Los comunistas polacos vuelven a estar en el punto de mira del gobierno, quien quiere disolverlo.
Por Javier Guijarro | 2/12/2025
El gobierno polaco ha iniciado un procedimiento para declarar inconstitucional y prohibir el Partido Comunista de Polonia (KPP).
Por cuarta vez en menos de quince años, el Ministerio Público de Polonia ha solicitado al Tribunal Constitucional la disolución del Partido Comunista de Polonia (Komunistyczna Partia Polski, KPP), argumentando que sus estatutos y su ideología “promueven un sistema totalitario” y, por tanto, violan la Constitución de 1997 (artículo 13), que prohíbe los partidos que en su programa hagan referencia al “totalitarismo nazi o comunista”.
Se trata del mismo guión usado en 2012, 2016 y 2020: el fiscal presenta la demanda, el Tribunal (controlado desde 2015 por jueces afines al PiS y, ahora, por el gobierno de coalición de Donald Tusk–PSL–Lewica) admite el caso a trámite y, previsiblemente, acabará ilegalizando el partido. La única diferencia es que esta vez el impulso no viene del ultraconservador Ley y Justicia (PiS), sino de un gobierno que se presenta como “proeuropeo” y “defensor de la democracia liberal”.
Un partido pequeño, pero incómodo
El KPP es una organización con apenas unos cientos de militantes, sin representación parlamentaria ni municipal, y con resultados electorales que rara vez superan el 0,1 %. Sin embargo, mantiene una actividad constante en la calle (manifestaciones del 1 de mayo, actos contra la OTAN, defensa de los derechos laborales) y publica el periódico quincenal Brzask, que sigue editándose a pesar de las multas y los procesos penales contra sus redactores.
Precisamente esa voz crítica parece incomodar al establishment polaco. El KPP es el único partido que denuncia abiertamente:
la presencia de tropas estadounidenses y bases de la OTAN en territorio polaco,
la rusofobia institucional que sirve de excusa para recortar derechos democráticos,
la privatización masiva de los últimos 35 años y el deterioro de los servicios públicos,
la persecución judicial contra activistas de izquierda (ya en 2018 cuatro miembros del KPP fueron condenados a trabajos comunitarios y multas por “promoción del totalitarismo” solo por publicar artículos críticos con el capitalismo).
La hipocresía del ‘antitotalitarismo selectivo’
El artículo 13 de la Constitución polaca prohíbe tanto el nazismo como el comunismo. Sin embargo, en la práctica solo se aplica contra los comunistas. En Polonia existen partidos y asociaciones abiertamente fascistas o filonazis (como el Campo Nacional-Radical o la ONR) que desfilan cada 11 de noviembre en la Marcha de la Independencia con banderas célticas y consignas racistas, y nunca han sido ilegalizados. El propio PiS mantuvo durante años una alianza táctica con esos grupos.
La prohibición no es solo contra el KPP
Ilegalizar el KPP sienta un precedente peligrosísimo. Si mañana un partido defiende la nacionalización de la banca, la salida de la OTAN o la ruptura con las políticas de austeridad de la UE, podrá ser acusado de “promover un sistema totalitario” y disuelto sin más trámite. Es la misma lógica que ya se aplicó en Ucrania (donde se prohibieron doce partidos de izquierda en 2022), o en los países bálticos.
Persecución ideológica
En Polonia se está tratando de normalizar que un Estado pueda prohibir partidos solo por lo que piensan o por los símbolos históricos que defienden.
Quien hoy aplaude la prohibición de los comunistas, mañana puede encontrarse con una caza de brujas generalizada contra aquellos sectores críticos con el poder.
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