Lo curioso del caso es que el Foro Argentino para Defensa de la Democracia no muestre la misma sensibilidad para condenar a otros dirigentes y a los señores de la guerra y actuar para defender a poblaciones que están sufriendo genocidio.
Por Remedios Copa | 28/09/2024
No deja de sorprender que un país con un pasado como el de Argentina esté tan empeñado en la captura de Maduro y varios de sus ministros por crímenes de lesa humanidad; captura recientemente ordenada por el juzgado tras la decisión de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, a propósito de la causa abierta en 2023 por la denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia.
El mencionado Foro basa su denuncia en el principio de jurisdicción universal. Dicho principio permite a los países procesar causas contra los delitos graves que afecten a Derechos Humanos cometidos en cualquier parte del mundo. En este caso, la denuncia del Foro se basa en el “valiente testimonio de víctimas de persecuciones, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas y las torturas sufridas bajo la dictadura venezolana”, argumenta Farini Dugan.
Lo curioso del caso es que el Foro Argentino para Defensa de la Democracia no muestre la misma sensibilidad para condenar a otros dirigentes y a los señores de la guerra (que las fomentan en la sombra sin que nadie abra causa contra ellos) y actuar para defender a poblaciones que están sufriendo genocidios, apartheid, o población civil víctima de guerras cuyos ataques indiscriminados provocan miles de muertos, cientos de miles de heridos y continuos desplazamientos forzosos. Eso está ocurriendo a día de hoy en diferentes puntos del planeta y su alcance es cada vez más extenso, cruel y despiadado. Se mata y mutila a más población civil que bajas tienen los ejércitos en esas zonas de guerra.
Podemos hablar de Palestina, Líbano, Mali, Sudán…, mujeres secuestradas por el ejército y violadas o sometidas a matrimonio forzoso en países en guerra, o silenciadas y sin derechos como es el caso en Afganistán. Son situaciones que, cada una de ellas, para abordarlas en profundidad sobrepasa el limitado espacio de un artículo. Pero aún así, no debemos olvidar que son el día a día de atroz sufrimiento para muchos seres humanos.
Con esta reflexión no quiero restar valor a la defensa de los derechos de las personas venezolanas que hizo Argentina; no es esa mi intención. Si acaso, invitar a mirar más allá del caso concreto y a que nos comprometamos todos para frenar la escalada de la barbarie actual que nos está sumergiendo en un baño de sangre despiadado para un número cada vez mayor de población civil inocente.
¿Cómo es posible que se utilice el hambre y la sed como arma de guerra? ¿Cómo pueden ser objetivos de ataque en una guerra los hospitales, servicios sanitarios, escuelas y campamentos de refugiados? Todo esto, que está sucediendo ahora, se acompaña de la destrucción de las infraestructuras esenciales para la población en zonas atacadas por Israel, por poner un ejemplo bien documentado y de plena actualidad.
Se ha perdido la capacidad de empatía, los valores que deben regir el comportamiento humano, la ética y por supuesto el respeto a los DD HH, al Derecho en general y a las normas del Derecho Internacional. Lo descrito lo demuestra. Y la gran pregunta es: ¿cómo es posible que no se detenga a dirigentes que impliquen a sus países en una guerra sobre la que, saltándose la Constitución del país, ni se le ha consultado ni declarado oficialmente en guerra?
Otro aspecto que se habrá de afrontar y que debería ser perseguido y condenado es la promoción del derrocamiento del gobierno de otro país. La única democracia posible es la que surja de la ciudadanía de cada país y por lo que estamos comprobando, las interferencias externas, (que sí estarían justificadas para detener un genocidio o situaciones de envergadura como una guerra nuclear por ejemplo), no terminan con los desacuerdos internos del país pero acaban desembocando en una guerra civil.
En ese sentido y volviendo al caso de Venezuela, María Corina Machado elude hablar del golpe de estado, pero la operación a cuyo frente está el contratista militar norteamericano Erik Prince, un personaje con amplio recorrido en guerras al servicio de EE UU, en espionaje político y masacres a manos de su ejército privado como la de 2007 en Bagdad, difunde actualmente a diario el estado de la recaudación para que quien quiera colaborar económicamente para derrocar al Presidente Maduro pueda hacerlo a través de la página “Ya Casi Venezuela”, donando para el “plan de extracción del Gobierno”. A juzgar por algunas informaciones que han transcendido el mencionado plan se refiere al secuestro de “una persona” para ser sacada del país, bombardear el Palacio de Miraflores, u otras formas que pueda tomar el golpe de Estado en preparación al que se destinará la colecta de 10.000.000 de $ que se está promoviendo y, para la que ya se había recaudado más de 1.000.000 de $ en cinco días.
Junto a Erik Prince, está el ex-comisario venezolano Iván Simonovis colaborando en el plan abierto para derrocar a la cúpula del gobierno venezolano. El gobierno de EE UU, lo mismo que María Corina Machado, guarda silencio al respecto, pero de su implicación no caben dudas porque una empresa militar estadounidense, (como es la de Prince), requiere de autorización del Departamento de Estado para actuar en el extranjero.
Otro dato que implica al gobierno estadounidense es la petición de dos senadores, Marco Rubio y Rick Scott, para que se aumente la recompensa oficial por Maduro de los 15.000.000 de $ actuales a 100.000.000.
Cuando salen estos datos a la luz, corroboran la denuncia pública del gobierno venezolano sobre la existencia de planes golpistas promovidos desde el exterior.
La situación política que crean estas interferencias genera una tensión que en nada beneficia al país y que, tras las múltiples alternativas fallidas como el reconocimiento externo a un candidato autoproclamado e incluso denostado por sus simpatizante por corrupción y malversación, como fue Juan Guaidó, (que por cierto también llamó a la movilización del país y exigía la intervención de las fuerzas armadas), solo consiguen generar división y odio en el pueblo venezolano, pero ni contribuyen a la democracia ni a mejorar la vida en el país. Lo mismo se puede observar en otros países a los que EE UU “echó una mano” para democratizar; no hay más que ver cómo han quedado después.
Para terminar, hoy sintetizaría dos reflexiones:
Venezuela, como cualquier país del mundo, merece ser libre y decidir su futuro democráticamente. Es deseable DIPLOMACIA, diálogo y transparencia para frenar la confrontación fratricida; evitar el odio y el enfrentamiento que envenenará la convivencia para el futuro.
La mayor urgencia en este momento es parar la masacre de civiles en países ocupados y en guerra; en estos días Palestina y Líbano son un exponente flagrante. La escalada bélica y la amenaza de guerra nuclear son la espada de Damocles sobre nuestras cabezas.
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