El mensaje que envía el Gobierno es claro: la abolición de la prostitución es un eslogan electoral, no una política de Estado.
Por Claudia Navarro | 8/05/2026
El pasado 5 de mayo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, lo dejó meridianamente claro en una comparecencia: la ley integral para abolir la prostitución no figura en el Plan Anual Normativo de 2026. No está. No entra. Se queda fuera. Mientras el Ejecutivo presume de feminismo y de compromiso abolicionista, la principal demanda histórica del movimiento feminista español —una ley que desmantelara de raíz el proxenetismo, la tercería locativa y la demanda de los prostituidores— vuelve a ser aparcada en el cajón de las buenas intenciones.
El PSOE lleva años vendiendo su compromiso abolicionista como seña de identidad ideológica. Lo incluyó en su Congreso Federal, lo repitió Pedro Sánchez en mítines y lo convirtió en bandera tras los escándalos internos que salpicaron al partido. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, lo anunció con bombo y platillo en junio de 2025: anteproyecto listo para septiembre. Luego vino el verano, los incendios, la ley de violencia vicaria, la reforma constitucional… y el anteproyecto se quedó en el limbo. En octubre de 2025 ya acumulaba meses de retraso. En enero de 2026 se reactivó la agenda, pero solo de palabra. Y ahora, en mayo de 2026, el Gobierno oficializa lo que ya se intuía: la ley abolicionista no es prioridad del Ejecutivo. Es “una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista”, dice Bolaños, como si el PSOE no formara parte del Gobierno que él mismo integra.
Es la enésima excusa. Porque la ley no está en el pacto de Gobierno con Sumar, tampoco en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y, sobre todo, no hay voluntad real de negociar con los socios parlamentarios que ya tumbaron iniciativas anteriores. En mayo de 2024, la proposición de ley del PSOE para endurecer el proxenetismo y sancionar a los puteros se estrelló con 184 votos en contra. Sumar, PP, ERC, Junts y el resto de socios del Gobierno votaron en contra o se abstuvieron. Dos años después, la situación no ha cambiado: el Ejecutivo prefiere priorizar la Ley de Trata —que sí está en el Plan Normativo— y dejar la abolición del sistema prostitucional como una cuestión “del partido”, no del Gobierno.
Mientras tanto, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP) lleva años ofreciendo un texto maduro y completo: la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP). Propone protección real para las mujeres en situación de prostitución, salida del sistema con derechos y recursos, desmantelamiento de la industria del sexo y desactivación de la demanda. No es un brindis al sol. Es una propuesta seria, detallada y lista para ser tramitada. El Gobierno la ignora.
El contraste es insultante. El mismo Ejecutivo que se autoproclama abolicionista y feminista encuentra tiempo y recursos para otras leyes, pero no para la que, según su propio discurso, debería ser prioritaria para acabar con una de las formas más brutales de violencia contra las mujeres. La prostitución no es “trabajo sexual”. Es explotación sistemática, mayoritariamente de mujeres migrantes, sostenida por proxenetas y clientes. Abolirla no es una opción ideológica; es una obligación democrática y de derechos humanos.
El mensaje que envía el Gobierno es claro: la abolición de la prostitución es un eslogan electoral, no una política de Estado. Se saca a pasear cuando conviene (tras escándalos como los audios de Ábalos y Koldo) y se guarda cuando toca legislar de verdad. Mientras tanto, miles de mujeres siguen atrapadas en un sistema que el Ejecutivo prefiere no mirar de frente.
España merece un Gobierno que deje de poner excusas y cumpla de una vez con su palabra. La ley integral contra el sistema prostitucional no puede esperar más. O el PSOE deja de presumir de abolicionista… o lo demuestra. De momento, solo mira para otro lado.
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