Con esta nueva importación de material militar israelí, el Gobierno PSOE-Sumar, que se jacta de progresista, está priorizando beneficios corporativos sobre la vida humana.
Por Víctor Siles | 29/12/2025
En un giro que revela la fragilidad de las promesas políticas y la priorización de intereses económicos sobre principios éticos, el Gobierno de España ha autorizado la transferencia de material militar y de doble uso procedente de Israel, apenas tres meses después de imponer un embargo total sobre el comercio de armas con ese país. Esta decisión, tomada en el último Consejo de Ministros del año 2025, demuestra una vez más que las palabras del Ejecutivo de Pedro Sánchez no valen nada cuando se enfrentan a presiones corporativas, perpetuando el apoyo a un régimen genocida.
Recordemos los hechos. En septiembre, bajo una intensa presión popular y en respuesta a la masacre sionista en Gaza, el Gobierno español aprobó un decreto que prohibía tanto las exportaciones como las importaciones de equipo de defensa, productos y tecnologías a Israel. Esta medida fue presentada como un paso firme hacia la solidaridad con Palestina y un rechazo al genocidio en Gaza, según palabras del propio primer ministro Sánchez.
La presión ciudadana fue clave: manifestaciones masivas, campañas de boicot y denuncias de organizaciones pro-palestinas como la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) obligaron al Gobierno a actuar. Sin embargo, el decreto incluía cláusulas de excepción por «interés nacional», que ahora se han convertido en la puerta trasera para burlar el veto. ¿Qué tipo de embargo es este que se puede ignorar cuando conviene?
El pasado 23 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó la excepción al embargo, permitiendo la importación de componentes tecnológicos israelíes para cuatro proyectos de Airbus: el A400M, el A330 MRTT, el C295 y el Sirtap. La justificación oficial es puramente económica: no hay alternativas inmediatas para estos componentes, y su ausencia pondría en riesgo la viabilidad de líneas de producción, miles de empleos en España y el interés estratégico del Estado, que posee un 4% de acciones en Airbus. Airbus, una multinacional con sede en Europa, habría advertido al Gobierno de que miles de puestos de trabajo estaban en peligro si no se autorizaba la transferencia.
¿Cómo puede el «interés nacional» justificar el comercio con un régimen que, según informes de la ONU, ha causado más de 40.000 muertes en Gaza, muchas de ellas niños y mujeres? El Gobierno PSOE-Sumar, que se jacta de progresista, está priorizando beneficios corporativos sobre la vida humana.
La reacción no se ha hecho esperar. Organizaciones pro-palestinas han condenado la decisión como una «complicidad» que crea lagunas en el embargo, priorizando intereses comerciales sobre las vidas palestinas. Los hechos evidencian la hipocresía del gobierno: mientras Sánchez condena verbalmente la ocupación, su Gobierno mantiene lazos económicos con el régimen de Netanyahu, que continúa expandiendo asentamientos ilegales y bombardeando Gaza.
Esta no es la primera vez que España incumple sus compromisos. En octubre de 2023, aprobó la compra de sistemas de lanzacohetes israelíes, solo para cancelarlos más tarde bajo presión. Ahora, con esta excepción, se confirma el patrón: promesas vacías para calmar a la opinión pública, seguidas de acciones que benefician a la industria armamentística.
El Gobierno español ha demostrado, una vez más, que no cumple con su palabra y que sigue comerciando con el régimen genocida de Israel. Esta decisión no solo erosiona la credibilidad de España en el escenario internacional, sino que contribuye a perpetuar la injusticia en Palestina. Es imperativo que el Congreso actúe, cerrando estas lagunas y aplicando un embargo genuino sin excepciones. La presión popular debe intensificarse: boicots, manifestaciones y campañas para que España lleve a cabo una verdadera ruptura con el apartheid israelí. Solo así podremos hablar de un Gobierno que prioriza la paz y los derechos humanos sobre el lucro.
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