El Gobierno de facto de Bolivia está militarizando las calles para evitar protestas

El Gobierno resultante del golpe de Estado blinda las calles para evitar acciones y protestas cuando se acerca el día del Estado Plurinacional, el 22 de enero.

Un estado militarizado. El Gobierno de facto de Bolivia decidió este jueves sacar el Ejército a las calles. Las razones esgrimidas son, cuanto menos, vagas, ya que supuestamente quiere prevenir alteraciones del orden público y brindar «tranquilidad» a la población.

El ministro de Defensa de facto, Luis Fernando López, explicó que esta medida se asumirá a nivel nacional hasta el próximo 24 de enero. «Este acto simboliza el verdadero compromiso que tiene la Policía nacional y las Fuerzas Armadas con los bolivianos y bolivianas. Simplemente esto es para darles, repito, tranquilidad. Estamos en las calles, estamos cuidándolos», dijo López al presentar el operativo.

López pidió también a los bolivianos que no caigan «en la histeria colectiva», al tiempo que denunció una supuesta «guerra psicológica y mediática» contra una medida que, según él, solo pretende reguardar a la ciudadanía ante «permanentes amenazas».

Por su parte, el comandante de la Séptima División en la capital del valle, Hugo Arandia, aseguró que los soldados desplegados no cuentan con armamento de guerra ni municiones. «Todos son equipos antimotines, por si surge una alteración del orden», agregó. Arandia, tras ser consultado sobre las causas de la militarización de las calles, explicó que son lineamientos que «vienen del nivel superior». «Ellos evalúan la situación del país y nos dan las instrucciones», dijo.

Llama la atención que este Estado militarizado se crea cuando se acerca el 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, y momento que representa también la consolidación del movimiento político instaurado por el presidente depuesto, Evo Morales.

A la vez, este miércoles el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aprobó un proyecto de ley de ampliación del término de Áñez, que también aplica a los diputados y senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), así como a alcaldes, concejales y gobernadores de facto.

Javier F. Ferrero


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