El poder de la Iglesia Católica en España, sustentado en un patrimonio inmenso, una financiación privilegiada y una influencia social arraigada, plantea interrogantes sobre el secularismo y la equidad.
Por Ricardo Guerrero | 7/03/2025
La Iglesia Católica en España ha mantenido durante siglos un poder e influencia que trascienden lo espiritual, consolidándose como una institución con un vasto patrimonio, una financiación privilegiada y un papel destacado en la sociedad, a menudo a costa de un secularismo incompleto. A pesar de los avances hacia un Estado laico, su arraigo histórico, reforzado durante el franquismo, y su presencia en ámbitos como la caridad y la educación, evidencian que sigue siendo un actor clave en el panorama español. Este artículo examina su poder económico y social, así como las críticas sobre su falta de transparencia y su relación con el Estado.
Patrimonio: Un imperio inmobiliario
La Iglesia Católica es una de las mayores propietarias inmobiliarias de España, con un patrimonio que abarca más de 100.000 propiedades, según estimaciones de organizaciones como la Coordinadora Recuperando. Este vasto conjunto incluye iglesias, conventos, terrenos agrícolas y viviendas, muchas de las cuales fueron adquiridas o consolidadas a lo largo de la historia mediante donaciones, privilegios reales y, en tiempos más recientes, procesos controvertidos como las inmatriculaciones. Durante el franquismo (1939-1975), la Iglesia recibió un trato de favor excepcional: el régimen le permitió registrar a su nombre miles de bienes sin necesidad de justificar su propiedad, amparándose en la Ley Hipotecaria de 1946. Este mecanismo, que se prolongó hasta 2015, le otorgó la titularidad de inmuebles como la Mezquita de Córdoba, desatando críticas por lo que muchos consideran un «robo legalizado».
Además, la Iglesia disfruta de exenciones fiscales, como la del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que le ahorra millones de euros anuales. Europa Laica calcula que estas exenciones, junto con otros beneficios tributarios, ascienden a unos 2.000 millones de euros al año, un privilegio que contrasta con las obligaciones fiscales de los ciudadanos y empresas.
Financiación: Casilla de la Renta y subvenciones estatales
La Iglesia recibe una financiación significativa a través de la casilla del 0,7% en la declaración de la renta, un mecanismo derivado de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979. En 2023, esta vía aportó 360,4 millones de euros, según datos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), provenientes de los contribuyentes que marcan voluntariamente esta opción. Aunque los obispos defienden que este dinero no es una subvención estatal directa, sino una decisión de los ciudadanos, críticos como Europa Laica argumentan que detrae recursos del erario público, beneficiando a una institución privada en un contexto de diversidad religiosa y creciente secularización.
A esta cantidad se suman subvenciones directas e indirectas del Estado. Según estimaciones de Europa Laica, la Iglesia recibe más de 11.000 millones de euros anuales entre asignaciones tributarias, exenciones fiscales, mantenimiento de patrimonio y financiación de actividades como la educación concertada y los capellanes en hospitales y prisiones. Por ejemplo, los centros educativos católicos, que representan el 60-70% de la enseñanza concertada, reciben unos 2.500 millones de euros anuales, mientras que los salarios de los profesores de religión católica cuestan al Estado más de 500 millones. Estas cifras reflejan una dependencia estructural del Estado, pese al compromiso de autofinanciación que la Iglesia asumió en 1979 y que, 45 años después, no ha cumplido.
¿Secularismo?
España se define constitucionalmente como un Estado aconfesional desde 1978, pero la realidad dista de ser plenamente secular. Solo el 18,5% de la población se considera católica practicante, según datos recientes, y la secularización avanza entre las nuevas generaciones. Sin embargo, los Acuerdos con la Santa Sede, firmados en 1979, perpetúan una relación privilegiada que choca con el principio de neutralidad religiosa. La presencia de símbolos católicos en actos oficiales, la enseñanza de la religión en escuelas públicas y la financiación estatal de la Iglesia son ejemplos de esta falta de separación efectiva entre Iglesia y Estado.
La influencia de la Iglesia se extiende a la política y la sociedad. Durante el franquismo, se erigió como pilar ideológico del régimen, bendiciendo la «Cruzada» y recibiendo a cambio recursos y poder. Aunque su peso político ha disminuido, sigue ejerciendo presión en temas como la educación o el aborto, a menudo alineándose con sectores conservadores. Su control sobre la educación concertada, que atiende a más de 2,4 millones de alumnos, le permite moldear valores y mantener una presencia cultural significativa.
El negocio de la caridad y la pobreza
Uno de los argumentos recurrentes de la Iglesia es que su labor social «ahorra» al Estado miles de millones de euros. Gestiona más de 9.000 centros sociales, atendiendo a cerca de 4 millones de personas anuales, según la CEE. Sin embargo, esta actividad no está exenta de críticas. Organizaciones como Europa Laica denuncian que la Iglesia ha convertido la caridad en un negocio, utilizando su red de ONG, como Cáritas, para justificar su financiación pública y encubrir su influencia. De los 360 millones recaudados por la casilla del IRPF en 2023, solo el 25% se destinó a fines asistenciales, mientras que el resto se empleó en gastos internos, sueldos y mantenimiento de estructuras.
El Estado ha delegado históricamente la atención a la pobreza en la Iglesia, una tarea que durante el franquismo se reforzó como parte de su alianza con el régimen. Hoy, esta delegación perpetúa un modelo de «industria de la caridad» que, según críticos, sustituye la justicia social laica por una beneficencia confesional. Las subvenciones a entidades católicas, como los 900 millones anuales para actividades hospitalarias, refuerzan esta dinámica, mientras la falta de transparencia sobre el uso de estos fondos alimenta las sospechas de proselitismo y lucro.
Un poder que persiste
El poder de la Iglesia Católica en España, sustentado en un patrimonio inmenso, una financiación privilegiada y una influencia social arraigada, plantea interrogantes sobre el secularismo y la equidad. Su historia de favoritismo bajo el franquismo y su actual dependencia del Estado contrastan con las demandas de una sociedad que reclama mayor separación y justicia fiscal. Mientras la Iglesia defiende su labor como un bien público, las voces críticas la acusan de perpetuar un modelo opaco y privilegiado, donde la caridad y la pobreza se convierten en herramientas de poder más que en soluciones estructurales. En un contexto de creciente secularización, el debate sobre su rol sigue más vivo que nunca.
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