El uso de insultos machistas en las instituciones españolas no es solo un problema de formas o educación; es un mecanismo de control político.
Por Isabel Ginés | 1/12/2024
El episodio protagonizado recientemente por Pedro Fernández, diputado de Vox, al dirigirse a Martina Valverde, diputada de Unidas Podemos, con la frase “tómate la pastilla” es mucho más que un simple exabrupto o una falta de respeto personal. Es un reflejo preocupante del deterioro del debate parlamentario y, lo que es más grave, de la normalización del machismo en la política española. Esta expresión, impregnada de condescendencia y machismo, no es casual. Forma parte de una estrategia deliberada que busca deslegitimar la voz de las mujeres en el ámbito público mediante la humillación, el descrédito y la burla.
No es la primera vez que el machismo se infiltra en la política, pero lo que resulta alarmante es cómo, en los últimos años, el aumento es considerable. El lenguaje no es neutral. Cada palabra, cada expresión tiene un peso simbólico y político. Al decirle a una mujer “tómate la pastilla”, se la reduce a una figura histérica, irracional, incapaz de participar en el debate desde la razón. Este tipo de discursos buscan restablecer roles tradicionales que relegan a las mujeres al silencio y a la subordinación.
El uso de insultos machistas en las instituciones españolas no es solo un problema de formas o educación; es un mecanismo de control político. Pierre Bourdieu, en su teoría sobre la violencia simbólica, explica cómo las estructuras de poder utilizan el lenguaje para perpetuar las desigualdades sociales. Los comentarios machistas en la política son una forma de violencia simbólica que, aunque no se manifiesta físicamente, ejerce un poder devastador sobre las mujeres al deslegitimar su capacidad de acción y de palabra.
En este contexto, lo ocurrido con Martina Valverde es un ejemplo claro de cómo el machismo no solo afecta a las mujeres de manera individual, sino que es una herramienta colectiva para mantener la hegemonía patriarcal en las instituciones. Estos ataques buscan crear un entorno hostil para las mujeres, desalentándolas de participar en la vida pública y política. Este no es un simple “exceso” verbal, sino una manifestación de un problema estructural que atraviesa la política española y, más concretamente, las dinámicas promovidas por la extrema derecha.
Más preocupante aún es la actitud del Partido Popular, que, lejos de condenar estas actitudes, las legitima mediante su constante alianza con Vox en diferentes niveles de gobierno. Esta complicidad no es accidental, sino parte de una estrategia calculada para conservar el poder, incluso a costa de socavar principios democráticos básicos como el respeto y la igualdad.
El PP, con su silencio o su tibieza al condenar estos actos, se convierte en un facilitador del machismo en la política. Su afán por mantener “un sillón calentito” ha llevado a la normalización de pactos que blanquean a la extrema derecha y su discurso de odio. Al permitir que Vox entre en las instituciones sin exigirle respeto a las normas democráticas básicas, el PP envía un mensaje claro: el poder está por encima de los valores.
El problema es que lo que ocurre en las instituciones no se queda en las instituciones. Cuando se tolera el machismo en las instituciones, se envía un mensaje a la sociedad de que estos comportamientos son aceptables. Las mujeres, especialmente aquellas que participan en espacios públicos, estamos acostumbradas al acoso, a los insultos y al descrédito. Sin embargo, cuando este tipo de actitudes se legitiman desde la política, la situación se agrava.
La filósofa Judith Butler sostiene que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la crea. Permitir que el lenguaje machista domine el debate político implica dar permiso para que esa realidad se reproduzca en la sociedad. Las tribunas parlamentarias deberían ser espacios donde se defiendan los derechos y la igualdad, no donde se perpetúe la violencia simbólica. Si permitimos que el machismo se normalice en estos espacios, no abra puertas limites en ningún ámbito.
La respuesta a este problema no puede limitarse a la indignación momentánea. Es necesario que todos los partidos democráticos condenen de manera firme y sin ambigüedades este tipo de comportamientos. Además, es imprescindible que se adopten medidas concretas para sancionar el uso de lenguaje machista en las instituciones, protegiendo así el derecho de las mujeres a participar en la vida pública sin ser objeto de violencia simbólica.
Por último, es fundamental que la ciudadanía también asuma su responsabilidad. La tolerancia al machismo en la política es el primer paso hacia su normalización en todos los ámbitos. No podemos permitir que los avances logrados en décadas de lucha feminista se vean amenazados por discursos que apelan al odio, la burla y la descalificación.
Las instituciones debe ser un ejemplo de respeto, igualdad y democracia. Solo así podremos garantizar que lo que sucede en las instituciones no se traduzca en una sociedad más violenta y desigual. Es hora de exigir responsabilidad, tanto a quienes perpetran estos ataques como a quienes los permiten. No podemos permitir que el machismo se cuele por las grietas de nuestra democracia.
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