación, arrogándose funciones que no le competen”^vi

Todas estas acciones de la Unión Juvenil Cruceñista, contra los militantes y simpatizantes del MAS, contaron con el apoyo de los cívicos de Santa Cruz e inspiraron la aparición de un grupo irregular en Cochabamba; la autodenominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC), quienes se autodefinen como una fuerza pacífica, una plataforma ciudadana sin lideres formada para combatir la tiranía y luchar por la democracia en Bolivia.

Pese a que algunos lo catalogan como un grupo espontáneo los hechos demuestran que se trata de una construcción fascista y paramilitar, que se distingue por su profundo odio hacia Evo Morales y su rechazo por los campesinos, indígenas y mujeres de pollera.

Los miembros de la RJC operaban encapuchados, montados en sus motocicletas y portando armas caseras. De esta forma atacaban en grupo a personas vulnerables y aisladas, así consta en un video que circuló en las redes sociales, donde integrantes de la Resistencia golpearon a dos mujeres de pollera.

Agredieron además a la alcaldesa de Vinto en Cochabamba, Patricia Arce, la obligaron a caminar descalza, le arrojaron pintura, la ofendieron, humillaron, maltrataron y le cortaron el cabello, solo por ser miembro del MAS, por ser mujer, por ser indígena.

Una vez instalado el gobierno de facto se comprobó que la Resistencia Juvenil Cochala contaba con el apoyo explícito del gobierno. El ministro Arturo Murillo dijo que la RJC fue «muy útil» durante los días del conflicto. «Los cochabambinos estamos muy agradecidos por toda su labor que realizaron anteriormente. Si quieren ser un grupo de seguridad, pueden presentar sus papeles al ministerio de Gobierno, todo tiene que ser documentado. Necesitamos orden», señaló Murillo en conferencia de prensa.^vii

La impunidad acompañó a estos grupos irregulares durante el gobierno de facto de Jeanine Añez. La Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala continuaron alentando la violencia, la discriminación y la polarización del país.

Esa realidad cambió con el triunfo del MAS en las elecciones generales del 2020, cuando el 55,1% de los bolivianos decidió en las urnas, recuperar la democracia. Sin embargo, aún existen tensiones, que obstaculizan el camino a la unidad del país. La más reciente manifestación de racismo y discriminación tuvo lugar el 24 de septiembre durante los actos conmemorativos por el 211 Aniversario del grito libertario de Santa Cruz.

La celebración transcurrió en un ambiente de tensión, promovida principalmente por el vergonzoso y ofensivo comportamiento de autoridades locales. Es el caso de Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, quien, como una clara señal de desprecio, dio la espalda a los asambleístas departamentales del Movimiento al Socialismo y como si no fuera suficiente la afrenta, desinfectó con un atomizador de alcohol su entorno, así como las manos de algunos que saludaron a las autoridades del partido de gobierno.

El golpista Luis Fernando Camacho, ahora gobernador de ese departamento, inició su discurso sin saludar al vicepresidente David Choquehuanca, quien se encontraba allí como presidente en ejercicio del Estado Plurinacional. Durante su intervención, utilizó frases provocativas y despectivas contra el Movimiento al Socialismo y sus seguidores. Aprovechó el espacio para acusar a las autoridades del gobierno central de intentar desestabilizar Santa Cruz e impidió el uso de la palabra al presidente en ejercicio al concluir:” Esta es fiesta cruceña y quienes vienen a agredir a Santa Cruz no lo van a hacer. Con mi discurso, el acto se da por cerrado”^viii

Nuevamente el racismo, la sombra que recorre Bolivia se hizo presente. No fueron solamente las autoridades masistas y algunos líderes de movimientos sociales las víctimas de discriminación y en algunos casos agresiones verbales y físicas. Al final del acto en medio de insultos la Whipala fue retirada, desconociendo y discriminando uno de los símbolos nacionales que representa a los indígenas y originarios.

Estos actos racistas y discriminatorios causan descontento, enfrentamientos y división. Son la expresión del pensamiento de la derecha radical, que continúa saboteando al gobierno del MAS.

• Conclusiones

El auge del racismo en Bolivia, como preludio del golpe de estado del 2019, coincide con la presencia del populismo de derecha en el continente americano. Los discursos de los líderes golpistas bolivianos utilizaron la religión como bandera, para esconder sus profundos sentimientos de odio y de racismo.

El papel de líderes políticos de derecha como Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho promovieron la violencia y la actuación de grupos con tendencias fascistas como la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista que incurrieron en graves violaciones de los derechos humanos, documentadas en el Informe del GIEI. Sus ataques a los indígenas, campesinos y originarios demuestran que aún está latente el racismo en la sociedad boliviana.

Actualmente varios de sus miembros están siendo procesados por la justicia en el marco de las investigaciones del Caso Golpe de Estado. Por su parte, el presidente Luis Arce Catacora, ha anunciado que se trabajará en la desarticulación de estos grupos irregulares. Sin embargo, estas acciones no serán suficientes para eliminar esta sombra que recorre Bolivia. Será necesario continuar la labor iniciada por el gobierno de Evo Morales e insistir en el ámbito educativo y familiar en el fomento del respeto y la igualdad.

Teniendo en cuenta que el racismo fue una de las verdaderas causas del golpe de estado del 2019, cabe decir que urge su eliminación, para garantizar la estabilidad del nuevo gobierno del MAS que a diario debe sortear los intentos golpistas y separatistas de la derecha.