La biopolítica convirtió la natalidad, la familia y la sexualidad en materias de Estado.
Por Lucio Martínez Pereda | 8/07/2026
Para los fascismos europeos del siglo XX la mujer fue vista como la matriz física de la nación y soporte de su continuidad. El útero femenino se convirtió en territorio político, espacio de intervención estatal donde se decidía el futuro de la comunidad nacional. La biopolítica fascista operó como una tecnología de poder para regular la vida desde su origen mismo. No se trataba únicamente de aumentar la natalidad. La mujer se la pensó no solo como madre en sentido biológico, sino como pieza de una ingeniería social que pretendía asegurar la continuidad no solo de la nación, sino de la raza o la comunidad moral imaginada. La biopolítica convirtió la natalidad, la familia y la sexualidad en materias de Estado.
La comparación entre el fascismo italiano, el nazismo y el franquismo permite ver con claridad que la obsesión demográfica no fue un rasgo accidental, sino un núcleo doctrinal de los fascismos. La maternidad dejaba de ser una experiencia privada para convertirse en un deber cívico. En la Italia de Mussolini -la “batalla por los nacimientos”- la mujer fue presentada como “soldado reproductivo”. Se quiso revertir la caída de la fecundidad mediante premios a la maternidad, penalizaciones al celibato y una exaltación de la familia numerosa. En el Tercer Reich, la reproducción fue inscrita en una lógica racial: no bastaba con nacer, había que nacer “bien”, es decir, dentro del cuerpo biológico considerado apto para la comunidad nacional. El nacional-socialismo alemán fue más lejos que el fascismo italiano y elevó la función reproductora femenina a un mandato racial: cada nacimiento debía contribuir a la perpetuación de la Volksgemeinschaft. En la España franquista, la política familiar combinó nacionalismo, catolicismo de Estado y retórica falangista para construir una moral reproductiva que subordinaba a la mujer al hogar y a la maternidad como deber patriótico. Lo decisivo, sin embargo, no es solo la semejanza entre regímenes fascistas , sino la estructura común de su imaginario. Todos ellos asociaron el declive demográfico con la decadencia política y moral. El miedo a la baja natalidad o al debilitamiento de la “familia” funcionó como argumento que legítimo las políticas de intervención sobre los cuerpos femeninos que quedaron integrados en una lógica estatal de producción demográfica.
Tras la primera victoria electoral de Trump en el 2016 la reactivación demográfica de la natalidad ha recuperado un lugar central para la ultraderecha. La mujer es re- convertida en reproductora biológica. Estas nuevas políticas de fomento natalista utilizan nuevos repertorios : incentivos económicos, prebendas fiscales, discursos sobre «la familia» e incluso campañas emocionales que presentarán -todo llegará- la maternidad como servicio público. El peligro contemporáneo radica en que la nueva biopolítica se vuelve más sutil: no solo persuade, sino que estructura incentivos con objetivos natalizantes pero camuflados bajo el soporte bajo de políticas de la “familia”. Por eso se debe explicar el origen fascista en esta nueva instrumentalización de la maternidad: es necesario un aviso historiográfico que explique las continuidades entre los fascismos históricos y las nuevas formas de la biopolítica ultraderechista.
La vieja matriz de la biopolítica natalista fascista reaparece hoy camuflada en una reasignación institucional de recursos y competencias, diseñada a la vez para erosionar el feminismo y desplazar al movimiento LGTBI hacia los márgenes. Tras las elecciones municipales y autonómicas de 2023, numerosos ayuntamientos y comunidades gobernadas por el PP – en muchos casos en pacto con Vox- han eliminado las áreas de Igualdad por departamentos denominados “Familia”, “Familias y Asuntos Sociales” o “Familia y Bienestar”. Baleares, La Rioja, Aragón y Extremadura han reorganizado sus gobiernos suprimiendo la consejería específica de Igualdad y trasladando competencias a direcciones generales o a otras consejerías (Familia, Salud o Presidencia). En varios ayuntamientos pactados por PP y Vox se sustituyeron concejalías de Igualdad por áreas de Familia, y en algunos municipios se han eliminado recursos como “puntos violeta” o subvenciones ligadas a agendas feministas.
La sustitución terminológica de “Igualdad” a “Familia” altera el marco de interpretación: mientras “Igualdad” prioriza la perspectiva de derechos, prevención de violencia y políticas contra la discriminación, “Familia” centra las intervenciones en protección, conciliación y apoyo a la reproducción social, con cambios en prioridades y criterios de asignación de recursos. Esto tiene como objetivo provocar un desplazamiento desde políticas de género proactivas hacia medidas asistenciales tradicionales. Al mismo tiempo reubicar las competencias provoca más dificultad para diseñar programas específicos de igualdad- planes contra la violencia de género, programas LGTBI o iniciativas- y complica la coordinación interadministrativa prevista por leyes estatales sobre igualdad y violencia machista. Este tipo de reordenación institucional es parte de una estrategia política que renombra La Familia tradicional como categoría central y recupera un repertorio conservador que prioriza la estabilidad y reproducción social destruyendo la agenda política de derechos individuales y colectivos ligada a la igualdad de género.
Se el primero en comentar